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123/9712 de marzo de 1997

 

Visto: lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley 15.900 del 21 de octubre de 1987 y sus Decretos Reglamentarios 238/989 del 17 de mayo de 1989 y 265/993 del 9 de junio de 1993.

Resultando:

I) Que la referida normal legal, establece que a partir del mes siguiente al de la promulgación de dicha Ley, la cuota parte de la transferencia establecida por el Artículo 140 de la Ley 15.851 del 24 de diciembre de 1986, correspondiente al impuesto creado por el Artículo 25 del Decreto Ley 15.294 del 23 de junio de 1982 que grava a las jubilaciones y pensiones servidas por el Banco de Previsión Social queda exclusivamente afectada a la construcción de viviendas para dar en usufructo personal a los jubilados y pensionistas, cuyas asignaciones mensuales de pasividad sean inferiores al monto de los Salarios Mínimos Nacionales;

II) Que por el Decreto 238/989 del 17 de mayo de 1989, se reglamentó la referida disposición legal, con las modificaciones introducidas por el Decreto 265/993 del 9 de junio de 1993.

Considerando:

I) Que se estima conveniente unificaren un solo texto reglamentario toda la regulación referida al proceso de construcción de viviendas para los jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, ajustando sus disposiciones;

II) Que asimismo, estima el Poder Ejecutivo que por esta vía es posible incorporar nuevas soluciones orientadas básicamente a beneficiar a los jubilados y pensionistas comprendidos por el Banco de Previsión Social, acordado soluciones más adecuadas y de mayor contenido social;

III) Que el régimen de administración del sistema de viviendas para los afiliados del Banco de Previsión Social, debe continuar a cargo de dicho Ente puesto que ello forma parte de los cometidos del mismo, entre otros, la implementación de programas y el establecimiento de acciones específicas tendientes a la promoción y desarrollo individual y social de sus afiliados; todo ello sin perjuicio de la facultad de contratación del servicio de administración con terceros, como medio de obtener, con eficacia, una buena gestión en dicho cometido, resultando conveniente en este caso fraccionamiento de la adjudicación a los efectos de obtener parámetros para evaluar la gestión en la administración;

IV) Que ello colide con lo dispuesto por el Artículo 3°, numeral 1° de la Ley 16.112 del 30 de mayo de 1990, en cuanto comete al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la formulación, ejecución supervisión , evaluación de los planes de vivienda y la instrumentación de la política nacional en la materia extremo que por otra parte ha sido expresamente recogido por el Artículo 21 del Decreto 2651993 del 9 de junio de 1993;

V) Que en el mismo sentido resulta imperioso acelerar el ritmo de entrega de viviendas a los pasivos beneficiarios, como así también extender a quienes cohabitan con el titular de la vivienda en determinadas condiciones, tales beneficios;

VI) Por último, teniendo presente el mecanismo general que la Constitución de la República (Artículo 67, inciso 21)- solución recogida posteriormente por la Ley 16.713, de 3de setiembre de 1995 – prevé para la actualización de las pasividades, resulta ajustando a derecho la extensión de dicha solución por este medio, para la actualización del tope previsto en el Artículo 71 de la Ley 15.900 por tratarse también el programa de viviendas para jubilados y pensionistas de un beneficio que brinda la Seguridad Social cuyos topes resulta conveniente acompasarlos con la evolución de los ingresos de los beneficiarios.

Atento: a lo expuesto y a lo previsto por el Artículo 72 de la Ley 15.900 del 21 octubre de 1987,

El Presidente de la República

Decreta:

Artículo 1°.- El Banco de Previsión Social anualmente realizará un relevamiento de los pasivos interesados que están en condiciones de recibir en usufructo una vivienda y su localización geográfica, a los efectos de la ampliación del beneficio establecido por el Artículo 7° de la Ley 15.900 de 21 de octubre de 1987,comunicándolo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Sin perjuicio de este relevamiento anual, el Banco de Previsión Social formulará una proyección quinquenal durante el primer año de cada período de gobierno a efectos de que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente esté en condiciones de incluirlo en el plan quinquenal de vivienda en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 49 de la Ley 13.728 de 17de diciembre de 1968 en la redacción dada por el Artículo 3° de la Ley 16.237 de 2 de enero de 1992.

