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Resoluciones con Actas 2014

Res. 8 - 2014 Recurso revocaci贸n D. I.

RESOLUCI脫N No.  8 /2014

Montevideo,   10  de febrero de 2014.

VISTO: el recurso de revocaci贸n interpuesto por el Escribano Daniel Introini contra la resoluci贸n de la Direcci贸n General de Registros N潞 37/2013, de fecha 22 de marzo de 2013, por la cual no se hizo lugar a la oposici贸n deducida respecto a la calificaci贸n del documento inscripto provisoriamente en el Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Montevideo con el n煤mero 38002, de fecha 11 de octubre de 2012.

RESULTANDO: I) Del punto de vista formal, la Asesor铆a Letrada de la Direcci贸n General de Registros informa que no se fundament贸 el recurso y asimismo, que el impugnante no se encuentra legitimado para iniciar esta acci贸n, ya que, de acuerdo a los documentos agregados, quien recurre es el escribano interviniente en el documento cuya aptitud registral se cuestiona y no la persona directamente lesionada en sus derechos o intereses por el acto administrativo impugnado, de acuerdo a lo que dispone el art铆culo 152 del Decreto N潞 500/91.

II) La Comisi贸n Asesora Registral trat贸 el asunto en sesi贸n de fecha 28 de noviembre de 2013 (dictamen n煤mero 39/2013, Acta 374) compartiendo la observaci贸n mencionada en el numeral precedente, destacando que el recurrente no ha presentado la fundamentaci贸n del recurso, lo cual no obsta a su resoluci贸n.

III) En cuanto al fondo del asunto, la Comisi贸n se remite a su dictamen N潞 7/2013, asentado en el acta N潞 362, de 22 de febrero de 2013. En el mismo, se compart铆a la observaci贸n del Registrador, que se帽alaba no correspond铆a volver a inscribir una promesa de compraventa que en su momento hab铆a cancelado en cumplimiento de la orden judicial contenida en el oficio N潞 583/97, remitido por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 5潞 turno. En efecto, dicha cancelaci贸n solo puede quedar sin efecto mediante otra resoluci贸n dictada por el mismo u otro 贸rgano de igual naturaleza.

CONSIDERANDO: Que por los fundamentos expresados, esta Direcci贸n General se afilia a lo informado por Asesor铆a Letrada y al dictamen de la Comisi贸n Asesora Registral.

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por el art铆culo 317 de la Constituci贸n de la Rep煤blica, art铆culos 142 y siguientes del Decreto N潞 500/91 y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS

R E S U E L V E :

1潞) NO HACER LUGAR al recurso de revocaci贸n interpuesto por el Escribano Daniel Introini, contra la resoluci贸n de la Direcci贸n General de Registros N潞 37/2013, de fecha 22 de marzo de 2013.

2潞) NOTIF脥QUESE al interesado y al Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Montevideo. COMUN脥QUESE a la Comisi贸n Asesora Registral y cumplido, arch铆vese.-

Esc. Adolfo Orellano Cancela

Encargado de la Direcci贸n General de Registros

Res. 18-2014- Modificacion Asiento registral-

RESOLUCION No. 18/2014 

5 de marzo de 2014

 

Visto: la conveniencia de ajustar la redacci贸n de la Resoluci贸n N潞 2/11, de 3 de enero de 2011.

Resultando: I) Que la Direcci贸n General de Registros ha recibido diversas consultas e informes de registradores acerca del alcance e interpretaci贸n de los criterios vinculantes establecidos en la Resoluci贸n mencionada.


II) Que el Se帽or Encargado de la Direcci贸n del Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Montevideo, Esc. Daniel Ramos, plantea: a) que la interpretaci贸n literal del acto administrativo en cuesti贸n, determina, en primer lugar la necesidad de elevar a consideraci贸n de la Direcci贸n General de Registros, todas aquellas peticiones de los interesados que refieran a inscripciones posteriores a la entrada en vigencia de la Ley N潞 16871, tomando en consideraci贸n si se cumpli贸 con lo establecido en los art铆culos 57 y 58 de dicha Ley; b) que en los casos de errores materiales y de concepto, si bien los art铆culos 67 a 69 lo establecen como competencia del Registrador, la Resoluci贸n 2/11 precept煤a que deben resolverse por la Direcci贸n General.


III) Que la Comisi贸n Asesora Registral, por Acta N潞 337,  de fecha 13 de octubre de 2011, aconseja modificar la resoluci贸n de referencia a efectos de clarificar su interpretaci贸n y alcance, proponiendo un texto sustitutivo.

Considerando: a) Que la Resoluci贸n N潞 2/11 es modificativa de la Resoluci贸n N潞 354/08, la cual se refer铆a a inscripciones realizadas sin correspondencia con el tracto sucesivo. b) Que en ese contexto, no corresponde incluir las hip贸tesis comprendidas en los art铆culos 67 a 69 de la Ley N潞 16871, que refieren a situaciones de errores materiales y de concepto en los asientos registrales y tienen una precisa regulaci贸n normativa.

Atento: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en el art铆culo 3潞 numeral 3 de la Ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997 y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

El Director General de Registros
Resuelve:

1潞) Establecer los siguientes criterios de calificaci贸n registral con car谩cter vinculante:

a) No corresponde la modificaci贸n del asiento registral, como consecuencia de  peticiones en tal sentido, fundadas en la falta de control del tracto sucesivo, relativas a inscripciones anteriores a la entrada en vigencia de la Ley N潞 16.871, al no ser de aplicaci贸n dicho principio registral en ese momento.

b) Las solicitudes de rectificaci贸n de aquellos asientos registrales posteriores a la entrada en vigencia de la Ley N潞 16.871, en los cuales no se haya cumplido con el tracto sucesivo, se resolver谩n caso a caso por esta Direcci贸n General, tomando en consideraci贸n si se observ贸 lo establecido en los art铆culos 57 y 58 de dicha ley, debiendo brindarse las garant铆as legales y reglamentarias correspondientes (Art. 75 Decreto 500/991).

c) La resoluci贸n de la Direcci贸n General de Registros que afecte o altere la situaci贸n registral existente, se materializar谩 por medio de un asiento registral que vincular谩 las inscripciones afectadas.

Sin embargo, y conforme a la excepci贸n recogida en el inciso 1潞 del art铆culo 57 in fine de la Ley N潞 16.871, corresponde inscribir los negocios jur铆dicos a煤n cuando no coincida el disponente del derecho con el 煤ltimo titular inscripto, siempre que aqu茅l estuviera legitimado. En este caso, el registrador dejar谩 constancia en el asiento registral, de la aplicaci贸n de la citada norma.

