Resoluciones 2002

18 / 02 11 de enero de 2002

Visto: Los servicios inform谩ticos que forman parte del "Proyecto Usuarios Finales", aplicables a los Registros Nacional de Actos Personales, de la…

Visto: Los servicios inform谩ticos que forman parte del "Proyecto Usuarios Finales", aplicables a los Registros Nacional de Actos Personales, de la Propiedad 鈥 secciones Inmobiliaria y Mobiliaria de Montevideo y de Personas Jur铆dicas 鈥 secci贸n Registro Nacional de Comercio.

Resultando: Que por acto administrativo dictado por esta Direcci贸n General con fecha 27 de diciembre de 2001, se aprobaron: un Manual descriptivo destinado a los usuarios externos y otro de procedimiento destinado a los usuarios internos del servicio, el cual no ten铆a previstas las solicitudes de ampliaci贸n de certificados en raz贸n de no haberse implementado aun los sistemas inform谩ticos necesarios.

Considerando: Que habi茅ndose superado dicha circunstancia, se hace necesario complementar dichos manuales agregando las particularidades de las ampliaciones de certificados. Atento: A lo expuesto.

El Director General de Registros

Resuelve

1潞) Aprueb谩nse los manuales complementarios para ingresar ampliaciones en forma remota, destinados a los usuarios externos e internos del servicio, que se agregan a la presente.

2潞) Notif铆quese a todos los Directores de Registro, Asesor铆as T茅cnica, Letrada y Auditor铆a Registral, quienes har谩n lo propio con los funcionarios a su cargo, entreg谩ndoles copia de los respectivos manuales.

3潞) Ins茅rtese en la p谩gina web de la Direcci贸n General de Registros y rem铆tase por correo electr贸nico a los usuarios registrados en el Servicio de Novedades.-

(Fdo.) Dr. Esc. Fernando Caride Bianchi - Director General de Registros

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24/02 15 de enero de 2002

Visto, la oposici贸n a la calificaci贸n registral tramitada en expediente 93/001 de fecha 12 de noviembre de 2001. Resultando: 1 )…


Visto, la oposici贸n a la calificaci贸n registral tramitada en expediente 93/001 de fecha 12 de noviembre de 2001.

Resultando:

1 ) Que se solicit贸 en el Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Rivera, la inscripci贸n de primera copia expedida para la nuda propietaria y para servirle de t铆tulo a la misma, de escritura de constituci贸n de derecho de usufructo.

2 ) Que el documento fue inscripto con el N掳 00/2001, y realizada la calificaci贸n fue rechazado por el Registrador, por entender que no es un acto inscribible ya que la nuda propiedad se acredita con la escritura de adquisici贸n del dominio pleno, siendo que en el caso, s贸lo se desprenden del derecho de usufructo.

3 ) Que el Esc. AA dedujo oposici贸n por escrito en el que expresa que el rechazo no se ajusta a lo dispuesto en los art铆culos 64 a 66 de la Ley N掳 16.871 de 28 de setiembre de 1997 ni a lo dispuesto por el inciso 1掳 del art铆culo 55 de su Decreto Reglamentario, que prev茅 como 煤nica causal de "no admisi贸n de documento" el caso de sede incompetente en raz贸n de materia o territorio, que no es la hip贸tesis del caso planteado.

4 ) Que seg煤n expresa, al constituirse el derecho de usufructo, a la nuda propietaria, de todas las atribuciones que ten铆a, s贸lo le ha quedado la de disponer de la cosa y reivindicarla, pero carece de las facultades de usar, gozar y habitarlas, por ello, su derecho ha sido modificado.

5 ) Que el t铆tulo anterior por el que se adquiri贸 la propiedad plena, "no refleja la realidad actual, servir谩 como antecedente, para acreditar que en tiempos pasados fue propietario pleno, absoluto y que lo legitim贸 para disponer del usufructo y enajenarlo a un tercero, pero no sirve como t铆tulo para acreditar la titularidad de la nuda propiedad".

6 ) Que seg煤n su criterio, en el caso de enajenaci贸n de usufructo, est谩 previsto en el numeral 1掳) del art铆culo 17 de la Ley Org谩nica Registral cuando establece que se inscribir谩n los instrumentos p煤blicos en los que se "modifique ... el dominio ... cualquier desmembramiento del dominio", sino tambi茅n por el numeral 20) del mismo art铆culo cuando refiere a las "modificaciones ... de derechos inscriptos".

7 ) Que la Directora del Registro de la Propiedad de Rivera Esc. Yara L贸pez Alvez expresa en escrito de fecha 6 de noviembre de 2001, que si bien se ha pretendido iniciar un contencioso registral, se trata en realidad del ejercicio del derecho de petici贸n, pues el documento fue rechazado; y funda su posici贸n en el art铆culo 87 inciso final de la Ley N掳 16.871 que dispone que "trat谩ndose de primeras o segundas copias de escrituras p煤blicas, se presentar谩n las expedidas para quien resultare titular de los derechos registrables".

8 ) Que entiende que en la constituci贸n de derecho de usufructo, la copia que titula el derecho registrable es la del usufructuario; el derecho del nudo propietario surge del t铆tulo de adquisici贸n, escritura de compraventa otorgada ante el escribano AA el 17 de octubre de 2001.

9 ) Que expresa asimismo, que en la minuta presentada el escribano refiere a "reserva de nuda propiedad" lo que no surge de la escritura; y que si se admitiera la solicitud efectuada, se estar铆a inscribiendo dos veces el mismo derecho.

10 ) Que el dictamen de la Comisi贸n Asesora Registral, se efectu贸 por acta n煤mero 65 de fecha 28 de noviembre de 2001.

Considerando.

1) Que esta Direcci贸n General se afiliar谩 a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

2) Que desde el punto de vista formal, se considera que el interesado est谩 ejerciendo un derecho de petici贸n ya que el contencioso registral s贸lo procede cuando existe una inscripci贸n provisoria.

3) Que seg煤n el dictamen de la Comisi贸n, la registradora no dio cumplimiento a lo dispuesto en el art铆culo 65 de la Ley N掳 16.871 y al art铆culo 55 del Decreto N掳 99/998, ya que se entiende que el documento debi贸 ser inscripto provisoriamente, por no existir legal ni reglamentariamente, causal de rechazo.

4) Que en relaci贸n al fondo del asunto, opin贸 que si bien no es necesaria la expedici贸n de una copia para la nuda propietaria en la constituci贸n de usufructo, de acuerdo a lo establecido en el art铆culo 175 inciso 4 y 5 del Reglamento Notarial, si se admite notarialmente, podr铆a admitirse la inscripci贸n como acto modificativo, conforme lo dispuesto en el art铆culo 17 numeral 20) de la Ley N掳 16.871.

5) Que es importante unificar conceptualmente la interpretaci贸n de la Ley N掳 16.871 de 28 de setiembre de 1997 y su decreto reglamentario N掳 99/998 de 21 de abril de 1998, siendo competencia de la Direcci贸n General de Registros impartir instrucciones generales o particulares para los Registradores, con car谩cter vinculante, as铆 como resolver las peticiones y oposiciones que se promuevan contra las calificaciones e inscripciones de los Registradores.

Atento: a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en el art铆culo 3掳 numeral 5), 57 inciso final, 65 y 66 de la ley 16.871 de 28 de setiembre de 1997; 55 inciso 1掳 del Decreto N掳 99/998 de 21 de abril de 1998; y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

El Director General de Registros ,

Resuelve :

1掳) Establ茅cese que las primeras copias expedidas para los nudo propietarios de escrituras de constituci贸n de derecho de usufructo, cuando sea solicitado por los interesados, deber谩n inscribirse en el Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria, aunque tal inscripci贸n es irrelevante respecto de la seguridad jur铆dica, no agregando nada sustancial al sistema registral.

2掳) Reit茅rase el cumplimiento de lo dispuesto en los art铆culos 65 y 57 inciso final de la Ley N掳 16.871 de 28 de setiembre de 1997 y art铆culo 55 inciso 1掳 del Decreto N掳 99/998 de 21 de abril de 1998, en cuanto a las causales de rechazo de los documentos presentados para su inscripci贸n.

3掳) Notif铆quese con copia del dictamen de la Comisi贸n Asesora, y de los informes realizados, al interesado y al Director del Registro de la Propiedad de Rivera.

4掳) Comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral y a los Directores de Registros.

5掳) Ins茅rtese en la P谩gina Web y Rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros conforme al r茅gimen de la Circular N掳 98 de 29 de octubre de 2001.

6掳) Cumplido, arch铆vese.-

(Fdo.) Dr. Esc. Fernando Caride Bianchi - Director General de Registros

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29 / 02 18 de enero de 2002

 Visto, la oposici贸n a la calificaci贸n registral conforme con el art铆culo 66 de la Ley N掳 16.871 de 28 de…

 Visto, la oposici贸n a la calificaci贸n registral conforme con el art铆culo 66 de la Ley N掳 16.871 de 28 de setiembre de 1997, tramitada en expediente 92/001 de fecha 8 de noviembre de 2001.

Resultando:

I) Que se solicit贸 en el Registro de la Propiedad Secci贸n Mobiliaria de Montevideo, la inscripci贸n de un "Convenio" que contiene cesi贸n de cr茅ditos y prenda de los mismos otorgado en Montevideo, el 29 de mayo de 2001, entre "AA Sociedad An贸nima" y "BB Sociedad de Responsabilidad Limitada" y "CC Sociedad de Responsabilidad Limitada".

II) Que el documento fue inscripto provisoriamente con el N掳 491 el 30 de mayo de 2001, por entender el Registrador que "si se ceden los derechos a favor de la acreedora, el titular de esos derechos ya no es "AA S.A.", y por lo tanto no est谩 habilitado para prendar".

III) Que con fecha 29 de agosto de 2001 los interesados solicitaron pr贸rroga del plazo de vigencia de la inscripci贸n provisoria y posteriormente, por escrito fechado el 29 de octubre de 2001, se opusieron a la calificaci贸n registral.

IV) Que en sesi贸n de fecha 28 de noviembre de 2001 (acta 65), la Comisi贸n Asesora Registral dictamin贸 que habi茅ndose presentado la solicitud de pr贸rroga fuera de plazo, han caducado de pleno derecho la inscripci贸n as铆 como los efectos de la presentaci贸n del documento al Registro (art铆culo 66 in fine de la Ley N掳 16.871).

Considerando:

I) Que esta Direcci贸n General comparte lo dictaminado por la referida Comisi贸n ya que el art铆culo 66 de la Ley N掳 16.871 establece que si un documento es observado, se inscribe provisoriamente y la parte interesada o el profesional interviniente "podr谩n subsanar las deficiencias o deducir oposici贸n por escrito a la calificaci贸n efectuada por el Registrador en el plazo de noventa d铆as corridos, contados a partir de la presentaci贸n del documento al Registro, prorrogables a solicitud de parte por sesenta d铆as corridos m谩s. La pr贸rroga se contar谩 a partir del d铆a siguiente al vencimiento del plazo original, y deber谩 solicitarse con anterioridad al vencimiento de 茅ste ... Transcurrido el plazo de noventa d铆as o su pr贸rroga, si no se hubieren subsanado las deficiencias observadas o deducido oposici贸n, caducar谩n de pleno derecho la inscripci贸n provisoria y los efectos de la presentaci贸n del documento al Registro".

II) Que es importante unificar conceptualmente la interpretaci贸n de la Ley N掳 16.871 de 28 de setiembre de 1997 y su decreto reglamentario N掳 99/998 de 21 de abril de 1998, siendo competencia de la Direcci贸n General de Registros impartir instrucciones generales o particulares para los Registradores, con car谩cter vinculante, as铆 como resolver las oposiciones que se promuevan contra las calificaciones e inscripciones de los Registradores.

Atento: a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en el art铆culo 3掳 numerales 3) y 5), 65 y 66 de la ley 16.871 de 28 de setiembre de 1997; y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

El Director General de Registros

Resuelve :

1掳) No hacer lugar a la oposici贸n a la calificaci贸n registral realizada en relaci贸n a la inscripci贸n provisoria N掳 491 de 30 de mayo de 2001 del Registro de la Propiedad Secci贸n Mobiliaria 鈥 Registro Nacional de Prendas Sin Desplazamiento, en virtud de haber operado previamente la caducidad de pleno derecho de la referida inscripci贸n y los efectos de la presentaci贸n del documento al Registro.

2掳) Reit茅rase que los registradores deber谩n dar estricto cumplimiento a los plazos previstos en el art铆culo 66 de la Ley N掳 16.871 de 28 de setiembre de 1997.

3掳) Notif铆quese con copia del dictamen de la Comisi贸n Asesora, y de los informes realizados, al interesado y al Director del Registro de la Propiedad Secci贸n Mobiliaria de Montevideo.

4掳) Comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral y a los Directores de Registros.

5掳) Ins茅rtese en la p谩gina Web y rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros conforme al r茅gimen de la Circular N掳 98 de 29 de octubre de 2001.

6掳) Cumplido, arch铆vese.-

(Fdo. Dr. Esc. Fernando Caride Bianchi - Director General de Registros)

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44/02 20 de febrero de 2002

Visto: Los servicios inform谩ticos que forman parte del 鈥淧royecto Usuarios Finales鈥, aplicables a los Registros Nacional de Actos Personales, de la…

Visto: Los servicios inform谩ticos que forman parte del 鈥淧royecto Usuarios Finales鈥, aplicables a los Registros Nacional de Actos Personales, de la Propiedad 鈥 secciones Inmobiliaria y Mobiliaria de Montevideo y de Personas Jur铆dicas 鈥 secci贸n Registro Nacional de Comercio.

Resultando: Que por actos administrativos dictados por esta Direcci贸n General con fecha 27 de diciembre de 2001 y 11 de enero de 2002, se aprobaron Manuales descriptivos de solicitudes de informaci贸n y de ampliaciones de certificados, destinados a los usuarios externos del servicio.

Considerando: Que se hace necesario unificar dichos manuales agregando ciertas particularidades que en el curso de la implantaci贸n de los sistemas se vio necesario ajustar.

Atento: A lo expuesto.

El Director General de Registros

Resuelve

1潞) Apru茅base el Manual unificado y actualizado para ingresar solicitudes de informaci贸n y ampliaciones en forma remota, destinado a los usuarios externos del servicio, el cual se agrega a la presente.

2潞) Notif铆quese a todos los Directores de Registro, Asesor铆as T茅cnica, Letrada y Auditor铆a Registral, quienes har谩n lo propio con los funcionarios a su cargo, entreg谩ndoles copia del respectivo manual.

3潞) INS脡RTESE en la p谩gina web de la Direcci贸n General de Registros y rem铆tase por correo electr贸nico a los usuarios registrados en el Servicio de Novedades.-

(Fdo.) Dr. Esc. Fernando Caride Bianchi - Director General de Registros

 
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87 / 02 12 de abril de 2002

Visto, la oposici贸n a la calificaci贸n registral interpuesta de conformidad al art铆culo 66 de la Ley Org谩nica Registral, tramitada en expediente…

Visto, la oposici贸n a la calificaci贸n registral interpuesta de conformidad al art铆culo 66 de la Ley Org谩nica Registral, tramitada en expediente 41/01 de fecha 28 de junio de 2001.

Resultando:

I) Que el 16 de marzo de 2001 se present贸 solicitud de inscripci贸n de un contrato otorgado en Buenos Aires el 17 de agosto de 2000, entre "AA Trust Co.", en calidad de mutuante; "BB Services Corp.", en calidad de mutuaria, constituyendo en garant铆a de las obligaciones asumidas por 茅sta, prenda sin desplazamiento sobre bienes de su propiedad " CC Zona Franca Sucursal Uruguay", el que fue inscripto con el N掳 001, en forma provisoria, debido a que -a juicio del registrador- la ubicaci贸n de los bienes prendados en Zona Franca, impide la inscripci贸n.

II) Que el dador prendario por escrito de fecha 14 de junio de 2001 dedujo oposici贸n a la calificaci贸n registral fundando su opini贸n en que no existe norma alguna que prohiba el otorgamiento e inscripci贸n de dicho negocio jur铆dico; que las zonas francas son parte del territorio nacional, y en consecuencia los bienes objeto del contrato de prenda se encuentran ubicados en dicho territorio, que conforme al art铆culo 32 de la Ley de Registros el contrato es inscribible en el Registro Nacional de Prendas; y que seg煤n su criterio, los art铆culos 1掳 y 3掳 de la Ley N掳 17.228 de 7 de enero de 2000, avalan tal postura.

III) Que con fecha 1掳 de junio de 2001 se solicit贸 pr贸rroga del plazo de vigencia de la inscripci贸n provisoria.

IV) Que por escrito de fecha 27 de junio de 2001, el Esc. Carmelo Curbelo Soria funda la inadmisibilidad registral del contrato en la "inexistencia jur铆dica" de los bienes en el territorio nacional ya que "el ingreso y egreso de mercader铆as del pa铆s hacia zonas francas y viceversa, se rigen por disposiciones relativas a importaci贸n y exportaci贸n; por lo que el legislador ha entendido que tales bienes, si bien est谩n dentro del territorio f铆sico del pa铆s, no tienen una presencia jur铆dica seg煤n la legislaci贸n com煤n"; sosteniendo adem谩s que los bienes ingresados a zonas francas "carecen de posibilidad de ser garant铆a incluso de las propias obligaciones generadas por su comercializaci贸n".

V) Que agrega que las operaciones autorizadas en dichas zonas son taxativas, por lo que de acuerdo a su criterio, las que no estuvieren comprendidas deber铆an contar con la autorizaci贸n del Poder Ejecutivo.

VI) Que manifiesta asimismo como aspecto formal, que quien presenta la oposici贸n es el dador prendario, quien no estar铆a legitimado para hacerlo ya que seg煤n el numeral 2掳) del art铆culo 85 de la Ley N掳 16.871 de 28 de setiembre de 1997, la inscripci贸n debe ser solicitada por el acreedor prendario quien es la parte protegida por la publicidad registral.

VII) Que la Comisi贸n Asesora Registral por dictamen N掳 33/2001 de fecha 17 de octubre de 2001 resolvi贸 por mayor铆a que "no es inscribible el contrato cuya inscripci贸n se solicita en el Registro Nacional de Prendas sin Desplazamiento, no siendo en consecuencia aplicable el r茅gimen de la Ley N掳 17.228".

Considerando:

I) Que por los fundamentos expresados en el informe del Esc. Federico Alb铆n, de fecha 5 de marzo de 2002, esta Direcci贸n General se apartar谩 de lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral. En efecto, en cuanto al aspecto formal, seg煤n el referido art铆culo 85 numeral 2掳) de la Ley N掳 16.871 que establece que podr谩 solicitar la inscripci贸n quien "tenga inter茅s en la protecci贸n de la publicidad registral"; el dador prendario est谩 sin duda facultado para efectuar la rogaci贸n y luego deducir oposici贸n a la calificaci贸n ya que el art铆culo 66 de la misma ley, dispone que "la parte interesada o el profesional interviniente tendr谩n la carga de concurrir al Registro para conocer el resultado de la calificaci贸n ..." y podr谩n "subsanar las deficiencias o deducir oposici贸n".

II) Que en cuanto al aspecto sustancial, las Zonas Francas quedan fuera del territorio aduanero, pero dentro del territorio pol铆tico del Estado, por lo cual el Derecho positivo nacional se aplica 铆ntegramente en dichas zonas, con la excepci贸n de las normas aduaneras y de aquellas otras que expresamente establezcan un r茅gimen diferente; este es el concepto que surge de lo dispuesto en el art铆culo 2掳 de la Ley N掳 15.921 de 17 de diciembre de 1987, y del art铆culo 11 del Decreto N掳 454/988 de 8 de julio de 1988.

III) Que quedan comprendidas en el r茅gimen de Zonas Francas, todas las actividades lucrativas de car谩cter econ贸mico y que la normativa cita a v铆a de ejemplo, la "comercializaci贸n, dep贸sito, almacenamiento, selecci贸n, clasificaci贸n ... prestaci贸n de servicios financieros ..." etc茅tera (art铆culo 2掳 Ley N掳 15.921).

IV) Que rige plenamente el principio de autonom铆a de la voluntad y libertad negocial, salvo las excepciones establecidas a texto expreso, en cuanto a destino, finalidad y funci贸n, gener谩ndose un amplio margen para las actividades que quedan fuera del contralor administrativo y de la competencia de los diferentes 贸rganos existentes en las Zonas Francas, y que se regulan por las disposiciones generales de derecho com煤n tales como en materia de contratos y de negocios dispositivos.

V) Que el principio general de responsabilidad establecido en el art铆culo 2.372 del C贸digo Civil, en virtud del cual "... los bienes todos del deudor, exceptu谩ndose los no embargables (art. 2363), son la garant铆a com煤n de sus acreedores...", no sufre alteraci贸n alguna aunque dichos bienes se encuentren en territorio franco.

VI) Que dicho principio ha sido confirmado por el art铆culo 503 de la Ley N掳 16.736 de 5 de enero de 1996 que dispone que los "bienes, mercanc铆as y materias primas depositados en zonas francas, pueden ser objeto de medidas cautelares en las mismas condiciones en que lo son aquellos que ya hubieran ingresado por aduana al pa铆s ...", estableci茅ndose adem谩s que podr谩n ser objeto de ejecuci贸n, y que en tal caso, el bien adquirido por el mejor postor, deber谩 ser introducido al territorio no franco para lo cual tendr谩 que pagar "los tributos, grav谩menes y recargos, vigentes en el momento de su importaci贸n..." (inciso 3掳 del art铆culo 503 de la Ley N掳 16.736), salvo que el adquirente sea otro usuario de Zona Franca.

VII) Que si el usuario es una persona jur铆dica, su objeto debe limitarse exclusivamente a la realizaci贸n de operaciones de usuario (art. 27 del Decreto N掳 454/988); y cuando se trata de sociedades an贸nimas extranjeras, que pretenden establecer una sucursal, deben adecuar su objeto y cumplir los requisitos establecidos en el art. 193 inciso 3掳 de la Ley de Sociedades Comerciales.

VIII) Que los usuarios de zonas francas, est谩n impedidos de desarrollar el mismo giro o cualquier otro tipo de gesti贸n empresarial fuera del territorio franco (art铆culo 14 de la Ley N掳 15.921), pero la doctrina ha entendido que s铆 podr铆an realizar operaciones fuera del territorio nacional, estando impedidos de desarrollar comercio minorista dentro de la Zona Franca.

IX) Que la vigencia de la Ley N掳 17.228 de 7 de enero de 2000, viene a ampliar el elenco de posibilidades de pactar este tipo de garant铆as en Zonas Francas, pues con car谩cter general establece que "... podr谩 ser objeto de prenda sin desplazamiento todo bien o derecho concretamente identificable ..." (art. 3掳), y excluyendo las limitaciones existentes en cuanto a quienes pod铆an ser deudores o acreedores, a las obligaciones garantizadas y a los bienes objeto de la garant铆a que estaban enumerados taxativamente, dispone que "... las prendas sin desplazamiento podr谩n constituirse a favor de cualquier acreedor para garantizar todo tipo de obligaciones del propietario del bien que se da en prenda o de terceros" (art. 5掳).