Art. 2°.- Compete al Banco de Previsión Social, la elaboración del registro de aspirantes a ser tenidos en cuenta para la adjudicación de las viviendas, de acuerdo con los criterios que el Poder Ejecutivo determine, la adjudicación en usufructo de las viviendas, el control del destino asignado y, en particular, todo lo referido a la administración del régimen de viviendas para jubilados y pensionistas regulado por el Artículo 7° de la Ley 15.900 de 21 de octubre de 1987.

Art. 3°.- El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tendrá a su cargo el proyecto y la construcción de las viviendas destinadas a los jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, en el marco de la Ley 16.112, de 8 de junio de 1990, en función de los recursos específicos que legalmente están asignados a ese fin, procurando satisfacer las necesidades informadas por el Ente referido y sin perjuicio de los cometidos asignados al Banco Hipotecario del Uruguay que estuvieron pendientes de cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 590 de la Ley 16.170 de 18 de diciembre de 1990, los que deberá ejercer en forma coordinada con el Ministerio citado.

Art. 4°.- Los inmuebles correspondientes a las viviendas construidas de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo anterior, serán transferidos gratuitamente en la propiedad al Banco de Previsión Social a los fines específicos que resultan de lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley 15.900 de 21 de octubre de 1987.

Art. 5°.- Todas las erogaciones por administración y reparaciones mayores (Artículo 523 de Código Civil) de los inmuebles, serán cubiertos con los recursos provenientes de lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley 15.900 de 21 de octubre de 1987.

Anualmente el Banco de Previsión Social comunicará al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la estimación del monto que corresponda afectar por este concepto, el cual hasta que el Poder Ejecutivo determine lo contrario, no podrá superar el 3% de la recaudación afectada a esta finalidad en cada ejercicio.

Sin perjuicio de ello, cuando dichos gastos se originen por culpa de los ocupantes de las viviendas, el Banco de Previsión Social deberá efectuar las reclamaciones del caso contra el pasivo ocupante usufructuario. Las sumas así recuperadas serán destinadas a otras erogaciones de la misma naturaleza.

El usufructuario estará obligado a destinar el inmueble para vivienda propia, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 7° y 8° del presente Decreto, así como a realizar los reparos menores y de simple conversación (Artículo 523 del Código Civil).

Art. 6°.- El Banco de Previsión Social podrá convenir con dos personas físicas o jurídicas públicas o privadas, que la administración y conservación de las mismas quede a cargo de tales organizaciones, estableciendo los controles necesarios para fiel cumplimiento de sus cometidos.

El procedimiento de contratación (Artículo 482 de la Ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con la redacción dada por las Leyes 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y 16.736, de 5 de enero de 1996) de los sujetos a que se hace referencia en el párrafo anterior, deberá fraccionarse y recaer la adjudicación en personas físicas o jurídicas con habitualmente en el ramo de administración de inmuebles, salvo que los oferentes demuestren solvencia y responsabilidad a juicio del organismo contratante(Artículo 487 de la Ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987)

Art. 7°.- Con el usufructuario podrán cohabitar su cónyuge, concubina o concubina, tenga o no la calidad de pasivo e Incapaces a su cargo.

También podrán cohabitar con el titular de la vivienda sus hijas solteras y las viudas o divorciadas durante el período en que el usufructuario tenga la titularidad de la vivienda.

La cohabitación deberá de la vivienda por el beneficiario o durante el goce del usufructo, en su caso, debiendo ser registrada en la forma que determine el Banco de Previsión Social. La omisión de la referida denuncia hará caducar el derecho consagrado a favor de las personas mencionadas en el inciso anterior de este Artículo.