2潞) Dejar sin efecto la Resoluci贸n No. 2/11, de 3 de enero de 2011 y la  Resoluci贸n N潞 354/08 de 20 de octubre de 2008, en lo que refiere exclusivamente a los criterios de calificaci贸n incluidos en la misma.

3潞) Notif铆quese a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas t茅cnicas, quienes har谩n lo propio con los funcionarios a su cargo.

4潞) Comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral.

5潞) ins茅rtese en la p谩gina web y rem铆tase  el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el Servicio de Novedades de la Direcci贸n General de Registros. Cumplido, arch铆vese.-

(Fdo.) Esc. Adolfo Orellano Cancela

Encargado de la Direcci贸n General de Registros

 

Res. 26-2014 Oposicion L. Malek - Promesas - legitmacion

RESOLUCI脫N No.  26 /2014

Montevideo, 27 de marzo de 2014.

VISTO: la oposici贸n a la calificaci贸n registral de las inscripciones provisorias del Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Maldonado n煤meros 17106 y 17107, de fecha 13 de diciembre de 2012, tramitada en el expediente No. 2013/11/0018/0104.

RESULTANDO: I) El Sr. Leopoldo Eimer Malek se opone a la calificaci贸n registral de las inscripciones referidas, correspondientes a dos promesas de compraventa de fecha 16/3/2012 y 4/4/2012, en virtud de las cuales Te贸filo Adorno Esp铆nola o Esp铆ndola prometi贸 enajenar al impugnante, determinados bienes inmuebles de la localidad Playa Hermosa del departamento de Maldonado.

II) El oponente manifiesta que ha intentado registrar dichas promesas en varias oportunidades en las que el Registro inscribi贸 provisoriamente sin exponer motivos suficientes y superponiendo observaciones. Entiende que no hay razones valederas para denegar las inscripciones, ya que en ambos casos, un heredero declarado por el Juzgado y ratificado posteriormente, promete en venta bienes que eran propiedad de la causante. Ha obtenido certificados registrales y no le caben dudas que el bien era propiedad de la Sra. Joaquina Adorno, causante en la sucesi贸n que constituye el antecedente de las promesas en cuesti贸n.

II) El Registrador, Esc. Daniel Ramos, informa que: a) Las observaciones tienen como fundamento las recomendaciones realizadas por la Comisi贸n designada por la Direcci贸n General de Registros, la cual, por nota de fecha 25/4/2012, recomienda entre otras cosas que 鈥渟e deber谩 extremar el control del tracto sucesivo siendo aconsejable: la presentaci贸n de c茅dulas catastrales informadas y certificado registral con informaci贸n por los padrones en mayor 谩rea que correspondan, se sugiere asimismo conservar copia de los descartes que se realizaren, del n煤mero de solicitud de certificado registral presentado y todo otro documento o dato que se considere de utilidad鈥濃︹漝ebe tenerse presente la inscripci贸n de una cesi贸n de derechos hereditarios por Mar铆a Clara Adorno inscripta en Actos Personales鈥. b) Las procedencias citadas en ambas solicitudes, omiten consignar la cesi贸n de derechos hereditarios que se indica por la citada Comisi贸n, lo que determina que los disponentes del derecho carecen de legitimaci贸n sustancial para rogar las inscripciones cuestionadas. c) Comparte el fundamento de la Comisi贸n Asesora Registral asentado en el acta n煤mero 358, de 28 de noviembre de 2012, que entre otras cosas establece que la excepci贸n del control del tracto sucesivo prevista en el numeral 5 del art铆culo 58 de la Ley 16871, 鈥渘o inhibe al calificador a exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final鈥 Esto es as铆, porque debe surgir la legitimaci贸n del disponente para que la tradici贸n sea eficaz y se produzca la traslaci贸n del dominio, que es el acto inscribible鈥.

III) La Comisi贸n Asesora Registral trat贸 el asunto, por dictamen No. 28/2013, asentado en Acta No. 370, de 7 de agosto de 2013, analizando los fundamentos esgrimidos por el oponente y compartiendo 铆ntegramente el informe del Registrador, los cuales coinciden con los dict谩menes n煤meros 48/2012 (Acta n煤mero 358 del 28/11/2012) y 16/2013 (Acta n煤mero 366 del 29/5/2013, los cuales refieren a situaciones en las que est谩 en juego la misma procedencia que origin贸 estas actuaciones y fueron oportunamente resueltos por la Direcci贸n General de Registros en igual sentido.

IV) En efecto, en cuanto al alcance de la calificaci贸n registral, el art铆culo 64 de la Ley 16871 dispone que El Registrador calificar谩 bajo su responsabilidad鈥 si el documento presentado a  inscribir, en su totalidad, re煤ne las condiciones impuestas por la presente ley, y dem谩s leyes y  reglamentos aplicables鈥, disposici贸n que debe armonizarse con los art铆culos que reglamentan el control del tracto sucesivo, al ser una de las condiciones impuestas por esta ley para la inscripci贸n y tambi茅n con los que establecen los elementos que debe contener la matr铆cula registral. La excepci贸n establecida en el numeral 5 del art铆culo 58, 鈥淣o ser谩 necesaria la previa inscripci贸n a los efectos de la continuidad del tracto鈥 5) Cuando el acto inmediato anterior constituya la transmisi贸n de una universalidad inscrita en el Registro competente鈥, es de aplicaci贸n en el Registro de la Propiedad, habilitando la enajenaci贸n por un titular que no es el 煤ltimo inscripto. Pero ello no inhibe al calificador de exigir el cumplimiento de lo dispuesto por el inciso final: 鈥淓n todos estos casos el documento deber谩 expresar la relaci贸n de los antecedentes del dominio o de los derechos motivo de la transmisi贸n o adquisici贸n, a partir del que figure inscrito en el  Registro, circunstancia que se consignar谩 en la ficha respectiva鈥. Esto es as铆, porque debe surgir la legitimaci贸n del disponente para que la tradici贸n sea eficaz y se produzca la traslaci贸n del dominio, que es el acto inscribible. A esta conclusi贸n debe llegarse por aplicaci贸n de los principios registrales recogidos en la ley registral, especialmente el de legalidad. El t茅cnico calificador en la actualidad, puede tener acceso a la informaci贸n inscripta en otros Registros, gracias a la aplicaci贸n de las tecnolog铆as permitidas por el art铆culo 95 de la ley registral. Por tanto, se encuentra habilitado para exigir las aclaraciones, descartes o ampliaciones necesarias para confirmar los derechos del disponente o por lo menos, la cuota parte que le corresponde.