X) Que el seg煤n surge del contrato sub examine, la dadora prendaria es usuaria directa de Zona Franca, propietaria de la mercader铆a prendada, que se encuentra depositada en territorio franco de Montevideo. Los bienes est谩n determinados en inventario, son garant铆a de obligaciones de la casa matriz de la sociedad, se cumple con lo dispuesto en los art铆culos 3掳 y 5掳 de la Ley 17.288; no se trata de una operaci贸n de comercio minorista, ni que encuentre limitaci贸n espacial, de objeto, ni de otra naturaleza en la Ley; y se dio cumplimiento al inciso 3掳 del art铆culo 193 del la Ley N掳 16.060.

XI) Que analizados los presupuestos, elementos estructurales y requisitos de eficacia del contrato presentado a inscribir, el mismo no resulta observable conforme al art铆culo 65 de la Ley N掳 16.871.

XII) Que desde el punto de vista tributario, en la cl谩usula 15陋. del documento se incluye autorizaci贸n para cambiar el status loci y consentimiento por anticipado para la venta de los bienes prendados (arts. 8 y 10 de la Ley N掳 17.228) por lo que, conforme lo dispone el art铆culo 368 de la Ley N掳 16.736 de 5 de enero de 1996, se deber谩 pagar el Impuesto a los Servicios Registrales por cada acto presentado a inscribir.

XIII) Que el art铆culo 6掳 inciso final del Decreto 99/998 de 21 de abril de 1998 autoriza a la Direcci贸n General de Registros a apartarse de lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral por resoluci贸n fundada. XIV) Que es importante unificar conceptualmente la interpretaci贸n de la Ley N掳 16.871 de 28 de setiembre de 1997 y su decreto reglamentario N掳 99/998 de 21 de abril de 1998, siendo competencia de la Direcci贸n General de Registros impartir instrucciones generales o particulares para los Registradores, con car谩cter vinculante, as铆 como resolver las oposiciones que se promuevan contra las calificaciones e inscripciones de los Registradores.

Atento: a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en el art铆culo 3掳 numerales 3) y 5), y art铆culos 65 y 66 de la ley 16.871 de 28 de setiembre de 1997; y a lo dictaminado en informe ya referido.

El Director General de Registros

Resuelve:

1掳) Hacer lugar a la oposici贸n deducida por "CC ZONA FRANCA SUCURSAL URUGUAY" de fecha 14 de junio de 2.001, contra la calificaci贸n reca铆da en el documento inscripto en el Registro de la Propiedad Secci贸n Mobiliaria - Registro Nacional de Prendas sin Desplazamiento de Montevideo con el N掳 001 el 16 de marzo de 2001.

2掳) C煤mplase con el pago del Impuesto a los Servicios Registrales, por cada acto presentado a inscribir.

3掳) Notif铆quese con copia del dictamen de la Comisi贸n Asesora, y de los informes realizados, a la interesada y al Director del Registro de la Propiedad Secci贸n Mobiliaria de Montevideo.

4掳) Comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral y a los Directores y Encargados de Registros.

5掳) Ins茅rtese en la P谩gina Web y rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros conforme al r茅gimen de la Circular N掳 98 de 29 de octubre de 2001.

6掳) Cumplido, arch铆vese.-

Dr. Esc Fernando Caride Bianchi

Director General de Registros FCB/fa

Direcci贸n General de Registros

Asesor铆a T茅cnica Registral

Montevideo, 5 de marzo de 2002.

Sr. Director General de Registros

Dr. Esc. Fernando Caride Bianchi.

P r e s e n t e.

De mi consideraci贸n: C煤mpleme elevar el informe por Ud. solicitado, en relaci贸n al contencioso registral tramitado en expediente N掳 41/001 de fecha 26 de junio de 2001.

I. Hechos.

1. El 16 de marzo de 2001 se present贸 solicitud de inscripci贸n de un contrato otorgado en Buenos Aires el 17 de agosto de 2000, entre "AA Trust Co.", en calidad de mutuante; "BB Services Corp.", en calidad de mutuaria, constituyendo en garant铆a de las obligaciones asumidas por 茅sta, prenda sin desplazamiento sobre bienes de su propiedad "CC Zona Franca Sucursal Uruguay", el que fue inscripto con el N掳 001, en forma provisoria por encontrarse los bienes prendados en 谩rea de zona franca.

2. El dador prendario por escrito de fecha 14 de junio de 2001 deduce oposici贸n a la calificaci贸n registral fundando su posici贸n en que no existe norma alguna que lo prohiba (art铆culo 10 de la Constituci贸n); en los art铆culos 18 de la Ley N掳 16.871 de 28 de setiembre de 1997 y 2掳 de la Ley N掳 15.921 de 17 de diciembre de 1987, de los que surge que el Registro de Prendas sin Desplazamiento tiene car谩cter Nacional y que las zonas francas son parte del territorio nacional, y en consecuencia los bienes objeto del contrato de prenda se encuentran ubicados en dicho territorio y conforme al art铆culo 32 de la Ley de Registros el contrato es registrable en el Registro de Prendas. En su criterio, los art铆culos 1掳 y 3掳 de la Ley N掳 17.228 de 17 de diciembre de 1987, avalan su posici贸n.

3. Por escrito de fecha 27 de junio de 2001, el Esc. Carmelo Curbelo Soria funda la inadmisibilidad registral del contrato en la "inexistencia jur铆dica" de los bienes en el territorio nacional ya que "el ingreso y egreso de mercader铆as del pa铆s hacia zonas francas y viceversa, se rigen por disposiciones relativas a importaci贸n y exportaci贸n; por lo que el legislador ha entendido que tales bienes, si bien est谩n dentro del territorio f铆sico del pa铆s, no tienen una presencia jur铆dica seg煤n la legislaci贸n com煤n"; la leyenda "en tr谩nsito" no tendr铆a justificaci贸n si los bienes efectivamente ingresaran jur铆dicamente al pa铆s. Seg煤n su criterio, si se admitiera la inscripci贸n de la prenda de referencia, "驴c贸mo hace la Direcci贸n de Zonas Francas para conocer la existencia de grav谩menes sobre bienes que all铆 ingresan y que pueden dar lugar a actuaciones judiciales con derivaciones no queridas por la ley?", cita asimismo que la Ley N掳 15.921 no "permite la vigencia de las leyes de arrendamientos dentro de las zonas francas".

4. Agrega adem谩s que las operaciones autorizadas en dichas zonas son taxativas, por lo que las que no estuvieren comprendidas deber铆an contar con la autorizaci贸n del Poder Ejecutivo, tal como se hizo con el Decreto 446/997 de 19 de noviembre de 1997, que al permitir la prenda de determinados bienes, establece que "se considerar谩n radicados en el territorio nacional", creando de esta forma una "ficci贸n de radicaci贸n"; y sostiene adem谩s que los bienes ingresados a zonas francas "carecen de posibilidad de ser garant铆a incluso de las propias obligaciones generadas por su comercializaci贸n".

5. Manifiesta asimismo como aspecto formal, que quien presenta la oposici贸n es el dador prendario, quien no estar铆a a su juicio legitimado para hacerlo ya que seg煤n el numeral 2掳) del art铆culo 85 de la Ley N掳 16.871, la inscripci贸n debe ser solicitada por el acreedor prendario quien es la parte protegida por la publicidad registral.

6. En su informe de fecha 20 de setiembre de 2001, la Asesora Letrada Dra. Judith Gonz谩lez expresa que en cuanto al aspecto formal, el dador prendario est谩 facultado para solicitar la inscripci贸n y para deducir oposici贸n conforme al referido art铆culo 85 numeral 2掳) que establece que podr谩 solicitar la inscripci贸n quien "tenga inter茅s en la protecci贸n de la publicidad registral".

7. Respecto al fondo del asunto, no comparte la opini贸n del registrador ya que en su concepto "est谩 fuera de discusi贸n porque la propia ley N掳 15.921 de 17 de diciembre de 1987 en su art铆culo 2掳 establece que las zonas francas son 谩reas del territorio nacional. Lo especial en ellas son las actividades industriales, comerciales o de servicios que se desarrollen en ellas, por las exenciones tributarias y dem谩s beneficios que la ley detalla, as铆 como los usuarios de zonas francas, y los bienes, servicios, mercanc铆as y materias primas introducidas en las zonas francas".

8. Cita adem谩s el art铆culo 3掳 de la Ley N掳 17.228 de 7 de enero de 20000 que establece que "podr谩n ser objeto de prenda sin desplazamiento todo bien o derecho concretamente identificable" y siendo que la prenda que se pretende inscribir recae sobre bienes determinados, en consecuencia concluye que pueden ser objeto de prenda.

9. En su informe de 8 de octubre de 2001 el Asesor T茅cnico Esc. Emilio Susena sostiene que el "r茅gimen de contrataci贸n tan especialmente regulado y que tiene su propia publicidad no puede hacerse extensivo por asimilaci贸n", y lo "m谩s importante en cuanto al caso que estamos analizando es que respecto a los bienes y mercader铆as depositados en una zona franca, los usuarios est谩n autorizados a expedir certificados de dep贸sito y warrants".

10. Concluye que "dentro de los contratos autorizados a los usuarios, se encuentra el warrant, que ... es el contrato de prenda autorizado a realizar en las zonas francas" y por ello, "el dador prendario por su car谩cter de usuario carece de legitimaci贸n para celebrar un contrato de prenda de acuerdo con la ley 17.228 y por lo tanto el documento presentado no es inscribible en el Registro Mobiliario".

11. La Comisi贸n Asesora Registral por dictamen N掳 33/2001de fecha 17 de octubre de 2001 resolvi贸 por mayor铆a que "no es inscribible el contrato cuya inscripci贸n se solicita en el Registro Nacional de Prendas sin Desplazamiento, no siendo en consecuencia aplicable el r茅gimen de la Ley N掳 17.228". II. Informe Aspectos Formales Caducidad del plazo.

12. Como cuesti贸n previa, corresponde expresar, que la Asesora Letrada Dra. Judith Gonz谩lez en su referido informe afirma que "desde el punto de vista formal, se ha cumplido en tiempo con el procedimiento dispuesto por los art铆culos 64, 65, 66 y 5 numeral 5) de la Ley N掳 16.871 de 28 de setiembre de 1997"... y que "dentro del plazo que la ley concede a los interesados en la inscripci贸n para subsanar las observaciones o deducir oposici贸n por escrito a la calificaci贸n efectuada, compareci贸 el interesado a oponerse...".

13. Sin embargo, el art铆culo 66 de la Ley Org谩nica Registral establece que se podr谩 "subsanar las deficiencias o deducir oposici贸n por escrito a la calificaci贸n efectuada por el registrador en el plazo de noventa d铆as corridos, contados a partir de la presentaci贸n del documento al Registro, prorrogables a solicitud de parte por sesenta d铆as corridos m谩s. La pr贸rroga se contar谩 a partir del d铆a siguiente al vencimiento del plazo original y deber谩 solicitarse con anterioridad al vencimiento de 茅ste".

14. De acuerdo a nuestro entendimiento de la referida norma especial, dado que el documento fue presentado a inscribir el d铆a 16 de marzo de 2001 y se dedujo oposici贸n el d铆a 14 de junio de 2001, la misma se present贸 fuera de plazo, ya que la vigencia de la inscripci贸n provisoria caduc贸 el d铆a 13 de junio de 2001, salvo que se hubiera solicitado pr贸rroga con anterioridad al vencimiento del plazo inicial (art. 66 inciso final de la Ley N掳 16.871), lo que no surge acreditado en la documentaci贸n glosada en el expediente. Legitimaci贸n del oponente.

15. Respecto a la pretendida falta de legitimaci贸n del dador prendario para solicitar la inscripci贸n del contrato de prenda sin desplazamiento y luego deducir oposici贸n, compartimos el criterio de la Dra. Judith Gonz谩lez, por cuanto la terminolog铆a amplia utilizada por el legislador en el numeral 2掳) del art铆culo 85 de la Ley 16.871, "...inter茅s en la protecci贸n de la publicidad registral", sin duda alguna legitima a dicha parte para efectuar la rogaci贸n y luego oponerse a la calificaci贸n ya que el art铆culo 66 de la misma ley, establece que "la parte interesada o el profesional interviniente tendr谩n la carga de concurrir al Registro para conocer el resultado de la calificaci贸n ..." y podr谩n "subsanar las deficiencias o deducir oposici贸n".

16. En otras oportunidades hemos afirmado que la Ley Org谩nica Registral ampl铆a el elenco de sujetos legitimados para actuar el principio de rogaci贸n, ya que quedan comprendidos en el numeral 2掳 del art. 85, por ejemplo y seg煤n el caso, los acreedores, fiadores, albaceas, etc茅tera.

17. En raz贸n de haber caducado la inscripci贸n, no corresponder铆a expedirse sobre el fondo del asunto, pero ya que ha sido as铆 solicitado por el Sr. Director General, fundaremos nuestra posici贸n. Aspecto Sustancial R茅gimen de zonas francas. Limitaciones objetivas.

18. El territorio pol铆tico de un Estado no siempre coincide con su frontera aduanera, aqu茅l abarca todo el 谩mbito territorial sobre el que se ejerce la soberan铆a y 茅ste es la parte del territorio pol铆tico sobre el cual se ejerce el control aduanero y se aplican las dem谩s normas. Las Zonas Francas quedan fuera del territorio aduanero, pero dentro del territorio pol铆tico, por lo cual el Derecho nacional se aplica 铆ntegramente en dichas zonas, con la excepci贸n de las normas aduaneras y de algunas otras de naturaleza tributaria; este es el concepto que surge de lo dispuesto en el art铆culo 2掳 de la Ley N掳 15.921 de 17 de diciembre de 1987.

19. Se trata de un 谩rea de exclusi贸n aduanera que se traduce b谩sicamente en que para ingresar productos en las zonas francas, no es necesario cumplir ninguna de las operaciones aduaneras de entrada, es decir, ni la importaci贸n con el correspondiente pago de aranceles, ni la admisi贸n temporaria ni el retorno. Una vez ingresados, los bienes -exclusivamente desde el punto de vista del derecho aduanero- se encuentran en "una situaci贸n similar a la que tendr铆an si se encontraran fuera del territorio nacional. Este beneficio es de car谩cter objetivo y abarca a todos los bienes que ingresan, permanecen y salen de las zonas francas, independientemente de quien sea su propietario (puede ser un usuario, el mismo explotador o cualquier tercero ajeno al sistema)", rigiendo adem谩s exoneraciones muy amplias en materia tributaria, pero esta exoneraci贸n es de car谩cter subjetivo y beneficia s贸lo a los usuarios.

20. Existe la creencia generalizada que las zonas francas son 谩reas extra nacionales, salvo en aquellos aspectos que las normas establezcan lo contrario, pero el principio es completamente inverso. En efecto, de regla, en las zonas francas, se aplican todas las normas de derecho nacional del Estado en el cual se encuentran emplazadas, con la 煤nica excepci贸n de aquellas normas que expresamente establezcan un r茅gimen diferente, as铆 lo establece claramente por ejemplo, el art铆culo 11 del Decreto 454/988.

21. Hay otros elementos que caracterizan el r茅gimen jur铆dico de las Zonas Francas, y que es preciso analizar, para la correcta aplicaci贸n de las normas y sobre las cuales la doctrina parece no tener dudas. En efecto, quedan comprendidas todas las actividades lucrativas de car谩cter econ贸mico y que la normativa cita a v铆a de ejemplo, la "comercializaci贸n, dep贸sito, almacenamiento, selecci贸n, clasificaci贸n ... prestaci贸n de servicios financieros..." etc茅tera (art铆culo 2掳 Ley N掳 15.921).

22. Rige plenamente el principio de autonom铆a de la voluntad y libertad negocial, salvo las excepciones establecidas a texto expreso, en cuanto a destino, finalidad y funci贸n, gener谩ndose un amplio margen para las actividades que quedan fuera del contralor administrativo y de la competencia de los diferentes 贸rganos existentes en las zonas francas, y que se regulan por las disposiciones generales en materia de contratos y de negocios dispositivos.

23. El r茅gimen legal de excepci贸n de fuente legal, est谩 referido exclusivamente a los aspectos regulados expresamente por la normativa, eminentemente arancelarios y tributarios, rigiendo el derecho com煤n, en todo lo no contemplado; como por ejemplo en las hip贸tesis de disposici贸n, gravamen, afectaci贸n y modos de adquirir los derechos.

24. El principio general de responsabilidad establecido en el art铆culo 2.372 del C贸digo Civil, en virtud del cual "... los bienes todos del deudor, exceptu谩ndose los no embargables (art. 2363), son la garant铆a com煤n de sus acreedores...", no sufre alteraci贸n alguna aunque dichos bienes se encuentren en territorio franco". Es admisible el embargo y ejecuci贸n por los jueces nacionales de bienes situados f铆sicamente en zona franca, no es correcto afirmar que se encuentran ubicados en 谩rea extraterritorial y no hay norma que lo prohiba.

25. Por lo dem谩s, el art铆culo 503 de la Ley N掳 16.736 de 5 de enero de 1996 dispone que los "bienes, mercanc铆as y materias primas depositados en zonas francas, pueden ser objeto de medidas cautelares en las mismas condiciones en que lo son aquellos que ya hubieran ingresado por aduana al pa铆s...", estableci茅ndose adem谩s que podr谩n ser objeto de ejecuci贸n. Esta norma no hace m谩s que confirmar lo que ya deriva de la aplicaci贸n de los principios generales del r茅gimen jur铆dico de las zonas francas, por lo cual resulta innecesaria.

26. La ubicaci贸n fuera del territorio aduanero de los bienes prendables, trae complicaciones adicionales a la hora de obtener cr茅ditos, ya que, en caso de ejecuci贸n, el bien adquirido por el mejor postor, deber谩 ser introducido al territorio no franco para lo cual tendr谩 que pagar "los tributos, grav谩menes y recargos, vigentes en el momento de su importaci贸n..." (inciso 3掳 del art铆culo 503 de la Ley N掳 16.736), salvo que el adquirente sea otro usuario de Zona Franca; pero los bienes no est谩n exceptuados del r茅gimen com煤n de ejecuci贸n. Limitaciones subjetivas.

27. Los sujetos que intervienen en el sistema de Zonas Francas son principalmente, el explotador y los usuarios, directos o indirectos. Cuando el explotador privado es una sociedad comercial, debe tener como 煤nico y exclusivo objeto la explotaci贸n de una Zona Franca (art铆culo 13 del decreto reglamentario) y si el usuario es una persona jur铆dica, tambi茅n su objeto debe limitarse exclusivamente a la realizaci贸n de operaciones de usuario (art. 27 del mismo decreto). Cuando los usuarios asumen la forma de sociedades an贸nimas pueden optar por un r茅gimen de constituci贸n especial regulado en el art铆culo 17 de la Ley 15.921.

28. Se sostiene la ilegalidad del art铆culo 27 del Decreto 454/988 de 8 de julio de 1988, reglamentario de la Ley de Zonas Francas, entendi茅ndose que m谩s que una limitaci贸n al objeto como categor铆a de ramos de actividad de la sociedad, lo que establece son restricciones territoriales al ejercicio del objeto. Si la sociedad usuaria ha sido constituida en el extranjero, puede adoptar dos formas de actuaci贸n, ser sociedad controlante de una sociedad constituida en nuestro pa铆s con objeto de ser usuario de Zonas Francas, o bien establecer una sucursal, debiendo en este caso alterar su objeto y cumplir los requisitos establecidos en el art. 193 inciso 3掳 de la Ley de Sociedades Comerciales. Si se cumplen actos no autorizados por el contrato social, que adem谩s sean notoriamente extra帽os al objeto, ello podr铆a tener consecuencias sobre la validez o sobre la imputaci贸n de tales actos, seg煤n la posici贸n doctrinaria que se adopte. El incumplimiento del contrato de usuario, s贸lo trae consecuencias tales como la rescisi贸n del mismo y el desalojo inmediato del predio.

29. Asimismo, los usuarios de zonas francas, est谩n impedidos de desarrollar el mismo giro o cualquier otro tipo de gesti贸n empresarial fuera del territorio franco (art铆culo 14 de la Ley), pero la doctrina ha entendido que s铆 podr铆an realizar operaciones fuera del territorio nacional, estando impedidos de desarrollar comercio minorista dentro de la Zona Franca. La prenda sin desplazamiento de la tenencia.

30. Respecto a las limitaciones que podemos encontrar en la normativa legal respecto a la prenda sin desplazamiento, la doctrina ha se帽alado que podr铆an existir restricciones al otorgamiento de la llamada prenda agraria as铆 como la forestal, dado que 煤nicamente pueden llevarse a cabo en las Zonas Francas, operaciones comerciales, industriales y de servicios con total exclusi贸n de la actividad agropecuaria; y la llamada prenda industrial, s贸lo ser铆a aplicable a los usuarios que realicen actividades industriales. Sin embargo, otros, interpretando las limitaciones establecidas a los usuarios en el art铆culo 14 de la Ley N掳 15.921, entienden que podr铆an cumplir fuera del territorio franco, actividades agropecuarias y extractivas.

31. La vigencia de la Ley N掳 17.228 de 7 de enero de 2000, viene a ampliar el elenco de posibilidades de pactar este tipo de garant铆as en Zonas Francas, pues con car谩cter general establece que "... podr谩 ser objeto de prenda sin desplazamiento todo bien o derecho concretamente identificable ..." (art. 3掳), y excluyendo las limitaciones existentes en cuanto a quienes pod铆an ser deudores o acreedores, a las obligaciones garantizadas y a los bienes objeto de la garant铆a que estaban enumerados taxativamente, dispone que "... las prendas sin desplazamiento podr谩n constituirse a favor de cualquier acreedor para garantizar todo tipo de obligaciones del propietario del bien que se da en prenda o de terceros" (art. 5掳).

32. El contrato objeto de estas actuaciones, es un pr茅stamo celebrado por "Bankers Trust Company" (prestamista) con la sociedad paname帽a "IOSC International Operations and Services Corp." (como mutuaria), y en garant铆a de las obligaciones asumidas, "IOSC Zona Franca Sucursal Uruguay", sucursal uruguaya de la mutuaria, que "opera como usuario directo de zona franca ... siendo su actividad el servir de centro de distribuci贸n de productos a nivel regional y teniendo en stock al d铆a de la fecha el inventario de los bienes de su propiedad que se detallan en el anexo I y los que los reemplacen y/o sustituyan en el futuro...".

33. Se trata de un usuario directo de zona franca, propietario de los bienes (mercader铆a para actividad comercial), que se encuentran depositados en Zona Franca de Montevideo, en dep贸sito arrendado. Los bienes est谩n determinados en el inventario, son garant铆a de obligaciones de la propia sociedad (casa matriz), conforme a lo dispuesto en los art铆culos 3掳 y 5掳 de la Ley 17.288, no se trata de una operaci贸n de comercio minorista, ni de otra que encuentre limitaci贸n en la Ley. El establecimiento de la sucursal fue resuelto por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de agosto de 1999 de International Operations Services Corporation (sociedad constituida bajo las leyes de la Rep煤blica de Panam谩), e inscripto en nuestro Registro Nacional de Comercio el 11 de noviembre de 1999, tal como resulta de la documentaci贸n presentada a inscribir, y dando cumplimiento al art铆culo 193 del la Ley N掳 16.060.