Art. 8°.- En caso de fallecimiento del titular del usufructo de la vivienda, la misma podrá continuar siendo ocupada por su cónyuge supérstite(viudo o viuda), concubina o concubina, siempre que los mismos hubieran cohabitado permanentemente con el beneficiario por un mínimo de cinco años y no perciban ingresos por cualquier concepto, superiores a dos salarios mínimos nacionales (Artículo 12 del presente Decreto).-

Ante la misma circunstancia, las hijas solteras y las viudas o divorciadas, podrán continuar habilitando la finca siempre que fueran beneficiarias de jubilación o pensión a la fecha del fallecimiento del titular del usufructo y cuyas asignaciones mensuales de pasividad sean inferiores al monto referido en el párrafo anterior, debidamente acreditadas en forma que determine el Banco de Previsión Social.

Ocurrido el fallecimiento del beneficiado titular, en el caso de que las personas referidas en los dos primeros incisos de este Artículo, no cumplan con los requisitos establecidos, deberán desocupar el inmueble dentro de un plazo máximo de sesenta días, vencido el cual se procederá, en su caso, a iniciar las acciones judiciales que correspondan, siendo aplicable lo dispuesto en el Artículo 36 del Decreto Ley 14.219, de 4 de julio de 1974.

Art. 9°.- Serán causas de revocación del usufructo:

A - No destinar la vivienda a los fines específicos para la que fue concedida.

B - La mejora de la situación socio-económica del usufructuario o de su núcleo habitacional en grado tal que no se justifique el mantenimiento del beneficio.

C - La realización de actos por parte de los integrantes del núcleo habitacional del usufructuario que alteren la moral, las buenas costumbres o perturben la convivencia. En esta situación será aplicable lo dispuesto por el Artículo 33 del Decreto Ley 14.219 del 4 julio de 1974.

Art. 10°.- Créase una Comisión Asesora integrada con un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un representante del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y un representante del Banco de Previsión social a los efectos de asesorar sobre la aplicación del régimen establecido por Artículo 7 " de la Ley 15.900 del 21 de octubre de 1987.

Cuando dicha Comisión lo considere necesario, podrá integrarse temporalmente con otros miembros en la forma y con los fines que estime conveniente, dando cuenta de ello al Poder Ejecutivo.

Sin perjuicio del cumplimiento de los cometidos asignados, será de su cumplimiento de los cometidos asignados, será de su competencia asesorar específicamente acerca de la calidad y ubicación de las viviendas a ser construidas. A estos efectos la Comisión deberá confeccionar en un plazo de treinta días contados desde su instalación, las bases técnicas generales para la construcción de viviendas para jubilados y pensionistas en conjuntos habitacionales.

En tanto la Comisión no se expida respecto de los cometidos asignados, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá ejecutar los planes y proyectos de acuerdo a sus propios criterios.

Art. 11°.- Los recursos asignados por el Artículo 7° de la Ley 15.900 de 21 de octubre de 1987, serán vertidos por el Banco de Previsión Social en una cuenta rentable que abrirá en el Banco de la República Oriental del Uruguay el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y medio Ambiente.

Mensualmente el Banco de Previsión Social comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas el importe de las retenciones sobre pasividades efectuadas por concepto del impuesto establecido por el Artículo 25 del Decreto Ley 15.294, de 28 de junio de 1982, a efectos de la determinación de la cuota parte del subsidio a que hace referencia el Artículo 7° de la Ley 15.900 de 21 de octubre de 1987.

Art. 12.- A partir de la vigencia del presente Decreto las asignaciones mensuales de pasividad, previstas en el Artículo 7° de la Ley 15.900, de 21 de octubre de 1987, de actualizarán por el mecanismo y en las oportunidades previstas en el Art. 67, inciso 2°, de la Constitución de la República. A partir de la vigencia del presente Decreto las asignaciones mensuales de pasividad, previstas en el Artículo 7° de la Ley 15.900, de 21 de octubre de 1987, de actualizarán por el mecanismo y en las oportunidades previstas en el Art. 67, inciso 2°, de la Constitución de la República.

Art. 13°.- Deróganse los Decretos 238/989 de 17 de mayo de 1989 y 265/993 de 9 de junio de 1993.

Art. 14°.- Comuníquese, publíquese, etc.- SANGUINETTI – ANA LIA PIÑEYRUA – LUIS MOSCA – JUAN CHIRUCHI