V) Como destac贸 el Esc. Carlos Milano en dicha Comisi贸n Asesora, si bien la ley establece l铆mites a la calificaci贸n que puede realizar el Registrador, dichos l铆mites no quedan circunscriptos al documento que tiene en sus manos, sino que adem谩s, tiene a su alcance los elementos que emergen de las inscripciones en los Registros. En la actualidad y gracias a la aplicaci贸n de la tecnolog铆a y los sistemas inform谩ticos, existe en la Direcci贸n General de Registros una base de datos 煤nica que nuclea los actos inscriptos en cada una de las oficinas registrales. Dicha base de datos est谩 a disposici贸n del Registrador, quien puede 鈥揹e acuerdo a la facultad conferida por el art铆culo 95 de la ley 16871鈥 鈥渦tilizar para las tareas de  informaci贸n e inscripci贸n cualquier t茅cnica que asegure la permanencia, inalterabilidad y exactitud  de la informaci贸n鈥. Pues justamente, para asegurar la exactitud de la informaci贸n a brindar, los asientos deben reflejar la realidad jur铆dica y si la tecnolog铆a permite consultar la base de datos que es 煤nica, aun cuando refieran a otros Registros, nada mejor que posibilitar dicha exactitud mediante la consulta respectiva a los efectos de contar con asientos fidedignos y respetuosos de la legitimidad. No constituye un exceso de atribuciones realizar la calificaci贸n registral consultando la base de datos de la propia Direcci贸n General de Registros u otra informaci贸n que la propia organizaci贸n le provea al calificador, siempre que ello coadyuve a la legalidad de la actuaci贸n. Son aplicables en la especie, adem谩s los principios administrativos de legalidad objetiva y verdad material recogidos en el art铆culo 2 del Decreto N潞 500/991.

 

CONSIDERANDO: Que por los fundamentos expresados, esta Direcci贸n General se afilia a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por el art铆culo 3潞 nal. 5, 64 a 66 y 95 de la Ley 16871, de 28 de setiembre de 1997 y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS

R E S U E L V E :

1潞) NO HACER LUGAR a la oposici贸n deducida por Sr. Leopoldo Eimer Malek, respecto a la calificaci贸n de los documentos ingresados en el Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Maldonado, con los n煤meros 17106 y 17107, de fecha 13 de diciembre de 2012.

2潞) NOTIF脥QUESE al interesado y a las direcciones de los Registros de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Montevideo y Maldonado. COMUN脥QUESE a la Comisi贸n Asesora Registral y cumplido, arch铆vese.-

Esc. Adolfo Orellano Cancela

Encargado de la Direcci贸n General de Registros

Res. 27-2014- Cesion D. Posesorios- Deroga Res. 58-2008

RESOLUCION No. 27/2014

27 de marzo de 2014

 

Visto: lo dispuesto por el art铆culo 228 de la Ley N潞 19149, de 24 de octubre de 2013.

Resultando:

I) Que dicha disposici贸n derog贸 del numeral 7潞 del art铆culo 17 de la Ley N潞 16871, de 28 de setiembre de 1997, que dispon铆a la inscripci贸n de la cesi贸n de derechos posesorios en el Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria.

II) Que el Se帽or Encargado de la Asesor铆a T茅cnica Registral, Esc. Carlos Milano plante贸 a la Comisi贸n Asesora Registral la necesidad de rever el criterio de calificaci贸n dispuesto por la Resoluci贸n n煤mero 57/2008, de 15 de febrero de 2008, que hab铆a considerado registrables las cesiones de derechos posesorios relativas a veh铆culos automotores.

III)  La Comisi贸n Asesora trat贸 el asunto en dictamen n煤mero 45/2014, asentado en Acta N潞 375,de fecha 14 de febrero de 2014, estudiando el argumento recogido en dicha resoluci贸n, de considerar la cesi贸n de derechos posesorios una trasmisi贸n de derechos reales comprendida en el apartado A) del art铆culo 25, llegando a las siguientes conclusiones: a) si la Ley 16871 previ贸 en el numeral 7潞 de su art铆culo 17, como un acto independiente la cesi贸n de derechos posesorios inmobiliarios y por tanto no incluido en el numeral 1潞 que tambi茅n refer铆a gen茅ricamente la inscripci贸n de actos en los que 鈥渟e constituya, reconozca, modifique, transfiera,  declare o extinga el dominio鈥, entonces tampoco cabe considerarla comprendida en el apartado A) del art铆culo 25. b) Existe una coherencia en la regulaci贸n que la ley registral realiza, de los actos inscribibles aplicables a las Secciones Inmobiliaria y Mobiliaria y si la Ley 19149 no quiso mantener la inscripci贸n de las cesiones de derechos posesorios de inmuebles, no parece l贸gico conservarlo para los veh铆culos automotores, que normalmente tienen un valor econ贸mico inferior. En conclusi贸n, recomienda dejar sin efecto la Resoluci贸n N潞 57/2008, de 15 de febrero de 2008.

Considerando: Que esta Direcci贸n General comparte lo informado por la Comisi贸n Asesora Registral.

Atento: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en el art铆culo 3潞 numeral 3 de la Ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997 y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

El Director General de Registros
Resuelve :

1潞) Dejar sin efecto la Resoluci贸n No. 57/2008, de 15 de febrero de 2008.

 
2潞) Notif铆quese a los Registros y oficinas t茅cnicas, quienes har谩n lo propio con los funcionarios a su cargo.


3潞) Comun铆quese  a la Comisi贸n Asesora Registral

.
4潞) Ins茅rtese en la p谩gina web y rem铆tase  el texto de la presente, v铆a correo electr贸nico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el Servicio de Novedades de la Direcci贸n General de Registros. Cumplido, arch铆vese.

 

Esc. Adolfo Orellano Cancela


Encargado de la Direcci贸n General de Registro
s

 

Res. 33-2014 Medida judicial-embargo art. 380.2 CGP ley 19090

RESOLUCION N潞  33 / 2014

                             Montevideo,  9  de  abril  de 2014.

VISTO: estas actuaciones, por las cuales la Comisi贸n Asesora Registral, plantea fijar un criterio de calificaci贸n e inscripci贸n vinculante para los Registradores, respecto al supuesto previsto en el art铆culo 380.2 del C贸digo General del Proceso, en la redacci贸n dada por la Ley N潞 19090, de 14 de junio de 2013.