34. No vemos que se exceda la limitaci贸n espacial establecida en el art铆culo 14 de la Ley N掳 15.921, que impide a los usuarios de Zonas Francas realizar actividades industriales, comerciales o de servicios fuera de las zonas francas, y pro lo dem谩s, la restricci贸n no enerva la realizaci贸n de dichas actividades fuera del territorio nacional. Respecto a la limitaci贸n relativa al objeto entendido como g茅nero de actividad, no surge agregada documentaci贸n alguna de la que resulte el contenido del contrato social, pero dado que se trata de un contrato de pr茅stamo con garant铆a de bienes ubicados en Zona Franca, no resulta un negocio ajeno a los previstos en el art铆culo 2掳 de la Ley de Zonas Francas, para los usuarios.

35. Aplicando la metodolog铆a para la determinaci贸n de la eficacia negocial elaborada por CAFARO y CARNELLI al caso planteado, debemos concluir que no encontramos elementos que afecten los presupuestos del contrato, (la capacidad jur铆dica y poder normativo negocial) ni sus elementos estructurales, ni los requisitos de eficacia.

36. Por 煤ltimo, cabe consignar que, desde el punto de vista tributario, en la cl谩usula 15陋. del documento presentado a inscribir se establece la autorizaci贸n para cambiar el status loci y consentimiento por anticipado para la venta de los bienes prendados (arts. 8 y 10 de la Ley N掳 17.228), por lo que se deber谩 pagar el Impuesto a los Servicios Registrales por cada acto presentado a inscribir (art. 368 Ley N掳 16.736 de 5 de enero de 1996). La posici贸n del registrador.

37. Los fundamentos para negar la registraci贸n pretendida, as铆 como las conclusiones a las que arriba el Esc. Carmelo Curbelo Soria, en su informe de fecha 27 de junio de 2001, no se compadecen con las normas y desarrollos doctrinarios, que venimos de dar cuenta.

38. En efecto, a nuestro juicio, se confunde el r茅gimen de "extraterritorialidad", exclusivamente de orden tributario, con el territorio pol铆tico del Estado, al afirmar que los bienes no tienen existencia jur铆dica en el pa铆s; y al expresar que si se admitiera la inscripci贸n de la prenda de referencia, la Direcci贸n de Zonas Francas no podr铆a conocer la existencia de grav谩menes sobre bienes ubicados en territorio franco y que podr铆an dar lugar a actuaciones judiciales con derivaciones no queridas por la ley.

39. En este 煤ltimo caso, son 谩mbitos diferentes, por un lado, el r茅gimen de contralor que 贸rganos especiales realizan respecto a la actividad y sujetos que integran el sistema de Zonas Francas, y por otro, la plena vigencia -salvo excepciones expresas- de las normas nacionales, tales como el sistema de publicidad registral. Es al Registro Nacional de Prendas sin Desplazamiento al que hay que consultar si se desea obtener informaci贸n en relaci贸n a los actos inscribibles en tal registro, y dicha publicidad est谩 fuera del contralor de la Direcci贸n de Zonas Francas, que cumple otros fines espec铆ficos tales como los enumerados en el art铆culo 5掳 de la Ley N掳15.921.

40. En contra del principio general de autonom铆a de la voluntad y de responsabilidad consagrado en el art铆culo 2.372 del CC que no sufren alteraci贸n ni exclusi贸n alguna, afirma que los bienes ingresados a zonas francas "carecen de posibilidad de ser garant铆a incluso de las propias obligaciones generadas por su comercializaci贸n".

41. Partiendo de un principio inverso, agrega que las operaciones autorizadas en dichas zonas son taxativas, por lo que las que no estuvieren comprendidas deber铆an contar con la autorizaci贸n del Poder Ejecutivo, tal como se hizo con el Decreto 446/997 de 19 de noviembre de 1997, que al permitir la prenda de determinados bienes, establece que "se considerar谩n radicados en el territorio nacional" y creando de esta forma una "ficci贸n de radicaci贸n". En realidad, seg煤n nuestro criterio, dicha norma reglamentaria lo 煤nico que hace es ratificar algo que -de principio- se podr铆a realizar.

42. Aplicando el mismo principio inverso, y partiendo de normas especiales y aisladas, infiere que como la Ley N掳 15.921 no "permite la vigencia de las leyes de arrendamientos dentro de las zonas francas", tampoco podr铆an realizarse contratos de prendas sin desplazamiento. De igual modo, afirma que la ley permite a los usuarios de Zonas Francas expedir "warrants" y "certificados de dep贸sitos de las mercader铆as, materias primas y productos depositados en las zonas que les hubieren sido asignadas" (art. 37 inciso 2掳 de la Ley N掳 15.921), pero ello no implica una limitaci贸n -que deber铆a establecerse a texto expreso- para otorgar otros negocios de garant铆a. III. Conclusiones

43. Salvo que se hubiera solicitado pr贸rroga con anterioridad al vencimiento del plazo inicial, lo que no surge acreditado, la oposici贸n a la calificaci贸n registral fue realizada fuera del plazo de caducidad de la inscripci贸n provisoria (art铆culo 66 de la Ley 16.871).

44. Respecto a los dem谩s puntos controvertidos, el dador prendario est谩 legitimado para actuar la rogaci贸n del documento presentado a inscribir y luego deducir oposici贸n a la calificaci贸n registral, conforme a lo dispuesto en los art铆culos 85 numeral 2掳 y 66 de la Ley Registral.

45. Desde el punto de vista sustancial, no debe confundirse el territorio pol铆tico del Estado con el r茅gimen de extraterritorialidad tributaria de los bienes ubicados en territorio franco. El r茅gimen legal de excepci贸n est谩 referido 煤nicamente a los aspectos considerados en la normativa, rigiendo el derecho com煤n, en todo lo que no est谩 expresamente contemplado.

46. Analizados los presupuestos, elementos estructurales y requisitos de eficacia del contrato presentado a inscribir, el mismo no resultar铆a observable conforme al art铆culo 65 de la Ley N掳 16.871.

Federico Albin Izuibejeres

Prof. II -

Esc. Asesor铆a T茅cnica Registral

Direcci贸n General de Registros

Asesor铆a T茅cnica Registral

Montevideo, 14 de marzo de 2002.

Sr. Director General de Registros

Dr. Esc. Fernando Caride Bianchi

P r e s e n t e.

De mi consideraci贸n:

En el d铆a de la fecha, realizada a nuestra solicitud, la b煤squeda correspondiente por parte de la Esc. Mireya Mart铆nez del Registro Mobiliario de Montevideo, surge que se solicit贸 pr贸rroga de plazo el d铆a 1掳 de junio de 2001, la que se encuentra ingresada y anotada en el ejemplar del documento presentado a inscribir protocolizado por el Registro, cuyas fotocopias se agregan a estas actuaciones. Tal situaci贸n no surge reflejada en los dos ejemplares agregados a este expediente, pero hace aplicable la salvedad puesta de manifiesto en la primera conclusi贸n de nuestro informe de fecha 5 de marzo de 2002 (numerales 14 y 43), por lo que como consecuencia, debe considerarse que la oposici贸n ha sido formulada dentro del plazo -prorrogado- de la vigencia de la inscripci贸n provisoria. Quedo a sus 贸rdenes para cualquier aclaraci贸n o ampliaci贸n.

Federico Albin Izuibejeres

Prof. II -Esc.

Asesor铆a T茅cnica Registral

Posted 3 years ago

88 / 02 12 de abril de 2002

Visto, la oposici贸n a la calificaci贸n registral interpuesta de conformidad al art铆culo 66 de la Ley Org谩nica Registral, tramitada en…

Visto, la oposici贸n a la calificaci贸n registral interpuesta de conformidad al art铆culo 66 de la Ley Org谩nica Registral, tramitada en expediente 85/001 de fecha 24 de setiembre de 2001.

Resultando:

I) Que el 25 de julio de 2001 se solicit贸 en el Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de San Jos茅, la inscripci贸n de escritura de cancelaci贸n de hipoteca sobre el inmueble empadronado con el n煤mero 001 sito en zona urbana de dicho departamento.


II) Que realizada la calificaci贸n, el documento fue observado e inscripto en forma provisoria con el N掳 00/2001, al advertir el registrador que la hipoteca objeto de cancelaci贸n, otorgada el 5 de noviembre de 1.993 ante el Escribano AA, estableci贸 que se hipotecaba el inmueble empadronado con el n煤mero 002 y as铆 hab铆a sido inscripta con el N掳 01 al F掳 02 L潞 03


III) Que el Escribano BB dedujo oposici贸n por escrito presentado el 10 de setiembre de 2001, en el que expresa que la cancelaci贸n presentada se acompa帽贸 del "t铆tulo del derecho que se modifica o extingue" (Decreto N掳 99/998, art铆culo 63 inc. 2掳); que la descripci贸n y deslinde que surge de la escritura de hipoteca corresponden no al n煤mero de empadronamiento 001 consignado en la misma por error, sino al 002; y que en dicha escritura al relacionar la procedencia (constancia B) apartado II), la referencia es correcta a 茅ste 煤ltimo padr贸n.


IV) Que el escribano autorizante de la hipoteca, al consignar por nota al pie de la primera copia de la misma, que el padr贸n correcto era el 002, ha complementado datos para la inscripci贸n del documento, siendo que el error padecido es irrelevante de acuerdo al art铆culo 1.271 del C贸digo Civil, y cita en su apoyo, el art铆culo 90 de la Ley N掳 16.871 y la Resoluci贸n N掳 208/001 de esta Direcci贸n General.


V) Que el Director del Registro de la Propiedad de San Jos茅, Escribano Daniel Cers贸simo en escrito de fecha 18 de setiembre de 2001, funda su posici贸n en que "siendo nuestro sistema registral en materia de inmuebles de base real (padr贸n) este elemento es esencial, tanto para la registraci贸n de actos y negocios jur铆dicos, como para solicitar y expedir la informaci贸n registral respectivas"; y siempre se ha exigido para proceder a una cancelaci贸n, "la total correspondencia entre los elementos identificatorios de la inscripci贸n original con los de su cancelaci贸n".


VI) Que conforme al criterio del registrador, no es de aplicaci贸n lo dispuesto en el art铆culo 90 de la Ley N掳 16.871 ya que "no se trata de datos que no resulten del documento, sino de datos que se pretenden modificar con una certificaci贸n notarial, realizada con posterioridad a la inscripci贸n"; y que s贸lo podr铆a subsanarse de oficio o a instancia de parte, cuando el error hubiera sido cometido por el Registro, que no es el caso (art铆culo 67 y siguientes de la Ley N掳 16.871)


VII) Que la Comisi贸n Asesora Registral, por acta n煤mero 64 de fecha 30 de octubre de 2001, comparti贸 la posici贸n del Registrador.
Considerando.


I) Que por los fundamentos expresados en el informe del Esc. Federico Alb铆n, de fecha 18 de enero de 2002, esta Direcci贸n General se apartar谩 de lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral. En efecto, se trata de una casu铆stica reiterada a nivel registral y que fuera objeto de otros informes del referido escribano cuyos fundamentos fueron recogidos en Resoluciones con efecto vinculante para los Registradores Nos. 208/001 de 21 de agosto de 2001; N掳 247/001 de 14 de setiembre de 2001 y N掳 299/001 de 29 de octubre de 2001.


II) Que en el caso, s贸lo existe error en uno de los datos t茅cnicos que sirven para identificar al inmueble, que tiene particular trascendencia a nivel registral porque sirve de base para la matriculaci贸n, la publicidad material y formal. Pero dicho error no vicia el consentimiento, el negocio es v谩lido y eficaz, pues est谩 claramente identificado el inmueble a trav茅s de otro c煤mulo de datos t茅cnicos, no s贸lo gr谩ficos y catastrales sino tambi茅n jur铆dicos, al hacerse menci贸n a la procedencia del bien, que es la correcta, por lo cual no resulta observable desde el punto de vista sustancial.


III) Que no es procedente afirmar que el bien que se hipotec贸 fue el empadronado con el N掳 001 ya que, precisamente existi贸 error en la menci贸n de ese elemento de identificaci贸n catastral, pero todos los restantes datos consignados tanto en la escritura de hipoteca como en la de compraventa y cancelaci贸n, no s贸lo coinciden sino que determinan inequ铆vocamente que de acuerdo a su radicaci贸n, configuraci贸n y deslinde correctos, se trata del mismo bien, y que seg煤n la anotaci贸n al pie de la primera copia de la hipoteca, es el empadronado con el N掳 002.


IV) Que respecto a las formas de subsanar el error en el padr贸n, trat谩ndose de un dato t茅cnico, son plenamente aplicables al caso los argumentos expuestos en las citadas Resoluciones de esta Direcci贸n General, respecto a la complementaci贸n de datos. No existiendo definici贸n estipulativa, una primera regla nos indica que complementar es a帽adir a una cosa o cualidad a otra cosa para hacerla 铆ntegra o perfecta, en el caso, con el fin de acceder a su registraci贸n.


V) Que el escribano no puede sustituir la voluntad de las partes, pero, estando completa la declaraci贸n de voluntad, puede aportar o completar datos necesarios para la inscripci贸n del acto o negocio jur铆dico, de modo que desde el punto de vista registral, el bien quede 铆ntegro o perfecto, conforme al ya mencionado art铆culo 90 de la Ley Org谩nica Registral.


VI) Que de acuerdo al uso general o com煤n, no hay duda que la inscripci贸n de un acto por el que se declara que el n煤mero de empadronamiento no es el que surge del documento ya inscripto sino otro, es una modificaci贸n de una inscripci贸n y por tanto, de acuerdo al numeral 20) del art铆culo 17 de la Ley Org谩nica Registral, es un acto inscribible.


VII) Que respecto a la naturaleza del acto rectificatorio, -de principio- los negocios jur铆dicos deben ser modificados o complementados por los sujetos que los celebraron y as铆 fue recogido por el inciso 1掳 del art铆culo 90 de la Ley Org谩nica Registral; pero se admiten excepciones a este principio, tales como la enunciada en el inciso 2掳 del mismo art铆culo.


VIII) Que con respecto a la determinaci贸n de datos t茅cnicos, doctrinariamente se ha entendido que son susceptibles de ser subsanados por certificaci贸n notarial, medio 茅ste que resulta 谩gil a tales fines, ya sea al pie de la primera copia de la escritura de que se trate o por separado.

IX) Que el escribano, en ejercicio de su funci贸n puede, cumpliendo las formalidades que le impone el art铆culo 200 del Reglamento Notarial, expedir certificados que tengan por objeto "acreditar la existencia de situaciones jur铆dicas, actos o hechos conocidos ciertamente por el autorizante o que se justifican mediante documento p煤blico o privado que le exhiben o compulse" (art. 199 literal a) del Reglamento Notarial).


X) Que si bien el n煤mero de empadronamiento est谩 integrado a la descripci贸n del inmueble sobre la que recae el consentimiento de partes, 茅ste ya fue dado y estando completa la declaraci贸n de voluntad e individualizado en forma indubitable el bien, no es necesario requerir ulteriores declaraciones de las partes.


XI) Que la interpretaci贸n del sentido normativo de la disposici贸n contenida en el articulo 90 citado, coadyuva la argumentaci贸n que realizamos ya que , si es posible la modificaci贸n o complementaci贸n de actos que no requieren consentimiento de parte (como por ejemplo los t茅cnicos), y que no resulten de los instrumentos que se presenten a inscribir, mediante certificado notarial en un documento que se va a presentar a inscribir o ya pre4sentado, a fin de subsanar observaciones, al pie de los documentos o por separado de los mismos racionalmente no podr铆a afirmarse que ello no pueda ser realizado con posterioridad a la inscripci贸n ya efectuada cuando se constata un error, ya que en el caso , el numero correcto de empadronamiento es un dato que no resulta del documento presentado a registrar. No se advierte que elemento temporal tenga relevancia para la interpretaci贸n de esta disposici贸n legal.


XII) Que el articulo 6 inciso final del Decreto 99/98 de 21 de abril de 1998 autoriza a la Direcci贸n General de Registras a apartarse de lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral resoluci贸n fundada.


XIII) Que es importante unificar conceptualmente la interpretaci贸n de la ley No. 16.871 de 28 de setiembre de 1997 y su decreto reglamentario No. 88/98 de 21 de abril de 1998, siendo competencia de la Direcci贸n General de Registros impartir instrucciones generales o particulares para los Registradores, con car谩cter vinculante, as铆 como resolver las oposiciones que se promuevan contra las calificaciones e inscripciones de los Registradores.


ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en el articulo 3 numerales 3) y 5); art铆culos 65 y 66 de la ley 16.871 de 28 de setiembre de 1997, y a lo dictaminado en informe referido.


El Director general de Registros

Resuelve :

1掳) Hacer lugar a la oposici贸n deducida por el Escribano BB de fecha 10 de setiembre de 2.001, contra la calificaci贸n reca铆da en el documento inscripto en el Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de San Jos茅 con el N掳 00/2001 el 25 de julio de 2001.

2掳) Notif铆quese con copia del dictamen de la Comisi贸n Asesora, y de los informes realizados, al interesado y al Director del Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de San Jos茅.

3掳) Comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral y a los Directores y Encargados de Registros.

4掳) Ins茅rtese en la P谩gina Web y rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros conforme al r茅gimen de la Circular N掳 98 de 29 de octubre de 2001.

5掳) Cumplido, arch铆vese.-

Sr. Director General de Registros

Dr. Esc. Fernando Caride Bianchi FCB/fa

Direcci贸n Gneral de Registros

Asesor铆a T茅cnica Registral

El informe por Ud. solicitado en relaci贸n al Expediente N掳 85/001 de oposici贸n a la calificaci贸n registral, vinculado tambi茅n al Expediente N掳 90/001 de recursos de revocaci贸n y jer谩rquico.

 I. Antecedentes

 1. Nos remitimos a los antecedentes que surgen suficientemente explicitados en el Acta N掳 64 de 30 de octubre de 2001 de la Comisi贸n Asesora Registral. 

II. Informe

 2. Se trata de una problem谩tica reiterada a nivel registral, y que ha sido ya objeto de otros informes del suscrito a los que b谩sicamente nos remitimos, tales como los de 12 de enero de 2001 (Expediente N掳 80/000); 11 de setiembre de 2001 (Expediente N掳 20/001); y 24 de setiembre de 2001 (Expediente N掳 72/001), cuyos fundamentos fueron recogidos en Resoluciones con efecto vinculante para los Registradores Nos. 208/001 de 21 de agosto de 2001; N掳 247/001 de 14 de setiembre de 2001 y N掳 299/001 de 29 de octubre de 2001, respectivamente.

3. Surge de la parte dispositiva de escritura de hipoteca inscripta, cuando se realiza la descripci贸n y deslinde del bien, que se padeci贸 error al referir el n煤mero de empadronamiento, se consigna el 001, cuando en realidad debi贸 decir 002, como s铆 se hace correctamente en las constancias notariales de la misma escritura, al referir la procedencia del bien, discordancia que no fue advertida por el Registro, al momento de inscripci贸n de la misma, m谩s all谩 que no estaba vigente la obligaci贸n de contralor del tracto sucesivo.

4. S贸lo existe error en uno de los datos t茅cnicos que sirven para identificar al inmueble, que justamente tiene gran trascendencia registral porque sirve de base para la actual matriculaci贸n y en el r茅gimen anterior tambi茅n para la indizaci贸n de los diferentes actos y la publicidad formal. Pero dicho error no vicia el consentimiento, el negocio es v谩lido y eficaz, pues est谩 claramente identificado el inmueble a trav茅s de otro c煤mulo de datos t茅cnicos, no s贸lo gr谩ficos y catastrales sino tambi茅n jur铆dicos, al hacerse menci贸n a la procedencia del bien, que es la correcta.

5. No se comparte la afirmaci贸n respecto que el bien que se hipotec贸 fue el empadronado con el N掳 001 ya que, precisamente existi贸 error en la menci贸n de ese elemento de identificaci贸n catastral, pero todos los restantes datos consignados tanto en la escritura de hipoteca como en la de compraventa y cancelaci贸n, no s贸lo coinciden sino que determinan inequ铆vocamente que se trata del mismo bien, y que seg煤n la anotaci贸n al pie de la primera copia de la hipoteca, es el empadronado con el N掳002.

6. Ahora bien, la indizaci贸n e informaci贸n del Registro se realiz贸 a partir de una referencia a un n煤mero de empadronamiento equivocado que se hizo en la escritura de hipoteca. Dicho error trasciende al 谩mbito registral ya que el Registro inform贸 como gravado al inmueble empadronado con el N掳 001 y no al 002 como debi贸 hacerlo. Pero que el error padecido en la escritura de hipoteca tenga incidencia en la publicidad material y formal, no implica que el hipotecado haya sido el inmueble empadronado con el N掳 001, porque el bien es uno s贸lo, y de acuerdo a su radicaci贸n, configuraci贸n y deslinde correctos, es el identificado catastralmente con el N掳 002

.
7. El objeto del contrato de hipoteca no es el bien inmueble, sino que objeto de los contratos en general son las normas que por ellos se crean; en virtud de lo cual, no deber铆a asimilarse bien inmueble con objeto del contrato, tal como surge del dictamen de la Comisi贸n Asesora Registral (Acta N掳 64).

8. Respecto a las formas de subsanar el error en el padr贸n, trat谩ndose de un dato t茅cnico, nos permitimos transcribir por ser plenamente aplicables al caso y a riesgo de extendernos excesivamente en este informe, lo que consign谩ramos en anterior informe de fecha 24 de setiembre de 2001, en el que se fund贸 la Resoluci贸n N掳 299/001 de 29 de octubre de 2001, no s贸lo porque del mismo surge el an谩lisis del informe de la Esc. Susana Igarabide al que se remite en Acta N掳 64 de Comisi贸n Asesora Registral, sino tambi茅n por el car谩cter vinculante de la referida Resoluci贸n. "

2.1. Error en el padr贸n.
El error en el n煤mero de empadronamiento, no es error en el objeto, sino en uno de los elementos identificatorios del objeto material de la prestaci贸n emergente de la obligaci贸n de una de las partes. Si el resto de los elementos que permiten identificar el bien est谩n correctamente expresados, el negocio es v谩lido y eficaz, no pudi茅ndose afirmar tampoco que exista vicio del consentimiento. Por tanto, desde el punto de vista sustancial, el negocio no es observable. No obstante, a nivel registral, la importancia de tal elemento de identificaci贸n del inmueble no puede desconocerse. Es a partir de dicho n煤mero que se realiza la publicidad material y formal, y luego de la vigencia de la Ley Org谩nica Registral, el mismo sirve de base tambi茅n para la matriculaci贸n del inmueble (art铆culo 9). En consecuencia, cualquier discordancia entre el n煤mero de empadronamiento que realmente corresponde al bien y aqu茅l que ha accedido al registro, produce una distorsi贸n evidente y no deseable a nivel de los principios de determinaci贸n y publicidad, que hace necesaria su subsanaci贸n a la brevedad, por las consecuencias perjudiciales para la seguridad jur铆dica, y para evitar la multiplicidad de efectos registrales que, a partir del error, se puedan generar.

1.2. Acto modificativo.
Veamos pues cuales pueden ser las formas de eliminar la anotada discordancia. En otros casos hemos expresado que en esta materia no es posible establecer reglas de aplicaci贸n autom谩tica, y que nos parece aconsejable realizar el estudio caso por caso. El art铆culo 17 numeral 20 de la Ley N掳 16.871 de 28 de setiembre de 1997, dispone que se inscribir谩n "las cesiones, modificaciones, rescisiones y cancelaciones de derechos inscriptos". Ya que no existe definici贸n estipulativa, por modificaci贸n entendemos, de acuerdo al uso general o com煤n (art. 18 del C.C.), a la "acci贸n o efecto de modificar o modificarse" y modificar es "3. Transformar o cambiar una cosa mudando alguno de sus accidentes". No hay duda que la inscripci贸n de un acto por el que se declara que el n煤mero de empadronamiento no es el que surge del documento ya inscripto sino otro, es una modificaci贸n de una inscripci贸n y por tanto, de acuerdo a dicha disposici贸n, es un acto inscribible.

1.3. Formas de subsanar el error.
Respecto a la naturaleza del acto rectificatorio, -de principio- los negocios jur铆dicos deben ser modificados o complementados por los sujetos del inter茅s que los celebraron y as铆 fue recogido por el inciso 1掳 del art铆culo 90 de la Ley Org谩nica Registral. El consentimiento de ambas partes contratantes en esta hip贸tesis, puede ser dado en un mismo documento, o por separado, en momentos diferentes.

Pero se admiten excepciones a este principio, tales como la enunciada en el inciso 2掳 del referido art铆culo 90 de la ley registral que en materia de modificaciones y complementos, establece que "los datos que no resulten de los instrumentos que se presenten a inscribir y salvo los que requieran consentimiento de parte, podr谩n ser aportados por el escribano, Actuario o Actuario Adjunto, mediante certificaci贸n al pie de los documentos o por separado de los mismos, con las formalidades propias de esta clase de documentos, bajo exclusiva responsabilidad del funcionario".

Con respecto a la determinaci贸n de datos t茅cnicos, doctrinariamente se ha entendido que son susceptibles de ser subsanados por certificaci贸n notarial, medio 茅ste que resulta 谩gil a tales fines, ya sea al pie de la primera copia de la escritura de que se trate o posteriormente, y tambi茅n por acto posterior (por ejemplo, establecer correctamente en futura enajenaci贸n el n煤mero correcto de empadronamiento).

El escribano, en ejercicio de su funci贸n puede, cumpliendo las formalidades que le impone el art铆culo 200 del Reglamento Notarial, expedir certificados que tengan por objeto "acreditar la existencia de situaciones jur铆dicas, actos o hechos conocidos ciertamente por el autorizante o que se justifican mediante documento p煤blico o privado que le exhiben o compulse" (art. 199 literal a) del R.N.).

No obstante, 煤ltimamente, la Comisi贸n de Derecho Registral de la Asociaci贸n de Escribanos del Uruguay, consider贸 en lo que refiere a error en el padr贸n, que se debe subsanar "mediante declaratoria de los actuales propietarios, para evitar consecuencias en lo que respecta a la oponibilidad de derechos...".

Los fundamentos de dicha exigencia estar铆an de acuerdo a esta posici贸n:

a) en lo que disponen los art铆culos 85 y 87 de la Ley N掳 16.871;

b) que en opini贸n de la Suprema Corte de Justicia, no es posible subsanar errores padecidos en las copias de las escrituras p煤blicas mediante certificados notariales, ya que 茅stos no pueden suplir la integridad y literalidad de las primeras copias respecto a su matriz;

c) que los certificados notariales no contienen negocios jur铆dicos sino comprobaciones de hechos, no est谩 previsto en norma alguna la posibilidad de inscripci贸n de un certificado notarial, salvo casos excepcionales como por ejemplo el art. 4掳 del decreto-ley N掳 15.571, y

d) por 煤ltimo que si bien el padr贸n es aportado por el escribano, integra la descripci贸n del objeto sobre el que recae el consentimiento de partes y por tanto, no puede ser subsanado mediante certificaci贸n, conforme al inciso 2掳 del art. 90 de la Ley Org谩nica Registral.

A nuestro criterio, hay argumentos que no resultan compartibles. El art铆culo 85 s贸lo regula el principio de rogaci贸n, esto es, quienes pueden hacer efectiva la solicitud y poner en marcha el procedimiento inscriptorio que discurre luego en forma autom谩tica, pero no es determinante de quienes pueden otorgar los actos que se presentan a inscribir.
El art铆culo 87, ubicado en el Cap铆tulo X de la Ley "Formas de los Documentos Presentados a Registrar", tampoco nos parece decisivo para excluir al certificado notarial como forma de subsanar un error en el n煤mero de empadronamiento, ya que s贸lo establece en el caso de los instrumentos p煤blicos que se presenten, c贸mo deben estar extendidos, es decir en la forma requerida por derecho para su validez y tener la calidad de t铆tulo del derecho o su extinci贸n.

La opini贸n citada de la Suprema Corte de Justicia respecto a la posibilidad de correcci贸n de errores padecidos en primeras copias de escrituras p煤blicas por certificado notarial no es aplicable, porque no es la hip贸tesis del caso analizado. El certificado notarial no contiene un negocio jur铆dico pero s铆 es un acto en sentido amplio y no se advierte cual es la imposibilidad de su registraci贸n, que por lo dem谩s, tiene numerosos ejemplos en diferentes normas que disponen su inscripci贸n. No encontramos en la Ley Org谩nica Registral cambios sustanciales en este sentido respecto de la normativa anteriormente vigente.

Por 煤ltimo, si bien el n煤mero de empadronamiento est谩 integrado a la descripci贸n del inmueble sobre la que recae el consentimiento de partes, 茅ste ya fue dado y estando completa la declaraci贸n de voluntad e individualizado en forma indubitable el bien, no ser谩 menester ulteriores declaraciones de las partes.

La interpretaci贸n del sentido normativo de la disposici贸n contenida en el art铆culo 90 citado, coadyuva la argumentaci贸n que realizamos ya que, si es posible la modificaci贸n o complementaci贸n de datos que no requieren consentimiento de parte, mediante certificado notarial en un documento que se va a presentar a inscribir o ya presentado, a fin de subsanar observaciones, al pie de los documentos o por separado de los mismos, racionalmente no podr铆a afirmarse que ello no pueda ser realizado con posterioridad a la inscripci贸n ya efectuada cuando se constata un error.

De lo contrario estar铆amos admitiendo que es posible realizar por v铆a indirecta lo que directamente no es viable, lo cual es carente de toda l贸gica para un sistema de inscripci贸n.
En consecuencia, las formas de subsanar la discordancia entre el padr贸n que surge de los asientos registrales y del documento inscripto, con el que realmente corresponde, siempre que la manifestaci贸n de voluntad est茅 completa y que los restantes elementos identificatorios est茅n correctamente expresados de forma de no dar lugar a dudas respecto a cu谩l es el bien al que corresponde ese padr贸n, podr铆an ser:

a) sin discusi贸n alguna, declaratoria otorgada por las partes que celebraron el negocio original o sus sucesores, ya sea en un mismo documento o por documentos separados;

b) certificado notarial al pie de la primera copia o por separado, posici贸n sustentada por la Comisi贸n de Derecho Civil y en algunas oportunidades por la de Derecho Registral de la Asociaci贸n de Escribanos del Uruguay; y

c) declaratoria suscrita s贸lo por los actuales propietarios, de acuerdo al dictamen ya citado de la 煤ltima de las Comisiones referidas.

En el caso de las declaratorias, a nuestro juicio ser铆a menester en todo caso, que el escribano interviniente objetivara la situaci贸n a trav茅s de las constancias notariales, para de esta forma, en ejercicio de la funci贸n notarial, avalar lo manifestado por las partes respecto a los datos t茅cnicos, como el del caso."

9. En el caso concreto que analizamos, nos permitimos reiterar que para interpretar debemos atender a la racionalidad final铆stica, al criterio teleol贸gico objetivo de la norma, y no quedarnos en la mera literalidad de los t茅rminos que por lo general, no nos permite arribar a la claridad de las normas. No creemos que el elemento temporal para aportar datos que no resulten del documento presentado a inscribir (y el n煤mero correcto de empadronamiento es un dato que no resulta, sino que se consigna uno equivocado), sea relevante, y por lo dem谩s la norma nada distingue y en consecuencia, no debe hacerlo el int茅rprete; el criterio sentado en funci贸n del cual, s贸lo se podr铆an subsanar inscripciones provisorias o aportar datos simult谩neamente con la inscripci贸n, es una pr谩ctica registral, que no resulta de dicha norma legal.

10. No es ajustada a derecho la afirmaci贸n que los certificados notariales no est茅n previstos como actos inscribibles, primero porque es el punto de discusi贸n que estamos tratando de elucidar y segundo porque existen numerosas disposiciones que lo permiten v. gr. el Decreto-Ley N掳 15.571 de 8 de junio de 1984 (art. 4掳) citada por la Esc. Igarabide en su mencionado informe; no est谩 vedado por ninguna norma de la Ley N掳 16.871 que en su art铆culo 16 literal E) remite al art铆culo 1掳 inciso 2掳 del Decreto-Ley N掳 15.631 de 18 de setiembre de 1984; y adem谩s, el art铆culo 59 del Decreto/99/998 de 21 de mayo de 1998, los refiere expresamente.

11. Pero en el caso, existe una particularidad que no ha sido puesta de manifiesto por los preopinantes y es la de tratarse de cancelaci贸n de una inscripci贸n. El cometido de la cancelaci贸n es la extinci贸n de un asiento, es decir, desinscribir un acto o derecho inscripto. El asiento est谩 dedicado a la negaci贸n total o parcial, del anterior contenido del Registro, y tiene la misma eficacia declarativa que la inscripci贸n. Por la cancelaci贸n cesa la vigencia jur铆dica actual del asiento registral, y puede ser dirigida no s贸lo a aquellas inscripciones con plazo de caducidad sino tambi茅n a las que -vigentes- no tengan plazo predeterminado.

12. Por lo general, la cancelaci贸n a la vez que extingue un asiento, constata registralmente la extinci贸n del derecho objeto del mismo, en este caso, la cancelaci贸n hace las veces de certificado de defunci贸n del derecho y de ese modo viene a coincidir la realidad extrarregistral con la que resulta del Registro. Pero en ocasiones, puede aparecer cancelado un derecho en los asientos y subsistir extrarregistralmente. Ello como consecuencia que los derechos reales nacen y se extinguen fuera del registro. La cancelaci贸n en definitiva, no extingue propiamente el derecho registrado, sino el asiento en que el mismo se constata, se refiere directamente al asiento existente.

13. En nuestro Derecho Registral, las formas de cancelaci贸n est谩n previstas en 82 a 84 de la Ley N掳 16.871 de 28 de setiembre de 1997. El numeral 1) del art铆culo 82 dispone que la cancelaci贸n de inscripciones vigentes proceder谩 "cuando la parte a quien ampare consienta en la extinci贸n" y el numeral 2) dispone "cuando el Juez competente as铆 lo disponga...".

14. En el Derecho espa帽ol, se ha interpretado una disposici贸n similar, en el sentido que no es necesario en la primera de las hip贸tesis, que consienta expresamente el asiento cancelatorio, la parte perjudicada por 茅l, ni tampoco que intervenga en la petici贸n. Si tal conformidad no es requerida en la cancelaci贸n voluntaria, menos a煤n va a ser necesaria en la que se realiza por orden judicial, por lo que resulta dudosa en el caso, la posibilidad de exigir una declaratoria suscrita por ambas partes.

15. Tanto en uno u otro caso, la cancelaci贸n apunta a la aniquilaci贸n de efectos registrales de un determinado asiento registral, independientemente del n煤mero de empadronamiento, cuya extinci贸n se solicita o dispone -voluntariamente o por orden del Juez- y adem谩s no es un acto que matricule (art. 16), raz贸n por la cual, habr铆a que estudiar si realmente la discordancia entre esos n煤meros de empadronamiento, es verdaderamente relevante. No obstante en el caso el usuario ya opt贸 por la v铆a de la rectificaci贸n, desde la perspectiva que analizamos, ni siquiera habr铆a que subsanar el error, ya que al momento de cancelarlo, 茅ste desaparece autom谩ticamente del sistema registral, y consecuencialmente, tambi茅n desaparecen los efectos distorsionantes de la informaci贸n err贸nea.

III. Conclusiones.

16. Si bien son posibles las soluciones propuestas por el Director del Registro de la Propiedad de San Jos茅, de acuerdo a los fundamentos expresados, es admisible tambi茅n establecer el n煤mero correcto de empadronamiento de un bien, mediante certificaci贸n notarial realizada conforme al art铆culo 200 del Reglamento Notarial, e inscribir tal modificaci贸n al amparo del art铆culo 17 numeral 20) de la Ley N掳 16.871.

17. Dicha inscripci贸n tiene efectos hacia el futuro, y por tanto es oponible registralmente a terceros a partir de la presentaci贸n del acto rectificatorio al Registro (art铆culos 54, 59 y 71 de la Ley N掳 16.871).

18. Como acto modificativo de otro ya inscripto, deber谩 tributar el "Impuesto a los Servicios Registrales".

Federico Albin Izuibejeres

Prof. II - Esc.

Asesor铆a T茅cnica Registral

Direcci贸n General de Registros

Resoluci贸n 208/01

Posted 3 years ago

89/02 19 de abril de 2002

Visto, la oposici贸n a la calificaci贸n registral interpuesta de conformidad al art铆culo 66 de la Ley Org谩nica Registral, en expedientes Nos.…

Visto, la oposici贸n a la calificaci贸n registral interpuesta de conformidad al art铆culo 66 de la Ley Org谩nica Registral, en expedientes Nos. 000/001; 000/001; 000/001; 000/001; y 000/001, los primeros de 3 de diciembre de 2001, y el 煤ltimo de 28 de diciembre de 2001.

Resultando:

I) Que en el Registro de la Propiedad Secci贸n Mobiliaria de Montevideo 鈥 Registro Nacional de Automotores, se presentaron solicitudes de inscripci贸n de oficios judiciales disponiendo la traba de embargo de veh铆culos automotores, los que fueron inscriptos en forma provisoria con los Nos. 1; 2, 3, y 4 el 2 de Julio de 2001; y con el N掳 5 el 3 de octubre de 2001, ya que de acuerdo al criterio del registrador, deb铆a acreditarse la titularidad registral de los mismos.

II) Con fecha 3 de setiembre de 2001, se solicit贸 pr贸rroga de la vigencia del plazo de la inscripci贸n provisoria.

III) Que 鈥淎A S.A.鈥 en escrito presentado el 29 de noviembre de 2001, funda su posici贸n en que se trata de autom贸viles adquiridos cero kil贸metro, y que es pr谩cticamente imposible obtener que los deudores otorguen los t铆tulos de propiedad.

IV) Que de acuerdo a su opini贸n, el art铆culo 28 de la Ley N掳 16.871 de 28 de setiembre de 1.997 sustituy贸 el art铆culo 380.1 del C贸digo General del Proceso, disponiendo que la eficacia del embargo sobre un veh铆culo automotor, se realizar谩 por la 鈥渋nscripci贸n en el Registro respectivo鈥, lo cual impide la traba del embargo por medio del Alguacil del Juzgado, ya que dicha diligencia no est谩 prevista en la ley y por lo dem谩s, no tendr铆a efecto jur铆dico alguno. Que en todos los casos, se trata de veh铆culos con derechos inscriptos previos (prendas sin desplazamiento), y los embargos en estos casos constituyen una modificaci贸n de un derecho inscripto, que habilitan la prosecuci贸n de la v铆a de apremio, ejerciendo los derechos prendarios.

V) Que el Esc. Carmelo Curbelo Soria en su informe de fecha 3 de diciembre de 2001 expresa que desde la vigencia de la Ley Registral N掳 16.871, el Registro de la Propiedad Secci贸n Mobiliaria de Montevideo entendi贸 鈥渜ue el acto inscribible a que se refiere el literal D) del art铆culo 25 s贸lo es admisible cuando la medida est谩 afectando a un titular de derecho de propiedad inscripto, lo que queda reafirmado por el art铆culo 57 relativo al tracto sucesivo鈥; expresando adem谩s que si el veh铆culo no ha ingresado al sistema registral, 鈥渆l interesado debe acudir a los procedimientos relativos a los dem谩s bienes muebles鈥, no siendo admisible la posibilidad de subsanar la observaci贸n mediante la presentaci贸n de un t铆tulo otorgado antes o despu茅s de la inscripci贸n provisoria del embargo.

VI) Que la Comisi贸n Asesora Registral por unanimidad en dictamen de fecha 20 de febrero de 2002 (Acta N掳 69), confirm贸 el criterio del Registrador.--

Considerando:

I) Que por los fundamentos que se expondr谩n a continuaci贸n, formulados por el Escribano Federico Alb铆n en su trabajo 鈥淓mbargo de Automotores sin Antecedentes Registrales. Un Ejercicio de Interpretaci贸n de Normas鈥; y en su informe de fecha 18 de enero de 2002, esta Direcci贸n General se apartar谩 de lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral. En efecto, se trata de un problema de interpretaci贸n de normas y a nivel de teor铆a hermen茅utica se entiende que toda disposici贸n debe ser interpretada, la regla in claris non fit interpretatio es rechazada por la doctrina moderna porque no hay que confundir la interpretaci贸n con la dificultad de la interpretaci贸n, ya que a conclusi贸n de claridad se arribar谩, una vez realizado el correspondiente proceso de interpretaci贸n (Cf. Mari帽o, Andr茅s 鈥淟a Interpretaci贸n Judicial del Contrato en el Derecho Uruguayo. Estudio del Sistema de Reglas Hermen茅uticas del C贸digo Civil鈥, ADCU, t. XXVIII p谩g. 607)

II) Que interpretar es atribuir significado a un texto, es la reformulaci贸n del mismo de manera que sea mejor entendido y son admisibles los diferentes criterios interpretativos no como excluyentes sino complementarios, interactuando para paso a paso, siguiendo un esquema racional, esclarecer el sentido normativo de las disposiciones legales (Cf. Larenz, Karl. 鈥淢etodolog铆a de la Ciencia del Derecho鈥. P谩g. 270. Molla, Roque, 鈥淟a prioridad de la promesa de compraventa ...鈥. ADCU. Vol. 28. P谩g. 576).

III) Que la interpretaci贸n literal, no consigue aportar en la mayor铆a de los casos, un resultado seguro y no basta, casi nunca, como criterio 煤nico, porque tolera diferentes interpretaciones, que tienen como l铆mite, los diversos sentidos literales posibles, (Cf. Larenz, Karl. op. cit. P谩g. 256) y la asignaci贸n de un sistema de significaci贸n determinado, el uso general de las palabras (art铆culo 18 del C贸digo Civil).

IV) Que ante el conflicto normativo generado por lo dispuesto en el art铆culo 28 y el literal D) del art铆culo 25 de la Ley Org谩nica Registral, el Registrador se ha inclinado por considerar aplicable in totum esta 煤ltima disposici贸n legal a nivel registral y como consecuencia, afirmar que coexisten dos sistemas de hacer efectivo el embargo, uno por la inscripci贸n en el Registro y otro por la aprehensi贸n por el Alguacil. En suma, ha parafraseado las disposiciones legales llegando a la conclusi贸n que esa es la norma que resulta de ellas.

V) Que no obstante, existen argumentos literales que determinan la armonizaci贸n de dichas normas y otras que no se han tenido en cuenta, pero de forma diversa. El art铆culo 380.1 del C贸digo General del Proceso en la redacci贸n dada por el art铆culo 28 de la Ley N掳 16.871 consagra como principio que el 鈥渆mbargo se decretar谩 por el Tribunal y se trabar谩 por el Alguacil鈥, y establece excepciones a esta regla, entre ellas, el embargo de veh铆culos automotores. Respecto de 茅ste, no s贸lo se indica que se har谩 efectivo por la inscripci贸n en el Registro, a partir de la cual ser谩 oponible a terceros (art. 54 de la Ley N掳 16.871), sino que a la vez, dispone que el de muebles, como categor铆a aut贸noma y diferenciable del anterior, se har谩 efectivo mediante su aprehensi贸n por el Alguacil.

VI) Que es claro que el legislador distingue como categor铆as independientes y que reciben regulaci贸n dis铆mil, entre otros, los veh铆culos automotores y los dem谩s bienes muebles; pero respecto de los primeros, no hace distinci贸n alguna. Afirmar que el embargo espec铆fico de veh铆culos automotores con aptitud pero sin antecedentes registrales, se hace efectivo mediante la aprehensi贸n por el Alguacil, es consagrar una f贸rmula que el legislador no utiliza.

VII) Que por lo dem谩s, el art铆culo 57 de la Ley Org谩nica Registral al regular el tracto sucesivo, no apoya la tesis del Registrador, ya que establece que no 鈥渟e inscribir谩 acto alguno que implique matriculaci贸n en el que aparezca como titular del derecho que se transfiere, modifica o afecta, una persona distinta de la que figure en la inscripci贸n precedente, salvo que el disponente se encontrare legitimado, o estuviere facultado para disponer de cosa ajena, o as铆 lo mande el juez competente鈥. El embargo o medida cautelar de un veh铆culo automotor no implica matriculaci贸n a base de lo preceptuado en el art铆culo 21 de la misma ley, por lo cual no es susceptible del contralor del tracto sucesivo por no estar comprendido en el supuesto de hecho previsto en el citado inciso 1掳 del art铆culo 57, que estar铆a en este aspecto tambi茅n en colisi贸n con el literal D) del art铆culo 25. Este requiere titularidad registral, pero aqu茅l no obliga a controlar la coincidencia del afectado por la medida judicial y la inscripci贸n precedente, sino s贸lo en aquellos casos en que el acto implique matriculaci贸n (art铆culo 57 inciso 1掳) o a partir que el bien se encuentre matriculado (art铆culo 57 inciso 2掳).

VIII) Que como argumento coadyuvante de la interpretaci贸n que admite la inscripci贸n de embargos sin antecedentes registrales, se encuentra la 煤ltima excepci贸n del p谩rrafo transcripto, es decir, cuando 鈥... as铆 lo mande el juez competente鈥, como en el caso objeto de estas actuaciones.

IX) Que al igual que para otros actos, la fuente legal que fundamenta la inscripci贸n de los embargos espec铆ficos sobre veh铆culos automotores, se encuentra en la propia ley procesal, es decir, en el art铆culo 380.1 del C贸digo General del Proceso, que ordena la inscripci贸n, sin hacer distinci贸n de tipo alguno, ya que el referido art铆culo 25 no es taxativo.

X) Que con esta interpretaci贸n literal la armonizaci贸n de las normas en cuesti贸n, surge por considerar que ambas se complementan en pie de igualdad, la primera dispone la inscripci贸n de embargos que afectan el poder de disposici贸n de titulares de derechos inscriptos y la segunda, como complemento, ordena la inscripci贸n de aquellos embargos que afecten a los titulares de derechos, inscriptos o no.