RESULTANDO: I) El Encargado de la Direcci贸n del Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Montevideo, Esc. Daniel Ramos, expresa que: a) A partir de la modificaci贸n introducida por la Ley N潞 19090, el art铆culo 380.2 establece en su inciso final que 鈥淐uando el ejecutante solicitare el embargo espec铆fico de bienes comprendidos en un embargo gen茅rico, el nuevo embargo tendr谩 la fecha del embargo gen茅rico鈥. b) Dicho inciso plantea dudas a efectos de calcular la caducidad del espec铆fico (para reinscribir o caducar), ya que ahora la fecha a tomar en cuenta en esos casos, es la del gen茅rico. La redacci贸n de la norma es novedosa, ya que el CGP original solo preve铆a la sustituci贸n del embargo a solicitud del ejecutado, mientras que la disposici贸n comentada, refiere a una inscripci贸n de un acto, que la ley le atribuye los efectos de otro acto, pero sin sustituirlo y a solicitud del ejecutante, manteniendo el instituto de la sustituci贸n de embargo en el art铆culo 380.4. Se trata entonces, de dos escenarios completamente diferentes. c) El Esc. Ramos refiere que la situaci贸n ser铆a f谩cil si el oficio expresara que deber谩 tenerse presente la vigencia del gen茅rico, en cuyo caso el Registro deber谩 tener en cuenta la fecha de inscripci贸n de 茅ste, como asimismo, de existir reinscripciones del gen茅rico, para calcular hasta cu谩ndo puede reinscribirse, pero puede suceder que el oficio nada diga y en la realidad s铆 existe un embargo gen茅rico trabado por el mismo ejecutante. d) Plantea tambi茅n, que el procedimiento para controlar la vigencia del gen茅rico no est谩 definido, pregunt谩ndose si corresponde exigir la agregaci贸n de un certificado del Registro Nacional de Actos Personales acreditando la vigencia del embargo gen茅rico o simplemente debe estarse a lo que diga el Juez, ya que no hay norma reglamentaria que regule el punto. e) Por 煤ltimo, consulta si deben controlarse las reinscripciones del gen茅rico para las reinscripciones del espec铆fico.

II) La Comisi贸n Asesora consider贸 el tema, en sesi贸n de fecha 19 de marzo de 2014, dictaminando (ACTA 377) que deben distinguirse las siguientes situaciones: a) Si el oficio que comunica el embargo espec铆fico nada dice del gen茅rico, el Registro competente debe inscribirlo normalmente y la fecha a tener en cuenta para el c贸mputo de la caducidad solo puede ser la de su inscripci贸n actual, ya que no existe una comunicaci贸n inform谩tica que permita al Registrador saber si ese embargo espec铆fico tuvo un precedente gen茅rico en el Registro Nacional de Actos Personales. b) Si el oficio que comunica el embargo espec铆fico establece que debe tenerse presente la vigencia del gen茅rico, solo cabe acatar la orden judicial, pero corresponde exigir que el mismo determine el n煤mero y fecha de inscripci贸n que debe tenerse en cuenta. c) En dicho supuesto, la Comisi贸n Asesora entiende que ser铆a altamente recomendable 鈥揳 los efectos de tener bien determinada la fecha a tomar en cuenta para fijar las caducidades鈥 exigir la presentaci贸n de un certificado de vigencia, del Registro Nacional de Actos Personales. Se concluye que ello no contraviene la disposici贸n legal, en la medida que no existe disposici贸n legal ni reglamentaria que lo impida y entra dentro de la competencia de la Direcci贸n General de Registros de dictar instrucciones generales con car谩cter vinculante para los Registradores, de acuerdo con lo dispuesto en el art铆culo 3潞 inciso 3 de la Ley 16871, de 28 de setiembre de 1997. d) Dados todos estos supuestos, el Registrador deber谩 dejar constancia en el asiento respectivo, que la fecha a tomar en cuenta para las reinscripciones y en su caso la caducidad, es la de la registraci贸n del embargo gen茅rico, citando n煤mero y fecha de 茅sta. e) No corresponde controlar las sucesivas reinscripciones del embargo gen茅rico, ya que por disposici贸n del art铆culo 380.2 in fine, 鈥渆l nuevo embargo tendr谩 la fecha del embargo gen茅rico鈥 con lo cual, lo que est谩 haciendo la ley es algo as铆 como trasladar la vida que ten铆a el embargo gen茅rico en el Registro Nacional de Actos Personales, al embargo espec铆fico que se inscribe ahora, por ejemplo, en el Registro de la Propiedad. Aunque el embargo gen茅rico no se cancele en el Registro Nacional de Actos Personales 鈥損orque no lo precept煤a la ley鈥 es evidente que se quiso trasladar su eficacia, con el mismo alcance en cuanto a la oponibilidad y prioridad que aquel ten铆a, al Registro que inscribe el embargo espec铆fico.

III) Sugiere, en consecuencia y a los efectos de asegurar un proceder uniforme en todos los Registros, el dictado de una resoluci贸n que recoja los criterios de calificaci贸n e inscripci贸n detallados, con car谩cter vinculante para los Registradores.

CONSIDERANDO: Que esta Direcci贸n General se afilia a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

ATENTO:  a lo dispuesto por los art铆culos 3 numerales 3 y 5 de la Ley N潞 16.871, de 28 de setiembre de 1997, y lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral;

EL ENCARGADO DE LA DIRECCI脫N GENERAL DE REGISTROS,

R E S U E L V E :

1) ESTABLECER como criterio con car谩cter vinculante para todos los Registradores que, en caso de solicitarse la inscripci贸n de embargos espec铆ficos en los diferentes Registros competentes, se proceder谩 del siguiente modo:

1.1) Si el oficio que comunica el embargo espec铆fico nada dice del gen茅rico, el Registro debe inscribirlo normalmente y la fecha a tener en cuenta para el c贸mputo de la caducidad ser谩 la de su inscripci贸n actual.

1.2) Si el oficio que comunica el embargo espec铆fico establece que debe tenerse presente la vigencia del gen茅rico (situaci贸n prevista en el art铆culo 380.2 inciso final del CGP), se controlar谩:

1.2.1) Que el mismo determine el n煤mero y fecha de la inscripci贸n del embargo gen茅rico.

1.2.2) La presentaci贸n de un certificado de vigencia, del Registro Nacional de Actos Personales, el que se archivar谩 junto al ejemplar que queda en la oficina,

1.2.3) El Registrador deber谩 dejar constancia en el asiento respectivo, que la fecha a tomar en cuenta para las reinscripciones y en su caso la caducidad, es la de la registraci贸n del embargo gen茅rico, citando n煤mero y fecha de 茅sta.

1.2.4) No corresponde controlar las sucesivas reinscripciones del embargo gen茅rico, ya que por disposici贸n del art铆culo 380.2 in fine, 鈥渆l nuevo embargo tendr谩 la fecha del embargo gen茅rico鈥  y esta fecha se tomar谩 en cuenta para reinscribir el espec铆fico o considerarlo caduco.

2) NOTIF脥QUESE a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas t茅cnicas, quienes har谩n lo propio con los funcionarios a su cargo.

3) COMUN脥QUESE  a la Comisi贸n Asesora Registral.

4) INS脡RTESE EN LA P脕GINA WEB E INTRANET el texto de la presente, comunic谩ndose a las direcciones de correo de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros. Cumplido, arch铆vese.