XI) Que la interpretaci贸n debe necesariamente tener en cuenta, junto al sentido literal 鈥揷omplement谩ndolo y continu谩ndolo-, la conexi贸n de significado de las proposiciones jur铆dicas, tanto en relaci贸n a sus partes individuales, como entre s铆 y con el todo del orden jur铆dico. No existe, 鈥渆n absoluto, una norma jur铆dica individual por s铆 sola, sino s贸lo normas jur铆dicas que tienen validez en su conexi贸n鈥 (Cf. Somlo, 鈥淛uristische Grundlehere鈥, p谩g. 382, citado por Larenz, Karl. op. cit. P谩g. 257).

XII) Que hay otras disposiciones en juego para la interpretaci贸n del sentido normativo, tales como el literal E) del art铆culo 25, que autoriza el ingreso al registro de 鈥渄emandas y sentencias ejecutoriadas que tengan por objeto el reconocimiento de derechos en relaci贸n con el veh铆culo automotor que afecten o puedan afectar los derechos registrados o que se registren en el futuro鈥. -

XIII) Que el embargo como medida de garant铆a -cautelar o ejecutiva- tiene por funci贸n asegurar la eficacia de la actividad jurisdiccional. Cuando tiene naturaleza ejecutiva, no es m谩s que una parte, la primera fase, del proceso ejecutivo, y es un elemento imprescindible para ejecutar, hasta el punto que su extinci贸n implica la paralizaci贸n de la ejecuci贸n por falta de medios donde realizarse (Cf. Viera, Luis Alberto, 鈥淟as medidas de garant铆a y el embargo鈥. 1949. P谩g. 49 y 26)

XIV) Que si bien no es posible la asimilaci贸n de ambas medidas 鈥揷autelar y ejecutiva- ese rasgo com煤n que las caracteriza, las comprende como dos especies dentro del mismo g茅nero, y no es irrelevante desde el punto de vista pr谩ctico, porque permite afirmar que el r茅gimen establecido para una de ellas, es aplicable a la otra tambi茅n donde no entre en contradicci贸n con el car谩cter espec铆fico de su funci贸n (Cf. Viera, Luis Alberto, op. cit. p谩g. 26 y 28).------

XV) Que resulta claro que si la demanda contiene una pretensi贸n cautelar (v.gr. solicitud de embargo), ser谩 inscribible en el Registro de Automotores al tenor de lo dispuesto en el literal E) del art铆culo 25, a煤n cuando refiera a un veh铆culo que no tenga antecedentes registrados, ya que esta norma no hace cuesti贸n en la existencia o no de tales antecedentes. Por lo que no resulta coherente que en un mismo sistema, se pueda inscribir una demanda o sentencia sobre un veh铆culo no registrado y que una medida cautelar no pueda acceder al registro.

XVI) Que desde el punto de vista l贸gico, la adopci贸n de un r茅gimen de identificaci贸n y registraci贸n 鈥揺xclusivamente de t茅cnica registral- que tiende a fortalecer los principios de especialidad y publicidad, en su doble aspecto material y formal, no puede servir de base para afirmar que en los hechos se var铆e o dificulte la forma de hacer efectivos los derechos sustanciales, sino que por el contrario, deben contribuir a la realizaci贸n de 茅stos. Por otra parte, la base del sistema para actos que no abren matr铆cula est谩 expresamente contemplada en el art铆culo 93 inciso 5掳 de la Ley N掳 16.871

XVII) Que si pese a los argumentos expuestos, a煤n resultaren expresiones oscuras de la ley, deberemos acudir a su intenci贸n o esp铆ritu, manifestados en la misma, o a la historia fidedigna de su sanci贸n (art. 17 C.C.). La claridad de la f贸rmula literal que impide recurrir al esp铆ritu no es la que resulta del significado de las palabras, sino de su concordancia con la voluntad del legislador o con el texto de la ley (de acuerdo a la concepci贸n subjetiva u objetiva que se adopte), esto es, la claridad del precepto no en su aspecto gramatical, sino en su funci贸n normativa (Cf. S谩nchez Fontans, Jos茅. 鈥淚nterpretaci贸n Extensiva y Analog铆a鈥, R.D.J.A. t. 60, p谩g. 204).

XVIII) Que las representaciones de los autores de la ley y los prop贸sitos del legislador aut茅ntico, s贸lo pueden inferirse de fuentes directas, del propio texto o de la exposici贸n de motivos, actas de sesiones parlamentarias y dem谩s deliberaciones que constituyen la historia fidedigna de su sanci贸n y no se debe acudir a las reconstrucciones hist贸ricas o conjeturas subjetivas que el int茅rprete de turno pretenda realizar en apoyo de su tesis.

XIX) Que en este aspecto son determinantes las expresiones formuladas en Sala de Sesiones de C谩mara de Diputados, en cuanto a que 鈥... hemos logrado realizar una modificaci贸n importante al C贸digo General del Proceso, estableciendo que para la traba y eficacia del embargo de los veh铆culos automotores se procede de la misma manera que en materia de inmuebles, de semovientes de pedigr铆, de naves y aeronaves. Consideramos que los veh铆culos automotores son f谩cilmente identificables; por lo tanto no hay una raz贸n clara por la cual el embargo s贸lo tenga eficacia a partir de la traba realizada por el alguacil del Juzgado鈥 (Cf. Diputado Dr. Fernando Ara煤jo Abimorad. 鈥淒iario de Sesiones de la C谩mara de Representantes鈥, N掳 2653, 17 de junio de 1997, p. 65 y ss.).-

XX) Que si la intenci贸n del legislador fue modificar el r茅gimen de traba de embargos para todos los veh铆culos automotores sin distinci贸n, para asimilarlos al r茅gimen de los inmuebles y modifica el propio C贸digo General del Proceso, lo que aparece claramente explicitado, la posici贸n sustentada por el Registro hasta el presente, no atiende esta finalidad.

XXI) Que aprehender una ley de un modo pleno de sentido quiere decir entenderla de acuerdo a la consideraci贸n de su fin, de las soluciones que con ella se persiguen. Pero cuando se incurre en contradicciones, tales como las que analizamos, es posible acudir incluso a los fines teleol贸gico objetivos, ya que se debe suponer que la intenci贸n estaba dirigida a lo objetivamente conveniente (Cf. Larenz, ... op. cit.... p谩g. 263 y 271); y desde el punto de vista procesal, a la soluci贸n que mejor contribuya a la realizaci贸n de los derechos sustanciales (art铆culo 17 del C贸digo General del Proceso).

XXII) Que a contrario de lo que surge del Acta de la Comisi贸n Asesora Registral referida, con la posici贸n adoptada hasta el momento por el Registro de la Propiedad Secci贸n Mobiliaria de Montevideo, se desalienta el otorgamiento o al menos la inscripci贸n de los t铆tulos de propiedad de los veh铆culos automotores, lo que a todas luces no parece haber sido la intenci贸n del legislador. Admitir dicho criterio ser铆a dejar un gran espectro de veh铆culos, fuera del alcance del embargo inscribible en el Registro 鈥搚 a partir de la inscripci贸n oponible a terceros- cuando la misma no se justifica, trat谩ndose de bienes de la misma naturaleza.

XXIII) Que en los casos de conflictos normativos, en general se acepta que 鈥渆l 贸rgano creador de la norma ha facultado al 贸rgano aplicador a escoger la alternativa que le parezca m谩s conveniente entre las normas contradictorias ... Para lograr esta soluci贸n, generalmente es necesario parafrasear la redacci贸n original ... La nueva redacci贸n otorgada a una de las normas en conflicto significa sentar la validez de una norma nueva, introducida en el orden jur铆dico 煤nicamente como para par谩frasis aclaradora...鈥 (Cf. Vernengo, Roberto. 鈥淐urso de Teor铆a General del Derecho鈥, p谩g. 375 y 376).-

XXIV) Que la conciliaci贸n racional de las normas (art. 10 del C.C.) se encuentra como ya se indic贸, en considerar al art铆culo 380.1 del C贸digo General del Proceso, como de mayor extensi贸n, que dispone la inscripci贸n de los embargos de automotores registrables a煤n sin antecedentes registrales. El legislador pudo resultar pleon谩stico al establecer la exigencia de que los embargos 鈥渁fecten los poderes de disposici贸n de titulares de derechos inscriptos鈥; pero esta referencia gramatical no puede primar por sobre el resto de la interpretaci贸n literal efectuada, ni sobre los argumentos hist贸ricos, sistem谩ticos, l贸gicos y teleol贸gicos expuestos.-

XXV) Que en el caso particular de las presentes actuaciones, y a煤n adoptando la posici贸n del Registrador, tiene un aspecto adicional a considerar, y es que se trata de inscripci贸n de embargos a efectos de ejecutar prendas de veh铆culos inscriptas con anterioridad a la vigencia de la Ley N掳 16.871 de 28 de setiembre de 1997. Trat谩ndose de una prenda sin desplazamiento, para la posici贸n mayoritaria, dicho negocio de garant铆a crea un v铆nculo de indisponibilidad, privando al dador prendario del poder de disposici贸n; se trata de un v铆nculo m谩s fuerte que el que crea el embargo, por lo cual, admitida que fue la prenda, bajo el imperio de otras normas, deber铆a admitirse 茅ste v铆nculo de indisponibilidad relativa, de menor intensidad, a efectos de llevar adelante la ejecuci贸n. Igual criterio habr铆a que admitir para quienes participan de otras posiciones en torno a la naturaleza jur铆dica de la prenda sin desplazamiento, y en todos los casos, parece innegable la existencia de 鈥渄erechos inscriptos鈥, m谩s all谩 de posiciones fundadas en la mera literalidad, carentes de contenido sustancial.

XXVI) Que se admite en doctrina y jurisprudencia, como defensa, o l铆nea de resistencia a los efectos de la aplicaci贸n inmediata de las nuevas normas, el respeto de los derechos adquiridos. La prenda otorgada e inscripta regularmente de acuerdo a las normas vigentes en dicho momento, no podr铆a verse afectada por la sanci贸n de leyes posteriores que hacen m谩s gravosa la situaci贸n del acreedor, tales como el contralor del tracto sucesivo, por lo que se seguir铆a rigiendo 鈥揹e forma excepcional- por el r茅gimen derogado como forma aplicar racionalmente y en forma atenuada el principio de no retroactividad de las leyes.

XXVII) Que el art铆culo 6掳 inciso final del Decreto 99/998 de 21 de abril de 1998 autoriza a la Direcci贸n General de Registros a apartarse de lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral por resoluci贸n fundada. XXVIII) Que es importante unificar conceptualmente la interpretaci贸n de la Ley N掳 16.871 de 28 de setiembre de 1997 y su decreto reglamentario N掳 99/998 de 21 de abril de 1998, siendo competencia de la Direcci贸n General de Registros impartir instrucciones generales o particulares para los Registradores, con car谩cter vinculante, as铆 como resolver las oposiciones que se promuevan contra las calificaciones e inscripciones de los Registradores.

Atento: a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en el art铆culo 3掳 numerales 3) y 5), y art铆culos 65, 66 y 85 de la ley 16.871 de 28 de setiembre de 1997; y a lo dictaminado en informe ya referido.

El Director General de Registros,

Resuelve:

1掳) Hacer lugar a la oposici贸n deducida por 鈥淎A SOCIEDAD ANONIMA鈥 de fecha 29 de noviembre de 2.001, contra la calificaci贸n reca铆da en los documentos inscriptos en forma provisoria en el Registro de la Propiedad Secci贸n Mobiliaria de Montevideo 鈥 Registro Nacional de Automotores con los Nos. 1; 2, 3, y 4 el 2 de Julio de 2001; y con el N掳 5 el 3 de octubre de 2001.

2掳) Modif铆quense las Resoluciones de esta Direcci贸n General que se opongan a la presente.

3掳) Notif铆quese a la interesada y al Director del Registro de la Propiedad Secci贸n Mobiliaria de Montevideo.

4掳) Comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral y a los Directores y Encargados de Registros.

5掳) Ins茅rtese en la pagina web y rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros conforme al r茅gimen de la Circular N掳 98 de 29 de octubre de 2001.

6掳) Cumplido, arch铆vese.

(Fdo.) Dr. Esc. Fernando Caride Bianchi - Director General de Registros

 
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99/02 25 de abril de 2002

Visto: la oposici贸n a la calificaci贸n registral interpuesta de conformidad al art铆culo 66 de la Ley N掳 16.871 de 28…

Visto: la oposici贸n a la calificaci贸n registral interpuesta de conformidad al art铆culo 66 de la Ley N掳 16.871 de 28 de setiembre de 1997, tramitada en expediente 122/2001 de 23 de abril de 2001.

Resultando:

I) Que con fecha 12 de noviembre de 2001 se solicit贸 en el Registro de la Propiedad Secci贸n Mobiliaria de Montevideo, la inscripci贸n de un contrato de compraventa del veh铆culo automotor empadronado en Montevideo con el No. 000000

II) Que realizada la calificaci贸n, el documento fue inscripto en forma provisoria con el N掳 00000el 12 de noviembre de 2001, observando el registrador que el mismo carec铆a de la conformidad del c贸nyuge del vendedor.-----------------

III) Que la Esc. XX dedujo oposici贸n por escrito presentado el 19 de diciembre de 2001, en el que expresa que:

a) se trata de una venta celebrada en el a帽o 1997, firmada s贸lo por la parte vendedora, (c贸nyuge administrador del bien), careciendo la misma de certificaci贸n de firma.

b) en dicho momento aun no estaba vigente la ley 16.871 de 27 de setiembre de 1997, por lo que el legitimado para la venta y tradici贸n era simplemente el c贸nyuge administrador. La falta de certificaci贸n notarial del documento no es necesaria para el otorgamiento del acto sino un requisito necesario para la inscripci贸n.

c) Que la 煤nica manera de subsanar la omisi贸n de la certificaci贸n es con la ratificaci贸n del otorgante ante el Escribano actuante en el momento del otorgamiento; siendo eso precisamente lo que se hizo, se certific贸 a posteriori

IV) Que el Registrador funda su posici贸n en que la cl谩usula 11 del contrato al referirse al lugar y fecha de otorgamiento dice textualmente: " Las partes otorgan y firman este contrato en Montevideo el 13 de agosto de 2001 y 22 de octubre de 2001 (parte compradora)." No cabe duda de que ambos otorgamientos fueron posteriores a la vigencia de la ley 16.871 y por lo tanto se requiere la conformidad de ambos c贸nyuges y a煤n cuando la vendedora hubiere suscrito el documento antes de dicha vigencia, el acto se perfeccion贸 posteriormente, por lo que debe cumplirse con lo establecido en el art. 27 de la ley 16.871 que requiere la conformidad de ambos c贸nyuges.

V) Que la Comisi贸n Asesora Registral, por dictamen 3/002 asentada en el Acta n煤mero 69 de fecha 20 de febrero de 2002, aprobado por unanimidad, confirm贸 el criterio del registrador y ratific贸 la posici贸n ya vertida en el dictamen 17/2001 (Acta 57 de 20 de junio de 2001), en cuanto a que el registrador debe controlar la conformidad del c贸nyuge no administrador para inscribir las enajenaciones o constituci贸n de derechos reales en el Registro de Automotores (art. 25 literal a, 27 e inciso final del art. 65 de la ley l6.871)

Considerando :

I) Que por los fundamentos expresados, esta Direcci贸n General se afiliar谩 a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral. De acuerdo a las fechas establecidas en el documento, ha quedado de manifiesto que tanto la manifestaci贸n del vendedor como la del comprador fueron realizadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 16.871, al igual que el perfeccionamiento del contrato de compraventa

II) Que el art铆culo 27 de la ley 16.871 dispone que las enajenaciones de veh铆culos automotores de car谩cter ganancial, realizadas dentro del r茅gimen de dicha ley, deben contar con la conformidad expresa de ambos c贸nyuges.

III) Que no se considera de recibo la opini贸n de la Escribana XX cuando sostiene que la venta se celebr贸 en el a帽o 1997, ya que al formalizarse la misma exist铆a documentaci贸n firmada por la parte vendedora (C贸nyuge administrador del bien vendido) pero sin certificaci贸n notarial. Se confunde lo que es una propuesta de contratar con el otorgamiento del contrato de venta, lo cual supone necesariamente la existencia de otra parte que acepte dicha oferta o propuesta, para que el mismo quede perfeccionado, siendo por lo tanto intrascendente esa fecha anterior.

IV) Que es importante unificar conceptualmente la interpretaci贸n de la Ley N潞 16.871 de 28 de setiembre de 1997 y su decreto reglamentario N潞 99/98 de 21 de abril de 1998, siendo competencia de la Direcci贸n General de Registros impartir instrucciones generales o particulares para los Registradores, con car谩cter vinculante, as铆 como resolver las oposiciones que se promuevan contra las calificaciones e inscripciones de los Registrados.

Atento: a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en el art铆culo 27, 65, 66 y 85 de la ley 16.871 de 28 de setiembre de 1997; y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

El Director General de Registros

Resuelve:

1掳) No hacer lugar a la oposici贸n deducida por la Escribana XX de fecha 19 de diciembre de 2001, contra la calificaci贸n reca铆da en el documento inscripto en el Registro de la Propiedad Secci贸n Mobiliaria de Montevideo- Registro Nacional de Automotores con el N潞 39121 el 12 de noviembre de 2001.

2掳) Notif铆quese con copia del dictamen de la Comisi贸n Asesora, y a la interesada y al Director del Registro de la Propiedad Secci贸n Mobiliaria de Montevideo.

3掳) Comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral y a los Directores de Registros, con copia a 茅stos 煤ltimos, del informe en el que se funda y dictamen realizado. Cumplido, arch铆vese.-

4潞) Ins茅rtese en la p谩gina Web y rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros conforme al r茅gimen de la Circular N潞 98 de 29 de octubre de 2001

5潞) Cumplido, arch铆vese.-

(Fdo. ) Dr. Esc. Fernando Caride Bianchi -

Director General de Registros

 
Posted 3 years ago

109 / 02 30 de Mayo de 2002

Visto: la consulta formulada por la Direcci贸n del Registro de la Propiedad de la Ciudad de la Costa del departamento de…

Visto: la consulta formulada por la Direcci贸n del Registro de la Propiedad de la Ciudad de la Costa del departamento de Canelones, sobre la posibilidad de cancelar unilateralmente por el titular registral determinadas inscripciones relativas a cesiones de derechos posesorios.

Resultando:

I) Que la consulta se fundamenta por la citada Direcci贸n en el apartado 1) del art铆culo 82 de la ley 16.871, argumentando que dicha norma no establece distinci贸n alguna y en consecuencia la cancelaci贸n es procedente tambi茅n a solicitud del titular registral

II) Que la Comisi贸n Asesora Registral, por Acta n煤mero 59, de 16 de agosto de 2001, por unanimidad se pronunci贸 por la soluci贸n negativa, aprobando un informe del Esc. Daniel Ramos, reiterando asimismo la posici贸n contenida en el dictamen No. 41 del Acta 28 de 5 de octubre de 1999.

Considerando:

I) Que el numeral 1 del art铆culo 82 de la ley 16.871 tiene un 谩mbito de aplicaci贸n que corresponde analizar en forma sistem谩tica y en consonancia con las dem谩s disposiciones de la normativa registral.

II) Que la posesi贸n con 谩nimo de due帽o, conforme a la doctrina que se comparte, constituye un conjunto de derechos de contenido patrimonial, trasmisibles a t铆tulo universal y singular (Escribano Arturo Yglesias, Rev.AEU, tomo 74, n潞 Ext., p谩g.492). En igual sentido, Guillot (Comentarios al C贸digo Civil, Tomo V, N潞23) concluye que se trata de un derecho real, con efecto frente a terceros, y que de conformidad al art铆culo 649 del C贸digo Civil el poseedor tiene protecci贸n legal por el hecho de la posesi贸n; los frutos se perciben directamente y la acci贸n reivindicatoria puede ejercerse a煤n por el poseedor frente a quien tenga un derecho inferior. Cambiasso (Rev.AEU, vol.78 pags.421-428, jul-dic.1992), coincidente con la posici贸n de Guillot, respecto a los efectos de la inscripci贸n, sostiene que se trata de un derecho que coexiste con el derecho de propiedad y que en definitiva depender谩 del resultado de la reivindicaci贸n o de la usucapi贸n para determinar el mejor derecho. Si bien la posesi贸n no se registra, s铆 es inscribible la cesi贸n de derechos posesorios, la cual seguida de la tradici贸n, trasmite un derecho real registrable como un "desmembramiento de dominio".

III) Que una vez inscripta la cesi贸n de derechos posesorios, la normativa registral los proyecta hacia terceros dot谩ndolos de cognoscibilidad, oponibilidad, estableciendo asimismo un orden de prelaci贸n de los derechos registrados (principio de prioridad). En consecuencia, se estima que el mantenimiento de la inscripci贸n interesa tambi茅n a los terceros con derechos derivados de la misma, quienes en definitiva ser谩n los afectados por la cancelaci贸n.

IV) Que en la eventualidad de cancelar las inscripciones conforme se solicita, no se cumple con la finalidad del derecho registral por cuanto se desatiende la seguridad de la contrataci贸n realizada en base a la informaci贸n registral obtenida por terceros.

V) Que las cancelaciones solicitadas exclusivamente por el titular registral, deben considerarse procedentes para aquellos actos que tienen como antecedentes determinados v铆nculos de indisponibilidad e inoponibilidad (prendas, hipotecas, usufructo), y que, una vez satisfecho o renunciado el derecho del acreedor en la relaci贸n jur铆dica sustantiva, corresponde s贸lo a este solicitar la cancelaci贸n de una inscripci贸n establecida en su propio beneficio.

VI) Que para los casos en cuesti贸n, corresponde que las cancelaciones se efect煤en de mandato judicial conforme al numeral 2 del propio art铆culo 82 y al inciso segundo del art铆culo 85 de la ley 16.871

VII) Que la solicitud en los t茅rminos en que se plantea puede llegar a interpretarse como un desistimiento, rigiendo para el mismo determinados requerimientos de oportunidad, que de plano impiden aplicarlo en los casos objeto de la consulta. En efecto, el art铆culo 86 de la ley 16.871 establece que "s贸lo podr谩 desistirse de las solicitudes de registraci贸n cuando el documento presentado a inscribir a煤n no hubiera sido calificado o se hubiere inscrito el mismo provisoriamente"

VIII) Que la actuaci贸n registral, en tanto procedimiento de derecho p煤blico, no puede quedar librado a la voluntad de los particulares sino en los casos en que la ley expresamente lo autoriza. Requiri茅ndose una actividad administrativa que tiene por objeto registrar un acto o negocio jur铆dico, cuyo resultado es el querido por el titular del derecho inscripto con los efectos propios de la publicidad registral, no es viable pronunciarse en sentido contrario por cuanto la petici贸n fue satisfecha tal como lo solicitara oportunamente el inscribiente.

IX) Que se comparte el dictamen N潞 28/2001 aprobado por la Comisi贸n Asesora Registral en sesi贸n de fecha 16 de agosto de 2001.

Atento: a lo dispuesto en los art铆culos 5, numeral 5, 7, 82, numerales 1 y 2, 85 inciso 2潞 y 86 de la ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997; 6 del Dto.99/98, de 21 de abril de 1998; y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral. El Director General de Registros:

Resuelve:

1潞) Disponer que no corresponde la cancelaci贸n de inscripciones de cesiones de derechos posesorios solicitadas exclusivamente por el titular registral, debiendo utilizarse el procedimiento judicial previsto en el numeral 2 del art铆culo 82 de la ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997.

2潞) Notif铆quese con copia del dictamen de la Comisi贸n Asesora Registral, al Director del Registro de la Propiedad de Ciudad de la Costa del departamento de Canelones.

3潞) Ins茅rtese en la p谩gina Web y rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros conforme al r茅gimen de la Circular N潞 98 de 29 de octubre de 2001.

4潞) Cumplido, arch铆vese.-

(Fdo.) Dr. Esc. Fernando Caride Bianchi - Director General de Registros.-

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111 / 02 Modificiaciones a la Ley de

Visto la necesidad de establecer un criterio uniforme de calificaci贸n registral para efectuar el contralor del Banco de Previsi贸n Social, en…

Visto la necesidad de establecer un criterio uniforme de calificaci贸n registral para efectuar el contralor del Banco de Previsi贸n Social, en la constituci贸n de Prendas sobre Acoplados o Zorras, con o sin padr贸n y matr铆cula municipales.

Resultando:

I) Que se han recibido consultas de los registradores, en el sentido de precisar qu茅 tipo de certificados controlar a los contribuyentes.

II) Que seg煤n se informa por el Registro de xxxxxx dichos bienes se utilizan 煤nicamente para actividades industriales o agrarias, y conforme al numeral 6) del art铆culo 664 de la ley 16.170, corresponde el contralor de un certificado 煤nico especial. Que no obstante, el criterio de la filial del Banco de Previsi贸n Social es que s贸lo expide certificados 煤nicos para dichos casos.

III) Que la Comisi贸n Asesora Registral, por Acta N潞 65 de 28 de noviembre de 2001, sugiri贸 que se efectuara la consulta pertinente a las oficinas t茅cnicas del Banco de Previsi贸n Social, por cuanto no existe un criterio uniforme en todas sus dependencias.

IV) Que esta Direcci贸n General, solicit贸 la opini贸n del Banco de Previsi贸n Social, en tanto organismo encargado de la emisi贸n de los referidos certificados.

Considerando:

I) Que en las situaciones a resolver, corresponde adoptar un criterio de calificaci贸n tributaria, el cual deber谩 cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias establecidos en la materia.

II) Que en consecuencia, se considera aplicable el numeral 6 del art铆culo 664 de la ley 16.170, si el dador prendario es contribuyente del Banco de Previsi贸n Social.

III) Que se estima viable utilizar como antecedente la opini贸n fundada de la instituci贸n encargada de la percepci贸n de los tributos. El Banco de Previsi贸n Social, a trav茅s de sus oficinas t茅cnicas informa a fs.28 que "dichos bienes no constituyen por s铆 mismos un veh铆culo automotor de carga o transporte de pasajeros, por lo cual no corresponde registrar los mismos en el B.P.S. en asociaci贸n a contribuyente alguno, ser谩n tomados como maquinaria simplemente"; "en todos los contratos de prenda que otorgue una persona f铆sica o jur铆dica que reviste la calidad de contribuyente del Organismo, deber谩 exigirse la presentaci贸n de un Certificado Especial -art铆culo 664-, con la sola excepci贸n de que dicha prenda recaiga sobre un veh铆culo automotor com煤n (no de carga o transporte) correspondiendo en tal caso la presentaci贸n de una Certificado Com煤n, art.663".-

IV) Que en igual sentido, del art铆culo 3.2.2. de la Resoluci贸n N潞 217 la Direcci贸n General de Registros, de 28 de noviembre de 2000, se infiere que corresponde controlar un certificado 煤nico especial. Atento:: a lo dispuesto en los art铆culos 3, numeral 3, 7, 64 y siguientes de la ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997; 6 del Dto.99/98, de 21 de abril de 1998; numeral 6 del art铆culo 664 de la ley 16.170, de 28 de diciembre de 1990, art铆culo 1潞 del Decreto 152/91, de 12 de marzo de 1991, el art铆culo 3.2.2 de la Resoluci贸n N潞 217 de la DGR, de 28 de noviembre de 2000, y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

El Director General de Registros:

Resuelve:

1潞) Establecer como criterio de calificaci贸n, con car谩cter vinculante para los registradores, que respecto del Banco de Previsi贸n Social, en los casos de prendas de zorras o acoplados, con o sin padr贸n y matr铆cula municipales, se controlar谩 por el dador prendario contribuyente el certificado 煤nico especial previsto en el numeral 6) del art铆culo 664 de la ley 16.170. Si se tratara de no contribuyente, se estar谩 a la declaraci贸n jurada negativa establecida en el art铆culo 1潞 del Dto.152/91.

2潞) Notif铆quese a los Directores de Registros y comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral.

3潞) Ins茅rtese en la p谩gina Web y rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros conforme al r茅gimen de la Circular N潞 98 de 29 de octubre de 2001.

4潞) Cumplido, arch铆vese.-

(Fdo. ) Dr. Esc. Fernando Caride Bianchi - Director General de Registros

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112/02 7 de Junio de 2002

Visto: la necesidad de establecer un criterio uniforme de calificaci贸n registral para el contralor de los certificados especiales del Banco…

Visto: la necesidad de establecer un criterio uniforme de calificaci贸n registral para el contralor de los certificados especiales del Banco de Previsi贸n Social, en las enajenaciones de veh铆culos automotores de carga y transporte.

Resultando:

I) Que se elev贸 la consulta por la Direcci贸n del Registro de Automotores de Montevideo, sosteniendo que el contralor notarial que efect煤a el registro es el relativo al titular registral. A criterio del Esc. Carmelo Curbelo, si el veh铆culo ingres贸 al sistema, el certificado debe "habilitar la venta propia y no de terceros por m谩s que figuren como eventuales "empresas sucesoras"en el certificado del BPS, concepto en todo caso comercial pero que no se compadece con la naturaleza aceptada por nuestro Derecho Civil". Fundamenta su posici贸n en lo dispuesto por el art铆culo 57 de la ley 16.871 que establece el control del tracto sucesivo, de la propia norma fiscal que establece una vigencia de 180 d铆as para los certificados especiales (art铆culo 665 de la ley 16.170), y trat谩ndose de no contribuyentes, en el art铆culo 1潞 del decreto reglamentario 152/91, que precept煤a que la declaraci贸n jurada negativa debe establecerse en el instrumento respectivo.

II) Que la Comisi贸n Asesora Registral, por Acta 63 de 17 de octubre de 2001, por mayor铆a, admite el contralor del 煤ltimo titular registral y de los posteriores poseedores del veh铆culo mediante los respectivos certificados especiales que acrediten el encadenamiento o sucesi贸n, agreg谩ndose un informe presentado por el Escribano Daniel Ramos. En posici贸n minoritaria, la Dra. Judith Gonz谩lez y la Esc.Ofelia Lancibidad se pronuncian por la soluci贸n contraria, por considerar que si bien el titular registral puede no tener la posesi贸n del veh铆culo, argumento v谩lido para fundamentar la otra posici贸n, estrictamente y de acuerdo a la documentaci贸n que se presenta a registrar, el titular del derecho es quien comparece a transferir el dominio por tradici贸n y en tal caso corresponder铆a el contralor del certificado especial.

III) Que esta Direcci贸n General, solicit贸 la opini贸n del Banco de Previsi贸n Social, en tanto organismo encargado de la emisi贸n de los referidos certificados. A fs.27 y 37 se informa por sus oficinas t茅cnicas que la naturaleza o destino de determinados bienes hacen presumir la existencia de determinada actividad comercial gravada por los tributos de seguridad social, pero ello no debe ocurrir necesariamente en todos los casos: "ejemplo del titular de derechos de propiedad o usufructo sobre un cami贸n no tiene necesariamente que ser la persona que realiza con dicho bien la actividad gravada, porque lo ha dado en comodato, lo ha arrendado, etc. Por lo cual no siempre coincidir谩n las calidades de enajenante con la de contribuyentes del B.P.S.". "El Banco de Previsi贸n Social ha entendido que el t茅rmino enajenaci贸n utilizado por el legislador, hace necesario efectuar el contralor previsto en los art铆culo 663 y 664 a todos aquellos actos jur铆dicos que impliquen desprendimiento de los derechos que una persona tiene sobre un bien, por lo cual la "cesi贸n" de compromisos de compraventa se entiende como enajenaci贸n de derechos."

Considerando:

I) Que conforme surge de los resultandos precedentes, no existe una posici贸n un谩nime que habilite a pronunciarse para todos los casos con la misma soluci贸n.

II) Que el criterio de realidad establecido para la interpretaci贸n de la norma tributaria (art铆culo 4潞 del C贸digo Tributario), habilita llegar a resultados restrictivos o extensivos a los efectos de determinar el verdadero alcance de la norma tributaria, lo cual implica adoptar una resoluci贸n para cada situaci贸n en las cuales se presenten dudas sobre la forma del contralor, a fin de cumplir con el mandato legal previsto en el numeral 3 del art铆culo 664 de la ley 16.170.

III) Que en las situaciones a resolver, corresponde adoptar un criterio de calificaci贸n tributaria, el cual deber谩 cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias establecidos en la materia, siendo viable utilizar como criterios de interpretaci贸n seg煤n las especiales caracter铆sticas de cada caso, la posici贸n del Registro de Automotores de Montevideo y de otros t茅cnicos del servicio, o de la Comisi贸n Asesora Registral coincidente con el de la instituci贸n encargada de la percepci贸n de los tributos.

IV) Que existen argumentos desde el punto de vista del derecho sustancial (articulos 758 y siguientes, 1252 y 1664 del C贸digo Civil) que permiten inferir que, existiendo acuerdo de partes en la cosa y en el precio, y acreditada la entrega del automotor, se produce el efecto real propio de la enajenaci贸n, configur谩ndose la situaci贸n que amerita el contralor, conclusi贸n compartida incluso por las oficinas t茅cnicas del Banco de Previsi贸n Social.

V) Que en consecuencia, se cumple con la exigencia respecto del numeral 3 del art铆culo 664 y art铆culo 668 de la ley 16.170 si en determinados casos se controlan los certificados por los titulares registrales, y adem谩s, las posteriores enajenaciones que deber谩n surgir del respectivo relacionado notarial.

Atento:a lo dispuesto en los art铆culos 758 y siguientes, 1252 y 1664 del C贸digo Civil; art铆culo 4潞 del C贸digo Tributario; art铆culos 3, numeral 3, 7, 64 y siguientes de la ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997; 6 del Dto.99/98, de 21 de abril de 1998; numeral 3 del art铆culo 664 y art铆culo 668 de la ley 16.170, de 28 de diciembre de 1990, art铆culo 1潞 del Decreto 152/91, de 12 de marzo de 1991, y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

El Director General de Registros,

Resuelve:

1潞) Establecer como criterio de calificaci贸n, con car谩cter vinculante para los registradores, que respecto del Banco de Previsi贸n Social, en los casos de enajenaci贸n de veh铆culos de carga y transporte, del titular registral se controlar谩:

A) Si no fuera contribuyente, declaraci贸n jurada negativa.

B) Si fuera contribuyente, al momento del otorgamiento del acto inscribible, certificado especial con una vigencia de 180 d铆as contados a partir del d铆a siguiente al de su expedici贸n (art.665 de la ley 16.170). Si el certificado tuviera una antig眉edad mayor a dicho plazo con respecto al otorgamiento del acto, y control谩ndose adem谩s por certificaci贸n notarial otros certificados especiales de poseedores posteriores, los documentos se inscribir谩n provisoriamente conforme al r茅gimen del art铆culo 64 y siguientes de la ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997.

3潞) En caso de oposici贸n a la calificaci贸n registral, se elevar谩n a esta Direcci贸n General todos los antecedentes resolvi茅ndose en cada caso concreto, debiendo indicarse por el interesado los fundamentos que ameritan a transformar en definitiva la inscripci贸n solicitada.

4潞) Notif铆quese a los Directores de Registros, con copia del dictamen de la Comisi贸n Asesora Registral e informes de los t茅cnicos de la Direcci贸n General de Registros.

5潞) Comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral.

6潞) Ins茅rtese en la P谩gina Web y rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros conforme al r茅gimen de la Circular N潞 98 de 29 de octubre de 2001.

7潞) Cumplido, arch铆vese.-

(Fdo.) Fernando M. Caride Bianchi

Director General de Registros

Informe del Esc. Daniel Ramos

Montevideo, 1潞 de octubre de 2001

Asesor铆a T茅cnica Registral

Asunto: certificado especial del BPS. Antecedentes Se presenta el Escribano Dar铆o Castro formulando una consulta a la Comisi贸n Asesora Registral sobre el alcance de la calificaci贸n fiscal respecto al contralor del certificado 煤nico especial del Banco de Previsi贸n Social para la enajenaci贸n de veh铆culos de carga o transporte. El tema es recurrente por cuanto ya ha motivado similares planteos por algunos registradores por lo que consideramos es oportuno tomar una posici贸n sobre el punto atento a lo dispuesto en el numeral 3掳 del art铆culo 3 de la ley 16.871. Se sustentan dos posiciones.

1) La formulada por el consultante, Esc.Dar铆o Castro, para quien la exigencia del contralor debe limitarse al enajenante del veh铆culo. De acuerdo a los antecedentes que se agregan, se deduce por este informante que el fundamento de tal posici贸n radica en que la obligaci贸n tributaria surge en relaci贸n directa por la explotaci贸n econ贸mica del veh铆culo. En consecuencia y de acuerdo a esta posici贸n, puede darse por cumplida la calificaci贸n registral en concordancia con el numeral 3) del art铆culo 664 de la ley 16.170, si se acredita el contralor en forma sucesiva de todos los certificados especiales a partir del 煤ltimo titular registral.

2) La que manifiesta el Escribano Carmelo Curbelo, Director (I) del Registro de Automotores de Montevideo, quien considera que en todos los casos el certificado 煤nico especial a controlar por el registro debe referirse necesariamente al titular registral. Dicho certificado debe "habilitar la venta propia y no de ajenos", como asimismo encontrarse dentro del per铆odo de vigencia de 180 d铆as a que alude el art铆culo 665 de la ley 16.170. Asimismo, se hace hincapi茅 en el art铆culo 1潞 del Decreto 152/991, que no obstante referirse a la situaci贸n de los no contribuyentes, en forma expresa hace menci贸n que la declaraci贸n jurada a consignar debe surgir del instrumento respectivo.

Interpretaci贸n de la norma tributaria

Conforme a Vald茅s Costa , en materia de interpretaci贸n de la norma tributaria rige el principio de la realidad. En tal sentido el int茅rprete podr谩 alcanzar resultados extensivos o restrictivos de los t茅rminos empleados por la ley, pudiendo utilizarse todos los m茅todos de interpretaci贸n reconocidos por la ciencia jur铆dica (art.4潞 del C贸digo Tributario), d谩ndose libertad para optar por una u otra pauta de interpretaci贸n, enumeradas o no en otras ramas jur铆dicas, para determinar el verdadero alcance de la norma tributaria. De la misma forma, el art铆culo 6潞 de dicho C贸digo refiri茅ndose al hecho generador, reitera el principio de realidad haciendo primar la substancia sobre la forma, de manera que el int茅rprete no quede atado por las formas jur铆dicas adoptadas por los particulares.

Enajenaci贸n

La transferencia del dominio se logra mediante la concreci贸n de un tipo complejo integrado por el negocio obligacional (t铆tulo para transferir el dominio)y el negocio dispositivo (modo) logrando de esta forma el efecto real querido por los contratantes. Gamarra caracteriza a la enajenaci贸n en sentido estricto como un negocio dispositivo con efectos directos sobre el patrimonio del disponente y con este alcance consideramos el significado utilizado por la norma tributaria en el numeral 3) del art铆culo 664 de la ley 16.170.

Implica transferir un derecho subjetivo preexistente -para nuestro caso el dominio- produciendo una baja en el activo del disponente que tiene como consecuencia inmediata la atribuci贸n de ese mismo derecho en el patrimonio del adquirente. Vinculado al tema de automotores, el Escribano Curbelo se ha pronunciado sobre la eficacia de la enajenaci贸n entre las partes llegando a admitir incluso que la transferencia del dominio (efecto real) se produce mediante el acuerdo de las partes "en la cosa y el precio y entrega del bien".

Tampoco corresponde establecer una forma determinada para la manifestaci贸n del consentimiento en el acuerdo de las partes. En materia de automotores rige el principio general de la consensualidad establecida para los bienes muebles (res mobilis, res vilis) en el art铆culo 1252 del C贸digo Civil, no correspondiendo que el consentimiento se exteriorice mediante una forma determinada. Afirma Gamarra que "la compraventa consensual puede realizarse, en consecuencia, verbalmente, por instrumento privado o por escritura p煤blica, seg煤n lo decidan los contratantes, porque la ley no requiere ninguna forma especial."

Nos interesa particularmente este enfoque ya que se trata de determinar la incidencia de la enajenaci贸n entre los particulares respecto a la relaci贸n jur铆dica tributaria planteada frente al BPS por el hecho mismo de la transferencia dominial.

El tema debe analizarse estrictamente entre las partes y respecto de la relaci贸n jur铆dica del deudor con el BPS (el enajenante) no correspondiendo por tanto considerar elementos ajenos a dicha relaci贸n. Conforme a esta posici贸n no corresponde exigir s贸lo el certificado del titular registral sino adem谩s de todos aquellos que hubieran sido due帽os independientemente de que tuvieran t铆tulo inscripto.

Publicidad Registral

El alcance de este principio plasmado en la ley 16.871 es relevante a por cuanto contribuye a determinar hasta donde la inscripci贸n puede incidir sobre el acto objeto de la consulta. Derogado el art铆culo 100 de la ley 13.420, rigiendo en consecuencia el inciso 3潞 del art铆culo 54 de la ley 16.871, no hay duda que la inscripci贸n en el Registro de Automotores es de tipo declarativa, y por tanto sus efectos s贸lo tienen relevancia frente a terceros no afectando en consecuencia las relaciones internas entre las partes o frente al BPS. La inscripci贸n no determina la adquisici贸n de la propiedad y tampoco es la 煤nica prueba para permitir acreditar la efectiva enajenaci贸n del veh铆culo automotor. La apariencia de realidad jur铆dica que crea la inscripci贸n debe ceder frente al aporte de otros elementos que acrediten el acto complejo integrado por el negocio obligacional (t铆tulo h谩bil para transferir el dominio) y el negocio dispositivo.

Tracto Sucesivo.

El tracto sucesivo previsto en los art铆culo 57 y 58 de la ley 16.871 refieren a aspectos formales registrales para asegurar una soluci贸n de continuidad y correlaci贸n de las inscripciones existentes en el registro. Es nuestra opini贸n que desde el punto de vista tributario, atento al principio de realidad previsto para la interpretaci贸n de la norma, interesan las situaciones no inscriptas a los efectos de determinar la configuraci贸n del hecho generador por el acto de enajenaci贸n. En tal sentido consideramos acertada la posici贸n que sostiene que, adem谩s de controlar el certificado especial por el titular registral, se controlen otros certificados respectos de otros propietarios no registrados; de esta forma el escribano o registrador cumple con la norma tributaria que le exige efectuar el contralor en los casos de enajenaci贸n. Avala esta posici贸n el texto del numeral 3潞 del art铆culo 664 de la ley 16.170 en cuanto a que no califica o no requiere que el enajenante, adem谩s, sea el titular registral. A lo que vamos es que debe delimitarse estrictamente el 谩mbito de contralor tributario respecto a un control formal registral como lo es el tracto sucesivo. Para el primero, interesa la calificaci贸n del negocio enajenaci贸n; en cambio, para el tracto sucesivo, la vinculaci贸n debe realizarse necesariamente con la inscripci贸n precedente.

Certificado Especial.

El Escribano Villanustre lo caracteriza como aquel "que se expide a los contribuyentes a una fecha determinada -la que motiva la solicitud- y que no registren deudas con el Banco de Previsi贸n Social. En esta oportunidad, el Banco realiza un relevamiento total de las obligaciones del contribuyente, un control m谩s a fondo que en el caso anterior" (se refiere al certificado 煤nico). La fecha determinada es la fecha de entrega de la posesi贸n . De acuerdo a la posici贸n que compartimos, es en esta fecha que qued贸 configurada la enajenaci贸n ya que se materializa el acuerdo de partes "en la cosa, el precio y entrega del bien" seg煤n lo manifestado por Curbelo en su trabajo citado "ut supra". Por otra parte existe adem谩s un argumento de orden l贸gico y de sentido com煤n que surge de las caracter铆sticas propias del certificado especial. Si este certificado refiere a la situaci贸n contributiva a una fecha determinada y si ya se oper贸 la enajenaci贸n: 驴qu茅 objeto tiene volver a expedir un nuevo certificado que en definitiva va a reiterar la misma fecha de entrega de posesi贸n del veh铆culo?

Responsabilidad del profesional y funcionario interviniente.

El art铆culo 668 de la ley 16.170, frente a la omisi贸n del contralor del certificado, sanciona con la responsabilidad solidaria de los profesionales y funcionarios intervinientes (registradores) respecto de las deudas tributarias del contribuyente omiso. De acuerdo a la posici贸n que compartimos, se cumple con la exigencia de la norma tributaria si se controlan todos los certificados especiales a partir del 煤ltimo titular registral incluso respecto de aquellos titulares del dominio que no figuraren inscriptos en el registro. Es m谩s, la omisi贸n a nuestro criterio, surgir铆a si se relacionaren negocios que seg煤n la ley 16.170 deben considerarse enajenaciones y no se dejare constancia de los respectivos certificados especiales habilitantes (es el caso de las promesas con obligaciones sustanciales y sus cesiones).

En conclusi贸n:

1) La interpretaci贸n de la norma tributaria debe realizarse conforme al principio de realidad, y respecto al hecho generador, las formas jur铆dicas adoptadas por los particulares no limitan al int茅rprete para descubrir del verdadero significado de la norma.

2) El supuesto habilitante para el contralor del certificado exigido por el numeral 3) del art铆culo 664 de la ley 16.170 lo constituye la enajenaci贸n del veh铆culo de carga o transporte. Dicho negocio se configura por yuxtaposici贸n del t铆tulo h谩bil para transferir el dominio y el modo, no rigiendo forma especial alguna para la expresi贸n del consentimiento.

3) Conforme al inciso tercero del art铆culo 54 de la ley 16.871 la inscripci贸n registral del t铆tulo en el Registro de Automotores debe considerarse de tipo declarativa. La inscripci贸n no determina la adquisici贸n de la propiedad y tampoco es la 煤nica prueba para permitir acreditar la efectiva enajenaci贸n del veh铆culo automotor.

4) El principio de tracto sucesivo no impide efectuar el contralor tributario a titulares dominiales diferentes a los que figuran inscriptos en el Registro. De acuerdo al principio de realidad que rige para la interpretaci贸n de la norma jur铆dica, la calificaci贸n del registrador debe preocuparse por exigir el contralor del certificado especial toda vez que se configure una enajenaci贸n de un veh铆culo de carga o transporte que constituya un antecedente del acto a registrar.