Esc. Adolfo Orellano Cancela

Encargado de la Direcci贸n General de Registros

Res. 34-2014 derechos posesorios

RESOLUCION 34 / 14

9 de abril de 2014

Visto: estas actuaciones, por las cuales la Comisi贸n Asesora Registral, plantea fijar un criterio de calificaci贸n vinculante para los Registradores, respecto al alcance del art铆culo 228 de la ley 19.149, que deroga el numeral 7 del art铆culo 17 de la ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997.

Resultando: I) El Encargado de la Direcci贸n del Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Montevideo, Esc. Daniel Ramos, plantea que:

a) El art铆culo 228 de la ley 19.149 deroga el numeral 7 del art铆culo 17 de la ley 16.871 que establece como actos inscribibles "los instrumentos p煤blicos de cesiones de derechos posesorios".

b) Resulta claro que la voluntad del legislador fue impedir el ingreso de nuevos actos reflejados en instrumentos p煤blicos en que se transfieran derechos posesorios. En tal sentido, entiende que no son inscribibles aquellos actos en los que exista una mutaci贸n subjetiva por un acto originario que determine un ingreso o cambio de la titularidad registral por acto entre vivos, pero se plantea una duda de interpretaci贸n de la normativa, respecto a las transmisiones por el modo sucesi贸n, ya que podr铆an entenderse comprendidas en el numeral 1 del citado art铆culo 17.

c)  Consulta asimismo, si existiendo un antecedente inscripto a nombre de un cesionario, causante, heredero o legatario, antes del 1潞 de enero de 2014,  corresponde  o no admitir la solicitud de inscripci贸n de actos declarativos (partici贸n, negocios de fijaci贸n) o el embargo de derechos posesorios.


II) La Comisi贸n Asesora consider贸 el tema, en sesi贸n de fecha 19 de marzo de 2014, (dictamen N潞 12/2014, asentado en acta N潞 377) y concluy贸:

a) La disposici贸n debe contextualizarse dentro del r茅gimen de actos inscribibles previstos en la ley de Registros, pues lo 煤nico que dispone es la derogaci贸n del numeral 7 de su art铆culo 17 que preve铆a la inscripci贸n de los 鈥渋nstrumentos p煤blicos de cesiones de derechos posesorios鈥, es decir que 煤nicamente derog贸 la inscripci贸n de actos entre vivos por los cuales se trasmiten los referidos derechos.

b) El numeral 1潞 del art铆culo 17 de la Ley 16871, prescribe la inscripci贸n de todos aquellos actos en virtud de los cuales se transfieren o declaren derechos reales. Sin perjuicio de que pueda discutirse la naturaleza real de los derechos posesorios y por tanto si corresponde incluirlos o no en este numeral, debe tenerse en cuenta que el numeral 6 incluye a los 鈥渃ertificados de resultancias de autos sucesorios, con el contenido que determine el  Decreto reglamentario鈥 no surgiendo de este reglamento ninguna norma que contravenga su inscripci贸n, cuando en la sucesi贸n se incluyeron derechos posesorios.

c) El art铆culo 415 del C贸digo General del Proceso, por su parte, establece que 鈥淓n todo caso ser谩 obligatorio incluir, al menos, los bienes cuyos actos de transferencia se inscriban en los Registros P煤blicos los que, en tal caso, proceder谩n a inscribir dicho certificado鈥.. Desde el momento que la norma dice: al menos se incluir谩n los actos de transferencia (entre vivos) que se inscriben en los Registros, nada impide que tambi茅n se incluyan en la sucesi贸n, bienes o derechos cuya trasmisi贸n entre vivos no sea registrable, pero que 鈥揹e incluirse鈥 pueda interesar inscribir el certificado de resultancias de autos respectivo.

d) Tambi茅n corresponde inscribir aquellos actos declarativos (partici贸n, negocios de fijaci贸n), demandas o el embargo que tengan por objeto derechos posesorios, al quedar comprendidos en los numerales 1潞, 8 y 9  del art铆culo 17. e) Y por 煤ltimo, tambi茅n corresponde la registraci贸n de todos aquellos actos modificativos de cesiones de derechos posesorios inscriptas con anterioridad a la vigencia de la Ley 19149, ya que ellos encajan en el supuesto previsto en el numeral 20 del art铆culo 17.


III) Sugiere, en consecuencia y a los efectos de asegurar un proceder uniforme en todos los Registros, el dictado de una resoluci贸n que recoja los criterios de calificaci贸n detallados, con car谩cter vinculante para los Registradores.


Considerando: Que esta Direcci贸n General se afilia a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.


Atento:  a lo dispuesto por los art铆culos 3 numerales 3 y 5 de la Ley N潞 16.871, de 28 de setiembre de 1997, y lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral;


El Encargado de la Direcci贸n General de Registros,
R e s u e l v e :


1) Establecer los siguientes criterios de calificaci贸n, con car谩cter vinculante para el Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria:


1.1) Corresponde la inscripci贸n de aquellos certificados de resultancias de autos en los cuales se incluyan derechos posesorios respecto a inmuebles.


1.2) Tambi茅n corresponde inscribir aquellos actos declarativos (partici贸n, negocios de fijaci贸n), demandas o el embargo que tengan por objeto derechos posesorios.


1.3) Tambi茅n corresponde la registraci贸n de todos aquellos actos modificativos de cesiones de derechos posesorios inscriptas con anterioridad a la vigencia de la Ley 19149.


2) Notif铆quese a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas t茅cnicas, quienes har谩n lo propio con los funcionarios a su cargo.


3) Comun铆quese  a la Comisi贸n Asesora Registral.


4) Ins茅rtese en la p谩gina web e intranet el texto de la presente, comunic谩ndose a las direcciones de correo de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros. Cumplido, arch铆vese.

Esc. Adolfo Orellano Cancela

Encargado de la Direcci贸n General de Registros

Res. 35 - 2014 Petici贸n S. R. y otra Cancelacion insc.

RESOLUCION N掳  35 / 2014

      Montevideo,  9  de  abril  de 2014.

VISTO: estas actuaciones, por las cuales los Sres. Senareno Rodr铆guez y Mar铆a Araceli Rodr铆guez Noble solicitan la cancelaci贸n de la inscripci贸n verificada en el Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Maldonado, con el n煤mero 555 folio 728 del libro 3, de fecha 18 de febrero de 2002.

RESULTANDO: I) Dicha inscripci贸n corresponde a una compraventa por la cual Marcelo Grancha vendi贸 a Senareno Rodr铆guez, casado con Mar铆a Araceli Rodr铆guez el bien inmueble sito en la quinta secci贸n judicial de Maldonado, ciudad de Pirl谩polis, empadronado con el n煤mero 4691, antes en mayor 谩rea 1287 y 1464.

II) Las solicitantes expresan que habiendo solicitado informaci贸n por el referido inmueble, tomaron conocimiento que con fecha 14 de febrero de 2002 y con el n煤mero 506, folio 663 del libro 3, se hab铆a inscripto en el referido Registro otra enajenaci贸n, en la que Marcelo Grancha vendi贸 a Gerardo Gabriel Castro Rodr铆guez, casado con Patricia Alzugaray el mismo inmueble, con lo cual la inscripci贸n verificada a su favor y relacionada en primer t茅rmino, se realiz贸 sin respetar el tracto sucesivo previsto en el art铆culo 57 de la Ley 16871, correspondiendo aplicar la Resoluci贸n N潞 2/2011 de la Direcci贸n General de Registros.

II) La Registradora de Maldonado, Esc. Stella Stratta, informa que, efectivamente, las inscripciones se verificaron en la forma relacionada, no habi茅ndose solicitado en ninguno de los casos reserva de prioridad, exponiendo que, por no estar disponible en Maldonado la consulta electr贸nica en esa fecha, el control registral se realizaba en base a los medios permitidos por el art铆culo 2潞 de la Resoluci贸n N潞 264/98, es decir mediante certificaci贸n notarial acreditante de la procedencia anterior.

III) La Comisi贸n Asesora Registral analiz贸 el caso en dictamen n煤mero 14/2014, asentado en Acta n煤mero 379, de fecha 4 de abril de 2014, encontrando que se dan los presupuestos establecidos en la Resoluci贸n N潞 18/2014, modificativa de la N潞 2/2011, no correspondiendo dar vista a las personas afectadas por la cancelaci贸n, desde el momento que son los propios solicitantes, por todo lo cual sugiere a la Direcci贸n General de Registros disponer sin m谩s tr谩mite, la cancelaci贸n de la inscripci贸n solicitada.

CONSIDERANDO: Que esta Direcci贸n General comparte lo informado por la Comisi贸n Asesora Registral.

ATENTO: a lo dispuesto en el art铆culo 3潞 de la Ley 16.871 de 28 de setiembre de 1997;

 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCI脫N GENERAL DE REGISTROS,

R E S U E L V E :

 

1掳) HACER LUGAR a lo peticionado por los Sres. Senareno Rodr铆guez y Mar铆a Araceli Rodr铆guez Noble, disponiendo la cancelaci贸n de la inscripci贸n verificada en el Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Maldonado con el n煤mero 555 folio 728 del libro 3, de fecha 18 de febrero de 2002.

2掳) NOTIF脥QUESE a los solicitantes.

3潞) Pase para su cumplimiento al Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Maldonado y comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral. Cumplido, arch铆vese.-

Esc. Adolfo Orellano Cancela

Encargado de la Direcci贸n General de Registros

Res. 52 - 2014 Recurso E. V.

RESOLUCI脫N No.  52/ 2014

Montevideo, 12 de  mayo  de 2014.

VISTO: el recurso de revocaci贸n interpuesto por el Dr. Eduardo V茅scovi, actuando en representaci贸n de los Sres. Gerardo Segura y Jos茅 Mar铆a Bausili, en su calidad de accionistas de 鈥淐lub de Mar Jos茅 Ignacio SA鈥, tramitado en el expediente No. 2013-11-0018-0143.

RESULTANDO: I) El recurso 鈥搃nterpuesto en tiempo y forma鈥 impugna la resoluci贸n de la Direcci贸n General de Registros N潞 52/2013, de 17 de mayo de 2013, que no hizo lugar a su petici贸n de adoptar medidas en relaci贸n a la supuesta omisi贸n de informaci贸n sobre las unidades de propiedad horizontal 001 y 002 correspondientes al inmueble empadronado con el n煤mero 654 de Maldonado, localidad catastral 鈥淔aro de Jos茅 Ignacio鈥.

II) Los recurrentes insisten en la argumentaci贸n detallada en su petici贸n original, de que el Registro de Maldonado no dio adecuado cumplimiento del oficio remitido por el Juzgado Letrado de 1陋 instancia de Primer Turno de San Carlos, en v铆a de ejecuci贸n de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia N潞 2430, mediante la cual se declara la nulidad absoluta de la rescisi贸n del compromiso de compraventa de fecha 24/6/04, comunicando: a) al Registro de Maldonado, la anulaci贸n de la inscripci贸n de dicha rescisi贸n y el restablecimiento en su validez y eficacia originaria del compromiso de compraventa de las unidades padr贸n 654/001 y 654/002; b) al Director General de Catastro, la cancelaci贸n de la inscripci贸n de los planos de mensura correspondientes efectuados por el Agrimensor Pereira Esqueff posteriores al a帽o 2004 (planos inscriptos con los n煤meros 8182 el 22/5/10 y 9357 el 23/7/10) por no haber sido confeccionados por voluntad de la sociedad 鈥淐lub de Mar Jos茅 Ignacio SA鈥. Entienden que el Registro de Maldonado, en cumplimiento de lo ordenado, anul贸 la inscripci贸n de la rescisi贸n del compromiso de fecha 24/6/04, conforme la declaraci贸n de nulidad dictada por la Suprema Corte de Justicia y restableci贸 la inscripci贸n del compromiso de compraventa originario, lo cual es correcto, pero adem谩s, debi贸 anotar la inscripci贸n de la rescisi贸n en la ficha de todas las unidades creadas conforme a los planos efectuados por el Agrimensor Pereira Esqueff posteriores al a帽o 2004. Dicha anotaci贸n la fundamentan, porque las unidades fueron creadas por planos cuya validez fue dejada sin efecto y en puridad, han dejado de existir, pues se declar贸 la nulidad de los planos en cuya virtud nacieron a la vida jur铆dica.

III) La resoluci贸n impugnada hab铆a basado su denegatoria en que, en el oficio de referencia, 煤nicamente se ordena al Registro la anulaci贸n de la inscripci贸n de la rescisi贸n de promesa y el restablecimiento de la vigencia del compromiso que dicha rescisi贸n afectaba, a lo cual se dio cumplimiento en su totalidad; no existiendo ni en las minutas ni en los documentos, ni en el oficio, elementos que indiquen la necesidad de realizar inscripciones marginales a otras unidades ni modificaciones a la matr铆cula registral, ya que no existen factores que puedan indicar que unas unidades provienen de otras. Se se帽al贸 adem谩s que, si el Juzgado comunic贸 a la Direcci贸n de Catastro la cancelaci贸n de la inscripci贸n de planos de mensura y fraccionamiento horizontal, esa Direcci贸n no realiz贸 comunicaci贸n alguna al Registro, tal cual lo dispone el art铆culo 17 numeral 14 de la Ley 16871.