5) La caracter铆stica del certificado especial (relevamiento total de las obligaciones del contribuyente a la fecha de la entrega de la posesi贸n ), considerando el efecto real propio de la enajenaci贸n, hace innecesario la obtenci贸n de un posterior certificado especial al que en su momento se hubiera expedido por el titular registral.

6) El Registrador no incurre en responsabilidad si controla certificados especiales respecto de titulares del dominio no inscriptos en el Registro.

Esc. Daniel Ramos

Jefe de Departamento

Testimonio Parcial del Acta 63 de la Comisi贸n Asesora Registral de fecha 17 de Octubre ( dictamen 35/2001) y fundamentaci贸n de la Esc. Ofelia Lancibidad.

"35/2001. Criterio de Calificaci贸n. Consulta del Escribano Dar铆o Castro (Expte.84/2001). El Escribano Dar铆o Castro en nota dirigida a la Comisi贸n Asesora Registral, consulta sobre el alcance del contralor del certificado 煤nico especial del BPS, para los casos de enajenaci贸n de veh铆culos de carga y transporte. El tema de discusi贸n lo constituye en saber qu茅 certificados controlar y exigir para el supuesto en cuesti贸n: del titular registral y los poseedores, o s贸lo y necesariamente el del titular registral vigente al otorgamiento de la enajenaci贸n (vigencia establecida por el art.665 de la ley 16.170). Se agregan informes del Esc.Carmelo Curbelo y del Escribano Daniel Ramos.

Luego de un intercambio de opiniones, la Comisi贸n Asesora Registral dictamina: Por Mayor铆a hay acuerdo en que es admisible el contralor respecto del 煤ltimo titular registral y de los posteriores poseedores del veh铆culo mediante los respectivos certificados especiales que acrediten el encadenamiento o sucesi贸n. Se entiende que el automotor como bien mueble se transfiere con el acuerdo de las partes en el precio, objeto y entrega del veh铆culo (posesi贸n) y que el certificado especial se expide para un acto y a una fecha determinada.

Se manifiestan Discordes la Escribana Lancibidad y la Dra. Gonz谩lez, ya que la norma, si bien en el caso planteado, el titular registral ya no tiene la posesi贸n del veh铆culo, estrictamente y de acuerdo a la documentaci贸n que se presenta a registrar, el titular registral aparece disponiendo del derecho como titular del dominio. Lo que la norma exige para habilitar la expedici贸n del certificado especial es que el contribuyente se encuentre al d铆a con todas sus aportaciones al BPS y no s贸lo por la enajenaci贸n del veh铆culo. Asimismo preocupa el tema de la responsabilidad a que est谩 sujeto el registrador como funcionario interviniente en el acto de registro (art铆culo 668 de la ley 16.170). No obstante, agrega la Esc. Lancibidad, en consideraci贸n a que el BPS de Montevideo no expide un nuevo certificado especial si ya se hubiera entregado la posesi贸n del veh铆culo a un promitente comprador o cesionario, en el Registro de Canelones se est谩 admitiendo el control mediante el encadenamiento de todos los certificados desde el titular registral hasta el 煤ltimo poseedor.

En general la Comisi贸n considera que ser铆a conveniente ajustar la legislaci贸n respecto a los certificados especiales porque pueden producirse situaciones injustas o derivar en situaciones no muy coherentes. Se plantea el caso, por ejemplo, en que el titular registral hubiera entregado la posesi贸n (enajenado) y a posteriori se hubiera jubilado, otorg谩ndose el t铆tulo de propiedad luego de los 180 d铆as de la obtenci贸n del certificado especial. Hoy el titular registral no es contribuyente pero antes s铆 lo fue; el BPS no expide al titular registral, otro certificado que habilite la enajenaci贸n del veh铆culo de carga o transporte porque ya no es m谩s contribuyente. Como consecuencia de esta situaci贸n, la Esc. Lancibidad expresa que el titular registral debe declarar que no es contribuyente del BPS, en tal caso el Registro admite la declaraci贸n negativa y no exige el contralor del certificado.

Firman: Emlio Susena, Marta Toneguzzo, Daniel Ramos, Ofelia Lancibidad, Judith Gonz谩lez

 
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114/02 13 de Junio de 2002

Visto: la competencia de la Direcci贸n General de Registros de fijar criterios de calificaci贸n registral con car谩cter vinculante para los registradores.…

Visto: la competencia de la Direcci贸n General de Registros de fijar criterios de calificaci贸n registral con car谩cter vinculante para los registradores.

Resultando:

I) Que la Comisi贸n Asesora Registral elev贸 para consideraci贸n de esta Direcci贸n General el Acta 57, de 20 de junio de 2001, conteniendo determinados criterios de calificaci贸n registral elaborados sobre la base de las consultas de los Registradores, incluy茅ndose en la presente Resoluci贸n el alcance de la excepci贸n del contralor de Contribuci贸n Inmobiliaria del art铆culo 2.4 de la Resoluci贸n de la Direcci贸n General de Registros, n煤mero 217 de 28 de noviembre de 2000, y su modificativa n煤mero 132 de 22 de mayo de 2001.

II) La consulta refiere a si debe entenderse o no que la expresi贸n "y sus modificaciones", del art铆culo 2.4 de la Resoluci贸n 217/2000, es aplicable a las cesiones de promesas que tuvieran como antecedentes promesas inscriptas a solicitud del promitente comprador, argument谩ndose por algunos registradores que s贸lo es aplicable a los actos modificativos excluyendo de tal concepto a las cesiones.

III) Que el tema fue difundido y comentado por los integrantes de la Comisi贸n Asesora Registral en el Congreso Nacional de Registradores celebrado en la ciudad de Minas, entre el 21 y el 23 de junio de 2001, identificando al punto objeto de la presente resoluci贸n como la Conclusi贸n N煤mero 6 de dicho Congreso.

Considerando:

I) Que se comparte el criterio de calificaci贸n establecido por la Comisi贸n Asesora Registral en el dictamen No. 23 del Acta 57, la cual por unanimidad aprob贸 el informe del Escribano Daniel Ramos. En tal sentido no corresponde el contralor del pago de contribuci贸n inmobiliaria en las cesiones de promesas para los casos en cuesti贸n, por cuanto el cesionario queda en el mismo lugar que el promitente comprador, y en el supuesto, es una gesti贸n realizada sin intervenci贸n del propietario (sujeto obligado al pago), quedando comprendida por tanto en similar situaci贸n a la prevista en la resoluci贸n presidencial de 5 de mayo de 1934, expres谩ndose en sus fundamentos con relaci贸n a la ley 9328 "que la disposici贸n legal citada tiene por finalidad que el pago del Impuesto Inmobiliario se efect煤e regularmente por los propietarios respectivo o las personas obligadas a ello y en manera alguna y en tal concepto no procede esa exigencia a los no propietarios de bienes que formulen gestiones relacionadas con 茅stos".

II) Que el inciso primero del art铆culo 2.4 de la Resoluci贸n 217/2000 de la Direcci贸n General de Registros establece como criterio general, o fundamento de no contralor, el mismo concepto que la Resoluci贸n presidencial citada.

III) Que no obstante, dicho criterio no debe considerarse aplicable a todas las cesiones de promesas sino espec铆ficamente en los casos objeto de la presente resoluci贸n ya que, por la sucesi贸n del promitente comprador operada a favor del cesionario, s贸lo a este y a las eventuales cesiones posteriores debe extenderse el beneficio original.

IV) Que de acuerdo al numeral 3) del art铆culo 3潞 de la ley 16.871, compete a la Direcci贸n General de Registros impartir instrucciones generales o particulares con car谩cter vinculante para los Registradores.

V) Que con la presente resoluci贸n se procura armonizar la aplicaci贸n de la normativa con incidencia en la actividad de calificaci贸n registral y con el objetivo de unificar su interpretaci贸n en casos similares. Atento: a lo dispuesto por el literal c) del art铆culo 2潞 de la ley 9.328, de 24 de marzo de 1934; los art铆culos 3, numeral 3, 7, de la ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997; el art铆culo 4潞 del C贸digo Tributario, 6 del Dto.99/98, de 21 de abril de 1998, la Resoluci贸n Presidencial de 5 de mayo de 1934, y las Resoluciones de la Direcci贸n General de Registros, art铆culo 2.4. de la n煤mero 217, de 28 de noviembre de 2000, y n煤mero 132 de 22 de mayo de 2001.

El Director General de Registros:

Resuelve:

1潞) Establ茅cese como criterio de calificaci贸n registral, que no corresponde el contralor del pago del impuesto de contribuci贸n inmobiliaria, en las cesiones de promesas de compraventa y de enajenaci贸n que tuvieran como antecedente una promesa u otra cesi贸n en las cuales la inscripci贸n originaria se realiz贸 exclusivamente a solicitud del promitente comprador.

2潞) Notif铆quese a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas t茅cnicas con copia del Dictamen e Informe en que se funda la presente Resoluci贸n, quienes har谩n lo propio con los funcionarios a su cargo.

3潞) Comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral.

4潞) Ins茅rtese en la P谩gina Web y rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros conforme al r茅gimen de la Circular N潞 98 de 29 de octubre de 2001.

5潞) Cumplido, arch铆vese.

(Fdo.) Dr. Esc. Fernando Caride Bianchi - Director General de Registros

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119 / 02 27de Junio de 2002

Visto: La propuesta de modificaci贸n del formulario de solicitud de informaci贸n registral al Registro Nacional de Actos Personales planteada por…

Visto: La propuesta de modificaci贸n del formulario de solicitud de informaci贸n registral al Registro Nacional de Actos Personales planteada por la Asesor铆a T茅cnica Administrativa.

Resultando:

I) Que de acuerdo al criterio establecido en el instructivo que figura al dorso del formulario respectivo, cuando la causal de la disoluci贸n de sociedad conyugal es el fallecimiento de uno de los c贸nyuges, las cesiones de ex - gananciales se informan al efectuar el pedido por Cesi贸n de Derechos Hereditarios, no siendo necesario pedir expresamente en el casillero de Negocios sobre ex - Gananciales.

II) Que debido a cambios en la programaci贸n inform谩tica, en aquellas inscripciones efectuadas a partir del 14/5/01, cuando las disoluciones de sociedad conyugal tuvieren como causal el fallecimiento de uno de los c贸nyuges, se informan por el c贸nyuge cedente o renunciante en el pedido por "Negocios sobre ex - Gananciales".

III) Que la Asesor铆a T茅cnica Administrativa - en acuerdo con el Departamento de Inform谩tica - realiz贸 las modificaciones al Instructivo contenido en el formulario correspondiente.

Considerando:

Que comparti茅ndose el informe del Esc. Carlos Ma. Milano que antecede, corresponde en consecuencia, dictar Resoluci贸n aprobando la modificaci贸n del formulario y comunicarlo a las entidades autorizadas para su impresi贸n y venta, as铆 como a los usuarios del servicio, de acuerdo al r茅gimen de la Circular N潞 98 de 29 de octubre de 2001. Atento: A lo dispuesto por el art. 60 del Decreto No. 99/98.-.

El Director General de Registros

Resuelve

1潞) Apru茅base la modificaci贸n al instructivo contenido en el formulario de Solicitud de Informaci贸n, destinado al Registro Nacional de Actos Personales, dej谩ndose sin efecto el formulario anterior, sin perjuicio de que los distintos Registros continuar谩n acept谩ndolo mientras las imprentas cuenten con stock remanente.

2潞) Comun铆quese a todas las dependencias, a la Asociaci贸n de Escribanos del Uruguay y dem谩s entidades, autorizando la impresi贸n correspondiente.

3潞) Ins茅rtese en la p谩gina Web y rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros, conforme al r茅gimen de la Circular N潞 98 de 29 de octubre de 2001.

4潞) Cumplido, arch铆vese.-

(Fdo.) Dr. Esc. Fernando Caride Bianchi - Director General de Registros

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125 / 02 5 de Julio de 2002

Visto: el Congreso Nacional de Registradores, realizado en la ciudad de Minas entre el 21 al 23 de junio de 2001.…

Visto: el Congreso Nacional de Registradores, realizado en la ciudad de Minas entre el 21 al 23 de junio de 2001.

Resultando:

I) Que el fundamento de su convocatoria, lo constituy贸 la necesidad de responder a las consultas y planteamientos de los registradores de todo el pa铆s con la finalidad de establecer criterios uniformes de calificaci贸n registral.

II) Que en base al temario recibido, esta Direcci贸n General estim贸 oportuno solicitar a la Comisi贸n Asesora Registral los dict谩menes pertinentes a efectos de ser considerados en el Congreso Nacional.

III) Que difundidos y explicitados los dict谩menes de la Comisi贸n Asesora Registral, compendiados en el Acta 57 de 20 de junio de 2001, con el aporte de todos los registradores participantes en el evento, se resaltan como altamente positivas y de importante valor t茅cnico jur铆dico las conclusiones obtenidas en el referido Congreso.

IV) Que a trav茅s de la presente Resoluci贸n, se aspira a precisar el alcance de la calificaci贸n registral respecto a la conformidad del c贸nyuge no administrador para la registraci贸n de los actos relativos a determinados bienes adquiridos a nombre de uno o de ambos integrantes de la sociedad conyugal.

Considerando:

I) Que los art铆culos 1971 del C贸digo Civil y 27 de la ley 16.871, establecen como requisito para la enajenaci贸n o constituci贸n de derechos reales en inmuebles, establecimientos comerciales y automotores, la conformidad expresa de ambos c贸nyuges.

II) Que se comparte la conclusi贸n 9.C del citado Congreso, la cual a su vez coincide con el dictamen N潞 21/2001 de la Comisi贸n Asesora Registral, que establece que 鈥渆l Registrador debe controlar dicha conformidad en tanto que la norma registral 鈥搇a ley 16.871- determina que los actos inscribibles (art铆culo 17, numeral 1; 25, literal A; y 49, numeral 6) son actos de transferencia de dominio y en consecuencia corresponde la calificaci贸n del negocio dispositivo鈥.

III) Que la comprobaci贸n de la existencia de la conformidad del c贸nyuge no administrador, al tenor del numeral 5 del art铆culo 65 de la ley 16.871, determina la obligaci贸n a cargo del registrador de efectuar el an谩lisis del acto dispositivo por tener previsi贸n en el elenco de los actos y negocios jur铆dicos sujetos a publicidad registral.

IV) Que no obstante este contralor, se participa de la posici贸n amplia en cuanto a que se considera que su omisi贸n no debe interpretarse como una nulidad o inexistencia de consentimiento, concluy茅ndose que se trata de un acto inoponible al c贸nyuge no otorgante, admiti茅ndose en consecuencia la posibilidad de levantarse la observaci贸n por un acto posterior.

V) Que con la presente resoluci贸n se procura armonizar la aplicaci贸n de la normativa con incidencia en la actividad de calificaci贸n registral y con el objetivo de unificar su interpretaci贸n en casos similares.

Atento: a lo dispuesto por el art铆culo 1971 del C贸digo Civil; los art铆culos 3, numeral 3, 7, 17 numeral 1, 25 literal A, 27, 49 numeral 6, 65 numeral 5, de la ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997; el art铆culo 6 del Dto.99/98, de 21 de abril de 1998.

El Director General de Registros

Resuelve

1潞) Establecer como criterio de calificaci贸n con car谩cter vinculante para los registradores, que en los casos que corresponda, deber谩 exigirse la conformidad expresa de ambos c贸nyuges para la inscripci贸n de los actos relativos a los bienes indicados en los art铆culos 1971 del C贸digo Civil y 27 de la ley 16.871. A los efectos del levantamiento de las observaciones, sin realizar nueva inscripci贸n, la conformidad del c贸nyuge no administrador podr谩 otorgarse unilateralmente por acto posterior conforme a los art铆culos 87 y 88 de la ley 16.871.

2潞) Notif铆quese a las Direcciones de los Registros.

3潞) Comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral.

4潞) Ins茅rtese en la p谩gina web y rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros conforme al r茅gimen de la Circular N潞 98 de 29 de octubre de 2001.

5潞) Cumplido, arch铆vese.

(Fdo.) Dr. Esc. Fernando Caride Bianchi - Director General de Registros

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129 / 02 8 de Julio de 2002

Visto: el Congreso Nacional de Registradores, realizado en la ciudad de Minas entre el 21 al 23 de junio de 2001.…

Visto: el Congreso Nacional de Registradores, realizado en la ciudad de Minas entre el 21 al 23 de junio de 2001.

Resultando:

I) Que el fundamento de su convocatoria, lo constituy贸 la necesidad de responder a las consultas y planteamientos de los registradores de todo el pa铆s con la finalidad de establecer criterios uniformes de calificaci贸n registral.

II) Que en base al temario recibido, esta Direcci贸n General estim贸 oportuno solicitar a la Comisi贸n Asesora Registral los dict谩menes pertinentes a efectos de ser considerados en el Congreso Nacional.

III) Que difundidos y explicitados los dict谩menes de la Comisi贸n Asesora Registral, compendiados en el Acta 57 de 20 de junio de 2001, con el aporte de todos los registradores participantes en el evento, se resaltan como altamente positivas y de importante valor t茅cnico jur铆dico las conclusiones obtenidas en el referido Congreso.

IV) Que la presente Resoluci贸n, tiene por objeto expedirse sobre la vigencia de la expedici贸n de certificados de dominio en el Registro Nacional de Veh铆culos Automotores, identificando al tema como la Conclusi贸n N潞14.

Considerando:

I) Que a partir de la ley 16.871 y su Decreto Reglamentario 99/98, se estableci贸 un nuevo estatuto para la inscripci贸n e informaci贸n de los actos y negocios jur铆dicos sujetos a publicidad registral.

II) Que respecto al Registro de Veh铆culos Automotores, el Decreto 143/77 de 15 de marzo de 1977, preve铆a en su art铆culo 12 la posibilidad de expedir un certificado de dominio para hacer efectivo el principio de tracto sucesivo consagrado en el art铆culo 11 de dicha norma (Cacciatori, "Registros Inmobiliarios y Mobiliarios", pags.100,102,109, Montevideo 1989).

III) Que la ley 16.871 tambi茅n consagra el principio del tracto sucesivo en los art铆culos 57 y 58, reglamentado para el Registro de Automotores por el numeral 2潞 del art铆culo 19 del Dto.99/98, estableciendo asimismo el art铆culo 2.2 de la Resoluci贸n 264 de la Direcci贸n General de Registros, de 29 de diciembre de 1998, que se acreditar谩 por "certificaci贸n notarial, presentaci贸n del t铆tulo antecedente, certificado de informaci贸n registral, fotocopia de cualquiera de ellos o constancia notarial".

IV) Que por los art铆culos 73 y siguientes de la ley 16.871, no se contempla la posibilidad de expedir certificaciones de acuerdo al procedimiento y con las caracter铆sticas de los previstos en el art铆culo 12 del Dto.143/77, no correspondiendo en consecuencia su aplicaci贸n por encontrarse t谩citamente derogado.

V) Que se coincide con el dictamen de la Comisi贸n Asesora Registral, que concluye que "no es una modalidad admitida dentro del r茅gimen legal, y adem谩s, el art铆culo 19 del Dto. 99/98 no establece la exigencia de adjuntarlo".

VI) Que de acuerdo al numeral 3) del art铆culo 3潞 de la ley 16.871, compete a la Direcci贸n General de Registros impartir instrucciones generales o particulares con car谩cter vinculante para los Registradores.

VII) Que con la presente resoluci贸n se procura armonizar la aplicaci贸n de la normativa con incidencia en la actividad de calificaci贸n registral y con el objetivo de unificar su interpretaci贸n en casos similares.

Atento: a lo dispuesto por los art铆culos 3, numeral 3, 7, 57, 58, 73 a 77 y 100 de la ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997; art铆culos 6潞, 19 y 65 del Dto.99/98, de 21 de abril de 1998; y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

El Director General de Registros

Resuelve:

1潞) Establecer como criterio de calificaci贸n registral, con car谩cter vincultante para los registradores, que el Registro Nacional de Veh铆culos Automotores s贸lo podr谩 expedir certificados de informaci贸n conforme al r茅gimen de los art铆culos 73 y siguientes de la ley 16.871, no correspondiendo expedirse "certificados de dominio" de acuerdo al Dto.143/77.

2潞) Notif铆quese a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas t茅cnicas con copia del Dictamen de la Comisi贸n Asesora Registral.

3潞) Comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral.

4潞) Ins茅rtese en la P谩gina Web y rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros conforme al r茅gimen de la Circular N潞 98 de 29 de octubre de 2001.

5潞) Cumplido, arch铆vese.

(Fdo.) Dr.Esc.Fernando Caride Bianchi - Director General de Registros

Posted 3 years ago

130/02 11 de Julio de 2002

  Visto: el Congreso Nacional de Registradores, realizado en la ciudad de Minas entre el 21 al 23 de junio de 2001.…

  Visto: el Congreso Nacional de Registradores, realizado en la ciudad de Minas entre el 21 al 23 de junio de 2001.

Resultando:

I) Que el fundamento de su convocatoria, lo constituy贸 la necesidad de responder a las consultas y planteamientos de los registradores de todo el pa铆s con la finalidad de establecer criterios uniformes de calificaci贸n registral.

II) Que en base al temario recibido, esta Direcci贸n General estim贸 oportuno solicitar a la Comisi贸n Asesora Registral los dict谩menes pertinentes a efectos de ser considerados en el Congreso Nacional.

III) Que difundidos y explicitados los dict谩menes de la Comisi贸n Asesora Registral, compendiados en el Acta 57 de 20 de junio de 2001, con el aporte de todos los registradores participantes en el evento, se resaltan como altamente positivas y de importante valor t茅cnico jur铆dico las conclusiones obtenidas en el referido Congreso.

IV) Que el objeto de la presente Resoluci贸n, es determinar la denominaci贸n del acto a establecer en los formularios de reservas de prioridad para el otorgamiento de escrituras de constituci贸n o modificaci贸n de hipotecas, oper谩ndose novaci贸n de obligaciones a trav茅s de los actos vinculados a 茅stas.

Considerando:

I) Que se comparte la conclusi贸n 7.3 del citado Congreso, que admite que en los formularios de las solicitudes de reservas de prioridad se indiquen como actos inscribibles a las novaciones.

II) Que el art铆culo 55 de la ley 16.871 habilita la inscripci贸n de reservas de prioridad para el otorgamiento, entre otros actos, de los que "impliquen trasmisi贸n, constituci贸n, modificaci贸n o cesi贸n de derechos reales" relativos a inmuebles.

III) Que desde el punto de vista registral, no pueden rechazarse aquellas solicitudes que s贸lo establecieran como acto inscribibles a las novaciones, ya que, en el acto a registrar, el instituto aparece vinculado a la constituci贸n o modificaci贸n de un gravamen, correspondi茅ndose con la voluntad de los otorgantes al solicitar el amparo de una reserva de prioridad.

IV) Que con la presente resoluci贸n se procura armonizar la aplicaci贸n de la normativa con incidencia en la actividad de calificaci贸n registral y con el objetivo de unificar su interpretaci贸n en casos similares. Atento: a lo dispuesto por el 3, numeral 3, 7, de la ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997; el art铆culo 6 del Dto.99/98, de 21 de abril de 1998.

El Director General de Registros

Resuelve:

1潞) Establecer como criterio de calificaci贸n con car谩cter vinculante, que a los efectos registrales, se aceptar谩n como acto inscribibles a las reservas de prioridad que solicitadas para la constituci贸n o modificaci贸n de hipotecas, y oper谩ndose novaci贸n de obligaciones, indicaren en el formulario respectivo las expresiones de Hipotecas, Modificaciones de Hipotecas o Novaciones

2潞) Notif铆quese a las Direcciones de los Registros.

3潞) Comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral.

4潞) Ins茅rtese en la P谩gina Web y rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros conforme al r茅gimen de la Circular N潞 98 de 29 de octubre de 2001.

5潞) Cumplido, arch铆vese.

Fdo. Fernando Caride Bianchi - Director General de Registros

Posted 3 years ago

136/02 15 de Julio de 2002

Visto: la necesidad de determinar criterios de calificaci贸n con car谩cter vinculante para los registradores; Resultando: I) Que la Sra. Directora del…

Visto: la necesidad de determinar criterios de calificaci贸n con car谩cter vinculante para los registradores;

Resultando:

I) Que la Sra. Directora del Registro de la Propiedad de Artigas, Esc. Stella Maiorano ha elevado como consulta a la Comisi贸n Asesora Registral, el monto del Impuesto "Servicios Registrales" que debe abonarse en una serie de casos que ha relevado y sobre los cuales existen en la actualidad diversos criterios de calificaci贸n;

II) Que la consulta refiere a la "tasa registral" aplicable a los actos o contratos que modifiquen inscripciones en m谩s de un Registro por comprender bienes de distinta naturaleza; cuando se trate de veh铆culos fabricados hace m谩s de 20 a帽os; en el caso de documentos que contienen cancelaciones de inscripciones en dos secciones diferentes y si se trata de documentos que ingresan al Registro Nacional de Actos Personales.

III) Que la Comisi贸n Asesora Registral elev贸 el Acta 73 de 13 de junio de 2002, conteniendo diversos dict谩menes que responden a los casos planteados;

Considerando:

I) Que se comparten los criterios de calificaci贸n establecidos por la Comisi贸n Asesora Registral en dichos dict谩menes y en tal sentido, se entiende que:

1潞) En los casos de "inscripciones modificativas, ejemplo reinscripciones de prenda donde hay un veh铆culo y una maquinaria, se pide un ejemplar para cada Secci贸n (Automotores y Prenda) y se pide una tasa por cada acto inscribible" debe seguirse el mismo criterio utilizado para la inscripci贸n del acto original. Se comparte por la Comisi贸n Asesora, el informe presentado oportunamente por el Esc. Alb铆n, en cuanto a que para determinar la forma de tributaci贸n es necesario recurrir a la noci贸n de acto inscribible y precisar quien solicita la inscripci贸n. Si bien el contrato de prenda puede referirse a un automotor y a otro bien mueble, la rogaci贸n y los actos inscribibles se refieren a dos registros diferentes. En consecuencia, frente a un acto modificativo o una reinscripci贸n de un automotor y otro bien mueble, se tributar谩 por dos actos;

2潞) Cuando se trate de la inscripci贸n de veh铆culos fabricados hace m谩s de 20 a帽os, no existe ninguna disposici贸n legal que establezca una tasa diferencial del tributo "Servicios Registrales" para estos actos. Efectivamente, se confunde la situaci贸n con la prevista por el inciso final del art铆culo 297 de la ley 17.296 de 21 de febrero de 2001, que da una redacci贸n sustitutiva al art铆culo 25 de la ley 16.871, y establece para los casos de adquisici贸n de veh铆culos recibidos por Automotoras como parte de pago del precio, una tasa equivalente al de una solicitud de informaci贸n. Por lo expresado, en los casos de adquisici贸n de veh铆culos automotores con una antig眉edad mayor a 20 a帽os, el monto del tributo es el de una inscripci贸n com煤n.

3潞) En los casos de documentos que contienen cancelaciones de inscripciones en dos secciones diferente; ejemplo prohibiciones de arrendar; a partir de la entrada en vigencia de la ley 16.871 no corresponde la inscripci贸n de las prohibiciones de arrendar y dar en anticresis, anot谩ndose como una cl谩usula o pacto contenido dentro de la hipoteca que se registra. En tal sentido al realizarse una sola inscripci贸n y en un mismo Registro, se entiende que la soluci贸n debe ser la misma para las cancelaciones, no importando la fecha de la registraci贸n ya que el procedimiento se va a efectuar en un 煤nico Registro. Lo que se grava es la cancelaci贸n de la inscripci贸n, sin importar cuantos asientos registrales involucre la solicitud de cancelaci贸n; por lo tanto paga una sola tasa. La excepci贸n la constituye el hecho que las solicitudes de cancelaci贸n de la hipoteca y de las prohibiciones de arrendar y dar en anticresis no fueren simult谩neas, no indic谩ndose en la minuta e ingresando al Registro en momentos diferentes, en cuyo caso se entiende que se efect煤an dos rogaciones distintas generando dos actos inscribibles diferentes.

4潞) En los casos de cancelaci贸n de varios embargos gen茅ricos por un solo oficio en el Registro Nacional de Actos Personales; se considera en primer t茅rmino, que el art铆culo 15 del Decreto 63/93 est谩 vigente, en cuanto no se opone ni directa ni indirectamente al Decreto 99/98 pero aplicable s贸lo a los actos inscribibles que expresamente se mencionan en el mismo, esto es, limitado al levantamiento parcial de una medida judicial en cuanto libere bienes que fueron alcanzados o afectados por una medida inscripta en el Registro de Actos Personales. Por lo expuesto, se entiende que el mismo no puede hacerse extensivo a otras secciones del Registro ni comprende los casos de cancelaci贸n de varios embargos gen茅ricos en un mismo oficio. No existe por tanto disposici贸n alguna que establezca un l铆mite de 5 personas o bienes por oficio para la cancelaci贸n de embargos gen茅ricos. Que conforme al numeral 3) del art铆culo 3 de la ley 16.871,compete a la Direcci贸n General de Registros impartir instrucciones generales o particulares con car谩cter vinculante para los Registradores; Que con la presente resoluci贸n se procura armonizar la aplicaci贸n de la normativa con incidencia en la actividad de calificaci贸n registral y con el objetivo de unificar su interpretaci贸n en casos similares. Que corresponde destacar la preocupaci贸n demostrada por la Sra. Directora del Registro de la Propiedad de Artigas Esc. Stella Maiorano, en aras de unificar criterios de calificaci贸n registral, a煤n en aquellos casos que est谩n fuera de la 贸rbita de su actuaci贸n funcional;

Atento: a lo dispuesto en el art铆culo 368 de la ley 16.736, de 12 de enero de 1996, art铆culos 253 a 255 de la ley 13.640, de 26 de diciembre de 1967; art铆culo 3掳 numerales 3) de la ley 16.871 de 28 de setiembre de 1997; art铆culo 297 de la ley 17.296 de 21 de febrero de 2001; art铆culo 15 del decreto 63/993 de 20 de enero de 1993; art铆culos 6掳 inciso final del decreto 99/998 de 21 de abril de 1998; y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

El Director General de Registros,

Resuelve:

1掳) Establecer como criterios de calificaci贸n registral, respecto a lo que corresponde abonar por concepto de Impuesto Servicios Registrales, los siguientes:

A) Cuando se presenten a inscribir actos modificativos o reinscripciones que refieran a un automotor y otro bien mueble, se tributar谩 por dos actos.

B) En los casos de adquisici贸n de veh铆culos con una antig眉edad mayor a 20 a帽os, se tributar谩 como una inscripci贸n com煤n.

C) Si se trata de documentos que contengan cancelaciones de inscripciones en dos secciones diferentes, se tributar谩 como una sola inscripci贸n; excepto que las cancelaciones no sean simult谩neas e ingresen al Registro en dos momentos diferentes y en tal caso tributar谩n por separado.

D) Los oficios de cancelaci贸n de embargos gen茅ricos, si contienen m谩s de 5 personas o bienes, igual tributar谩n el equivalente a una inscripci贸n. Modifcado por Res.n掳 153/02 de 6/8/02

2掳) Notif铆quese a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas T茅cnicas con copia de los dict谩menes en que se funda la presente Resoluci贸n, quienes a su vez har谩n lo propio con los funcionarios a su cargo.

3掳) Comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral.

4潞) Comun铆quese a Secci贸n Personal a efectos de que se anote en el legajo de la Esc. Stella Maiorano como m茅rito, su preocupaci贸n en la unificaci贸n de criterios de calificaci贸n registral.

5潞) Ins茅rtese en la p谩gina Web y rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros conforme al r茅gimen de la Circular N潞 98 de 29 de octubre de 2001.

6潞) Cumplido, arch铆vese

Posted 3 years ago

137/02 15 de Julio de 2002

Visto: el Congreso Nacional de Registradores, realizado en la ciudad de Minas entre el 21 al 23 de junio de 2001.…


Visto: el Congreso Nacional de Registradores, realizado en la ciudad de Minas entre el 21 al 23 de junio de 2001.

Resultando:

I) Que el fundamento de su convocatoria, lo constituy贸 la necesidad de responder a las consultas y planteamientos de los registradores de todo el pa铆s con la finalidad de establecer criterios uniformes de calificaci贸n registral.

II) Que en base al temario recibido, esta Direcci贸n General estim贸 oportuno solicitar a la Comisi贸n Asesora Registral los dict谩menes pertinentes a efectos de ser considerados en el Congreso Nacional

III) Que difundidos y explicitados los dict谩menes de la Comisi贸n Asesora Registral, compendiados en el Acta 57 de 20 de junio de 2001, con el aporte de todos los registradores participantes en el evento, se resaltan como altamente positivas y de importante valor t茅cnico jur铆dico las conclusiones obtenidas en el referido Congreso.

IV) Que en la presente Resoluci贸n, se incluye el alcance del control de la representaci贸n en los actos y negocios jur铆dicos inscribibles, a efectos de expedirse si corresponde o no exigir una expresi贸n determinada en las constancias notariales de los t铆tulos presentados a registrar, identificando al tema como la Conclusi贸n N煤mero 9A.

Considerando:

I) Que la calificaci贸n registral, en tanto constituye el medio para hacer efectivo el principio de legalidad (Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo II, p谩g.6 y siguientes), supone tener como instrumentos para su verificaci贸n a los documentos cuya inscripci贸n se solicita, a las constancias notariales que los complementan y a los datos que surjan de los propios asientos registrales (art铆culos 64, 65 y 90 de la ley 16.871).

II) Que el control del poder de representaci贸n, en cuanto haya sido invocado por los sujetos comparecientes, se estima de competencia y responsabilidad del Escribano por constituir el agente encargado de la autenticidad del otorgamiento y tener conocimiento directo de los actos y negocios jur铆dicos a registrar.

III) Que en consecuencia, la actuaci贸n del Registrador debe limitarse a verificar la existencia del respectivo control notarial, siendo de orden observar los documentos s贸lo frente a la constataci贸n de su omisi贸n o por la comprobaci贸n de una nulidad manifiesta en tanto surja del propio documento cuya inscripci贸n se solicita, no correspondiendo establecer objeci贸n alguna si no se precisan en forma expresa las facultades del mandatario, apoderado o representante estatutario.

IV) Que respecto a la vigencia del poder, en igual sentido se entiende que el tema debe centrarse en la actuaci贸n notarial, y adem谩s, por lo dispuesto en el art铆culo 100 de la ley 16.871 por cuanto deroga expresamente le ley 2.627 de 28 de marzo de 1900.

V) Que la Comisi贸n Asesora Registral se pronunci贸 por la soluci贸n amplia, por cuanto concluye "que deber谩 estarse al contralor notarial que establezca las facultades de representaci贸n del apoderado y vigencia del poder. Si no se controlare la vigencia del poder, el acto no podr谩 observarse."

VI) Que de acuerdo al numeral 3) del art铆culo 3潞 de la ley 16.871, compete a la Direcci贸n General de Registros impartir instrucciones generales o particulares con car谩cter vinculante para los Registradores.

VII) Que con la presente resoluci贸n se procura armonizar la aplicaci贸n de la normativa con incidencia en la actividad de calificaci贸n registral y con el objetivo de unificar su interpretaci贸n en casos similares. Atento: a lo dispuesto por los art铆culos 3, numeral 3, 7, 62, 64, 65 y 100 de la ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997; art铆culo 6潞 del Dto.99/98, de 21 de abril de 1998; y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

El Director General de Registros,

Resuelve:

1潞) Establecer como criterio de calificaci贸n registral, con car谩cter vinculante para los registradores, que existiendo otorgamientos por mandatario, apoderado u otro tipo de representante contractual o estatutario, el control de la representaci贸n invocada se limitar谩 a verificar la existencia de la respectiva constancia notarial. No corresponder谩 observar las solicitudes de inscripci贸n si no se establecieren en forma expresa las facultades y vigencias de los apoderamientos.

2潞) Notif铆quese a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas t茅cnicas con copia del Dictamen de la Comisi贸n Asesora Registral.

3潞) Comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral.

4潞) Ins茅rtese en la P谩gina Web y rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros conforme al r茅gimen de la Circular N潞 98 de 29 de octubre de 2001.

5潞) Cumplido, arch铆vese.

Fdo.Dr.Esc. Fernando Caride Bianchi Director General de Registros

Posted 3 years ago

142 / 02 17 de Julio de 2002

Visto, lo dispuesto en el art铆culo 178 de la Ley N掳 17.296, de 21 de febrero de 2001 Resultando: Que el…

Visto, lo dispuesto en el art铆culo 178 de la Ley N掳 17.296, de 21 de febrero de 2001

Resultando: Que el Decreto N掳 235/002, de 26 de junio de 2002, reglament贸 lo relativo a las "Declaraciones Juradas de Caracterizaci贸n Urbana a que refiere ..." el citado art铆culo 178.

Considerando.

I) Que dicha norma legal refiere a tales Declaraciones Juradas para "la inscripci贸n de Planos de Mensura y el tr谩mite de toda modificaci贸n parcelaria de inmuebles urbanos que se realice ante la Direcci贸n Nacional de Catastro, ..." (inciso 1潞)

II) Que por el inciso 6掳 del mismo art铆culo 178, se impone el contralor registral de "la constancia de haber presentado una Declaraci贸n Jurada de Caracterizaci贸n Urbana ...", para la inscripci贸n "de toda escritura de traslaci贸n o constituci贸n de dominio o hipoteca, as铆 como ... de compromisos de compraventa de bienes urbanos y suburbanos ..." en el Registro de la Propiedad. Que dicho inciso es necesario armonizarlo con el supuesto de hecho previsto en el inciso 1掳, as铆 como con lo establecido en los incisos 2掳, 3掳 y 5掳, esto es, el control debe limitarse a aquellas Declaraciones Juradas de Caracterizaci贸n Urbana presentadas en oportunidad de la inscripci贸n de planos de mensura que impliquen tr谩mites de modificaci贸n parcelaria, realizados ante la Direcci贸n Nacional de Catastro.

III) Que conforme lo dispuesto en el art铆culo 10 del Decreto N掳 318/995, de 9 de agosto de 1995, "todos los planos a que hace referencia el art铆culo 2" del mismo Decreto, "se rotular谩n, ... como Planos de Mensura" y ese g茅nero es comprensivo de diversas especies que implican modificaciones parcelarias, tales como plano de mensura parcial, de fraccionamiento, reparcelamiento, modificaci贸n de propiedad horizontal, fusi贸n, expropiaci贸n y remanente.

IV) Que la Comisi贸n Asesora Registral por acta n煤mero 74 de 5 de julio de 2002, dictamin贸 que el resultado de la interpretaci贸n "debe ser restringido ..." a efectos que la misma "... se realice dentro del contexto previsto por la norma...".

V) Que surge del referido dictamen que "la Declaraci贸n Jurada de Caracterizaci贸n Urbana tendr谩 incidencia en la fijaci贸n del monto de los valores reales catastrales, y por consecuencia en el pago del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, en funci贸n de los cual, su contralor se ubica en la llamada calificaci贸n fiscal, prevista en el art铆culo 65 numeral 3) de la Ley N掳 16.871, de 28 de setiembre de 1997" (Informe de Esc. F. Alb铆n de fecha 4 de julio de 2002, N掳 9).

VI) Que la Asesor铆a Letrada en informe de la Dra. Naya Soca de fecha 8 de julio de 2002, comparte el criterio.

VII) La importancia que reviste unificar conceptualmente la interpretaci贸n de la ley y normas reglamentarias, siendo competencia de la Direcci贸n General de Registros impartir instrucciones generales o particulares para los Registradores, con car谩cter vinculante. Atento: a lo dispuesto en las normas ya referidas; en el art铆culo art铆culo 3掳 numerales 3) de la ley 16.871 de 28 de setiembre de 1997; a los dict谩menes formulados.

El Director General de Registros:

Resuelve

1掳) Establ茅cese: Como criterio de calificaci贸n fiscal registral que las Declaraciones Juradas de Caracterizaci贸n Urbana se controlar谩n para la inscripci贸n de "toda escritura de traslaci贸n de dominio o constituci贸n de dominio o hipoteca" o compromisos de compraventa de bienes urbanos y suburbanos; descriptos en base a planos de mensura que impliquen tr谩mites de modificaci贸n parcelaria realizados ante la Direcci贸n Nacional de Catastro con posterioridad a la vigencia del Decreto N掳 235/002; debiendo resultar de la c茅dula catastral correspondiente, a partir de la misma fecha, la constancia expedida por la referida Direcci贸n Nacional de Catastro, la fecha de la Declaraci贸n Jurada y la vigencia de la misma.

2掳) Notif铆quese: con copia del dictamen de la Comisi贸n Asesora, y de los informes realizados, a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas T茅cnicas.

3掳) Comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral.

4掳) Ins茅rtese en la P谩gina Web y rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros conforme al r茅gimen de la Circular N掳 98 de 29 de octubre de 2001.

5掳) Cumplido, arch铆vese.-

Dr. Esc. Fernando Caride Bianchi. Director General de Registros 

Posted 3 years ago

143 / 02 17 de Julio de 2002

Visto, lo dispuesto en el art铆culo 180 de la Ley N掳 17.296, de 21 de febrero de 2001. Resultando, que el…

Visto, lo dispuesto en el art铆culo 180 de la Ley N掳 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Resultando, que el Decreto N掳 236/002, de 26 de junio de 2002, reglamenta dicha norma legal.

Considerando:

I) Que de acuerdo al art铆culo 4掳 del Reglamento, cuando 鈥渦n plano registrado no satisfaga los requerimientos t茅cnicos indispensables exigidos por la normativa en materia de cotejo y registro de planos, ser谩 necesario el levantamiento de un nuevo plano, lo que se establecer谩 por resoluci贸n expresa de la Direcci贸n Nacional de Catastro鈥.

II) Que sin perjuicio de la publicaci贸n en el Diario Oficial y su comunicaci贸n, entre otras organizaciones, a la Direcci贸n General de Registros dispuesta por los art铆culos 5 y 6 del Decreto Reglamentario, tal circunstancia 鈥渟e har谩 constar en las c茅dulas catastrales que se expidan respecto del inmueble afectado鈥 (art. 6掳).

III) Que dichas resoluciones tienen particular trascendencia para la calificaci贸n registral, puesto que 鈥渋mplica que el plano no podr谩 ser considerado plano de mensura inscripto a los efectos de lo establecido en el art铆culo 286 de la Ley N掳 12.804, de 30 de noviembre de 1960 y numeral 2掳 del art铆culo 9掳 de la Ley N掳 16.871, de 28 de setiembre de 1997鈥 (art. 4掳 inc. 2掳).

IV) Que la Comisi贸n Asesora Registral por acta n煤mero 74 de 5 de julio de 2002, dictamin贸 que con la publicaci贸n en el Diario Oficial, 鈥... se altera la funci贸n de calificaci贸n registral por cuanto el registrador debe realizarla de acuerdo a lo que dispone en el Registro (asientos registrales) y ... a lo que surge de los documentos cuya inscripci贸n se solicita ...鈥. De esa forma, se 鈥渁fecta la seguridad jur铆dica de la contrataci贸n por cuanto la oponibilidad de la situaci贸n de un plano no registrado va a surgir de una publicaci贸n en el Diario Oficial, pero no necesariamente de la publicidad registral鈥.

V) Que por dicha raz贸n, el contralor registral con relaci贸n a las resoluciones de la Direcci贸n Nacional de Catastro referidas en el art铆culo 4掳 del Decreto N掳 236/002, se realizar谩 en todos los casos, de la constancia que 茅sta realice en las c茅dulas catastrales correspondientes (art铆culo 6掳).

VI) Que conforme a lo dispuesto en el art铆culo 8掳 del Decreto N掳 236/002, 鈥... los planos registrados con ausencia total de los valores num茅ricos de las longitudes de los lados que son l铆mites artificiales del inmueble mensurado, no satisfacen los requisitos t茅cnicos indispensables, por lo que deber谩 levantarse un nuevo plano de mensura鈥, en cuyos casos, el registrador deber谩 tenerlo presente en los documentos que se presenten a inscribir a partir de la vigencia del referido decreto.

VII) Que la Asesor铆a Letrada en informe de la Dra. Naya Soca de fecha 8 de julio de 2002, comparte el criterio.

VIII) Que es importante unificar conceptualmente la interpretaci贸n de la ley y normas reglamentarias, siendo competencia de la Direcci贸n General de Registros impartir instrucciones generales o particulares para los Registradores, con car谩cter vinculante. Atento: a lo dispuesto en las normas ya referidas; en el art铆culo art铆culo 3掳 numerales 3) de la ley 16.871 de 28 de setiembre de 1997; a los dict谩menes formulados.

El Director General de Registros

Resuelve

1掳) Establ茅cese como criterio de calificaci贸n registral, que a partir de la vigencia del Decreto N掳 236/002, de 26 de junio de 2002, no se inscribir谩n en forma definitiva, los documentos que se presenten en el Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria, cuando resulten de los mismos, planos registrados con ausencia total de valores num茅ricos de las longitudes de los lados que son l铆mites artificiales del inmueble mensurado, o cuando surja de las c茅dulas catastrales correspondientes, la constancia de haber reca铆do la resoluci贸n expresa de la Direcci贸n Nacional de Catastro a que hace referencia el inciso 1掳 del art铆culo 4掳 del citado Decreto.

2掳) Notif铆quese con copia del dictamen de la Comisi贸n Asesora, y de los informes realizados, a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas T茅cnicas.

3掳) Comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral.

4掳) Ins茅rtese en la pagina web y rem铆tase el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros conforme al r茅gimen de la Circular N掳 98 de 29 de octubre de 2001.

5掳) Cumplido, arch铆vese.-

Dr. Esc. Fernando Caride Bianchi - Director General de Registros

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Los Registros P煤blicos en Uruguay

La funci贸n de los Registros es la publicidad de los actos y negocios jur铆dicos que la ley determina como trascendentes, lo cual se concreta en dos aspectos fundamentales: la inscripci贸n de esos actos y la informaci贸n de los mismos a quien lo solicita.

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