IV) La Comisi贸n Asesora ratific贸 lo expresado en su dictamen N潞 9/2013, asentado en Acta N潞 363, de 10 de abril de 2013: la funci贸n de los Registros, conforme lo establece el art铆culo 3潞 de la Ley 16871, es  registrar los actos, negocios jur铆dicos y decisiones de las  autoridades competentes sujetos por la ley a publicidad registral鈥 para luego 鈥渃ertificar, sobre la base de los datos recopilados, la situaci贸n registral de los bienes y  personas鈥. En otras palabras, los Registros 煤nicamente deben inscribir aquellos actos y negocios jur铆dicos que la ley determina y siempre y cuando las personas legitimadas para solicitar la inscripci贸n as铆 lo requieran (principio del requerimiento o rogaci贸n, recogido en el art铆culo 85 de la Ley Org谩nica Registral). La publicidad registral no opera de oficio, sino a requerimiento de 鈥渜uien tenga inter茅s en la protecci贸n de la publicidad registral鈥. Al Registro nunca le fue requerida la inscripci贸n de acto alguno que elimine la existencia de las unidades oportunamente incorporadas al condominio. Si determinadas unidades dejaron de existir por virtud de la sentencia anulatoria de la Suprema Corte de Justicia, ello debi贸 ser comunicado primero a la Intendencia Municipal de Maldonado, que fue la que al otorgar la habilitaci贸n municipal respectiva viabiliz贸 la propiedad horizontal conforme a la Ley 10751 y del mismo modo, si la Direcci贸n Nacional de Catastro hubiera entendido que determinadas unidades dejaron de tener virtualidad objetiva por esa circunstancia, recibido que fue el oficio relacionado, debi贸 haberlo comunicado al Registro, conforme lo dispone el art铆culo 17 numeral 14 de la Ley 16871.

V) Por otra parte, tal como destaca la Asesor铆a Letrada, si bien tanto el Juez como el registrador realizan un examen de los actos y negocios que se les presentan, cada uno cumple una funci贸n diferente; el Juez en su actividad, resuelve un conflicto de intereses entre particulares, el Registrador en cambio, no interviene ni decide en dicho conflicto, sino que en defensa de la seguridad jur铆dica, examina el documento presentado y determina si el acto contenido en 茅ste es o no inscribible de conformidad con la ley. La revisi贸n del contenido de las decisiones judiciales, o su ampliaci贸n, modificaci贸n o aclaraci贸n, solo  puede realizarse en sede judicial. No puede el registrador examinar el contenido de la decisi贸n judicial, ni el tr谩mite, ni si existe incongruencia entre lo solicitado en la demanda y lo resuelto; solo debe recoger el contenido del documento portante y analizar si es apto para la publicidad registral.

CONSIDERANDO: Que por los fundamentos expresados, se concluye que en el presente caso, el registrador inscribi贸 de acuerdo a la orden judicial, el oficio N潞 616/2011 de fecha 20 de diciembre de 2011, librado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 1陋 instancia de Primer Turno de San Carlos, por lo que no corresponde a la Direcci贸n General de Registros modificar ning煤n asiento registral ni expedir informaci贸n diferente a la emitida oportunamente.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en los art铆culos 317 de la Constituci贸n de la Rep煤blica y 66 de la Ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997 y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

EL ENCARGADO DE LA DIRECCI脫N GENERAL DE REGISTROS

R E S U E L V E :

1潞) NO HACER LUGAR al recurso de revocaci贸n interpuesto por el Dr. Eduardo V茅scovi, actuando en representaci贸n de los Sres. Gerardo Segura y Jos茅 Mar铆a Bausili, en su calidad de accionistas de 鈥淐lub de Mar Jos茅 Ignacio SA鈥.

2潞) NOTIF脥QUESE a los interesados. Cumplido, el茅vese al Ministerio de Educaci贸n y Cultura franqueando el recurso jer谩rquico interpuesto.-

Esc. Adolfo Orellano Cancela

Encargado de la Direcci贸n General de Registros

Res. 59-2014-SA- acto aislado RUT- c.v.

 RESOLUCION No. 59/2014

20 de mayo de 2014

 

Visto: estas actuaciones, por las cuales la Comisi贸n Asesora Registral, plantea fijar un criterio de calificaci贸n vinculante para los Registradores, respecto a la exigencia de la inscripci贸n en el RUT de las sociedades extranjeras para el otorgamiento de actos aislados, que acceden a la publicidad registral.


Resultando:

I) La Registradora Esc. Ofelia Lancibidad, plante贸 a la Comisi贸n Asesora su inquietud, si a la luz de la Ley 18930, de 17 de julio de 2012 y sus disposiciones reglamentarias, se mantiene vigente la Circular de la Direcci贸n General de Registros n煤mero 8/2008, que en el caso de actos aislados otorgados por sociedades extranjeras, si se establece por declaraci贸n de parte o constancia notarial que no corresponde la inscripci贸n en el RUT, ella no debe exigirse.


II) La Comisi贸n Asesora consider贸 el tema, en sesi贸n de fecha 7 de mayo de 2014, (dictamen N潞 21/2014, asentado en acta N潞 383) y concluy贸 que el RUT en las sociedades extranjeras debe exigirse dentro de los l铆mites que fijados por el art铆culo 1潞 inciso pen煤ltimo del Decreto N潞 247/2012, que establece: 鈥淟as entidades no residentes referidas precedentemente, en todos los casos, deber谩n inscribirse ante la Direcci贸n General Impositiva鈥 . Y las entidades que refiri贸 precedentemente, no son otras que las referidas en el apartado anterior, es decir 鈥淟as entidades no residentes, sea cual sea su naturaleza jur铆dica, siempre que se encuentren comprendidas dentro de las previsiones del literal A) o del literal B) del inciso primero del art铆culo 2潞 de la Ley que se reglamenta鈥, la Ley 18930, o sea, aquellas que:

"A) Act煤en en territorio nacional a trav茅s de un establecimiento permanente, de acuerdo a la definici贸n establecida en el art铆culo 10 del T铆tulo 4 del Texto Ordenado 1996;

B) Radiquen en territorio nacional su sede de direcci贸n efectiva, para el desarrollo de actividades empresariales en el pa铆s o en el exterior. Se entender谩 que una entidad tiene su sede de direcci贸n efectiva en territorio nacional cuando en 茅l radique la direcci贸n y control del conjunto de sus actividades. Asimismo, a efectos de la definici贸n de las actividades empresariales comprendidas en el presente literal, ser谩 de aplicaci贸n la definici贸n establecida en el numeral 1) literal B) del art铆culo 3潞 del T铆tulo referido precedentemente". Concluye en definitiva, que solo a ellas deber铆a exig铆rseles citar su inscripci贸n en el RUT. Y la Circular N潞 8/2008, debe controlarse dentro de ese marco normativo y solo respecto a dichas entidades鈥.


Considerando: Que esta Direcci贸n General se afilia a lo informado por la Comisi贸n Asesora Registral.


Atento:  a lo dispuesto por los art铆culos 2 de la Ley 18930, de 17 de julio de 2012, art铆culo 10 del T铆tulo 4 del Texto Ordenado 1996, en la redacci贸n dada por la Ley 18083, de 27 de diciembre de 2006, art铆culo 1潞 inciso pen煤ltimo del Decreto N潞 247/2012 y art铆culo 3 numerales 3 y 5 de la Ley N潞 16.871, de 28 de setiembre de 1997, y lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral;

El encargado de la Direcci贸n General de Registros,
R e s u e l v e :

1潞) Establecer los siguientes criterios de calificaci贸n, con car谩cter vinculante para los Registradores:


1.1) El control de inscripci贸n en el RUT de las sociedades constituidas en el extranjero deber谩 exigirse  siempre que se encuentren comprendidas dentro de las previsiones del literal A) o del literal B) del inciso primero del art铆culo 2潞 de la Ley 18930, de 17 de julio de 2012.


1.2) Por lo tanto, en el caso de no estar comprendidas, se admitir谩 la declaraci贸n de parte o la constancia notarial respectiva, no exigi茅ndose la referida inscripci贸n.


2潞) Notif铆quese a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas t茅cnicas, quienes har谩n lo propio con los funcionarios a su cargo.


3) Comun铆quese  a la Comisi贸n Asesora Registral.


4) Ins茅rtese en la p谩gina web e intranet el texto de la presente, comunic谩ndose a las direcciones de correo de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros. Cumplido, arch铆vese.

Esc. Adolfo Orellano CancelA

Encargado de la Direcci贸n General de Registros

 

 

Res. 60 - 2014 Oposici贸n Bonaudi-

RESOLUCI脫N No. 60/2014

Montevideo, 20 de mayo de 2014.

VISTO: la oposici贸n a la calificaci贸n registral interpuesta por la Esc. Valentina Bonaudi, respecto de las inscripciones provisorias del Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Maldonado n煤meros 3561, 9043, 9046, 9047, 9048 y 9050 del a帽o 2013, tramitadas en expedientes Nos. 2013/11/0018/0203 y 2013/11/0018/319.

RESULTANDO: I) Los documentos en cuesti贸n fueron observados entre otros motivos, por haber detectado el Registrador la existencia de inscripciones de cesiones de derechos hereditarios en el Registro Nacional de Actos Personales, en virtud de las cuales se alterar铆a la legitimaci贸n de los enajenantes.

II) La impugnante reitera los fundamentos expuestos en oportunidad de la oposici贸n planteada contra otras inscripciones observadas por el mismo motivo y que dieran lugar a los expedientes n煤meros 2012/11/18/97 y 2012/11/18/98, que fueron objeto de estudio en dict谩menes de la Comisi贸n Asesora Registral asentados en actas n煤meros 358, 362 y 374, los cuales fueron recogidos como fundamento en las Resoluciones N潞 61/2013 de la Direcci贸n General de Registros, que resuelve el recurso de revocaci贸n y N潞 1013/2013 del Ministerio de Educaci贸n y Cultura que resuelve el recurso jer谩rquico.

III) En esta oportunidad, la impugnante agrega un informe jur铆dico preparado por la Profesora Esc. Carmen Salt贸 de Rodr铆guez, en el cual 鈥搑esumidamente鈥 se establecen los siguientes fundamentos: a) el principio de legalidad recogido en los art铆culos 64 y 65 de la Ley 16871 fija los l铆mites de la calificaci贸n registral, en especial en lo que refiere al aspecto sustancial o de fondo, ya que el Registrador solo puede inscribir en forma provisoria cuando el acto es absolutamente nulo y dicha nulidad surge del documento, de lo cual se desprende que no puede realizar un estudio del caso a nivel sustancial, ya que el estudio del t铆tulo lo hace el escribano interviniente, que ser谩 responsable de los errores que cometa. b) el principio del tracto sucesivo recogido en el art铆culo 57 de la ley registral reconoce como excepci贸n, lo dispuesto en el numeral 5 del art铆culo 58: 鈥渃uando el acto inmediato anterior constituye la transmisi贸n de una universalidad inscripta en el Registro competente鈥, recordando adem谩s que en el inciso final de dicho art铆culo se establece  que 鈥淓n todos estos casos el documento deber谩 expresar la relaci贸n de los antecedentes del dominio o  de los derechos motivo de la transmisi贸n o adquisici贸n, a partir del que figure inscrito en el  Registro, circunstancia que se consignar谩 en la ficha respectiva鈥. A juicio de la Profesora Salt贸, en la especie, el tracto sucesivo est谩 perfectamente configurado, ya que el 煤ltimo titular registral es Te贸filo Adorno Esp铆ndola o Esp铆nola y 茅ste cedi贸 sus derechos hereditarios en la sucesi贸n de Joaquina Adorno, control谩ndose por la escribana actuante esta escritura y su inscripci贸n, con lo cual se configura la excepci贸n al tracto referida en el numeral 5 antes transcripto. Las cesiones de derechos hereditarias que detect贸 el Registrador fueron otorgadas por personas que no fueron declaradas judicialmente herederas de Joaquina Adorno y esto fue as铆 porque cualquier persona que se considere con derechos en una sucesi贸n, puede ceder sus derechos hereditarios con el 煤nico requisito de la apertura legal de la sucesi贸n. Despu茅s se ver谩 en el proceso sucesorio si definitivamente son declarados o no herederos. Opina la jurista, que el an谩lisis de dichas cesiones de derechos hereditarias no debe realizarlas el Registrador, sino el profesional actuante, es decir el Escribano que interviene en la operaci贸n subsiguiente, de lo contrario, el registrador estar铆a cumpliendo funci贸n jurisdiccional, cosa que no le compete. c) No comparte el argumento esgrimido por esta Comisi贸n, de que gracias a la aplicaci贸n de la tecnolog铆a inform谩tica, existe en la Direcci贸n General de Registros una base de datos 煤nica que nuclea los actos inscriptos en cada una de las oficinas registrales, lo cual permite al Registrador realizar la consulta m谩s all谩 de la resultante en su propia sede. Seg煤n la informante, un criterio en este sentido amerita una resoluci贸n con car谩cter general y una aplicaci贸n para todos los casos, circunstancia que no se ha dado. d) Para la compraventa observada por el Registro, se hab铆a obtenido certificado registral del cual surg铆a como 煤ltimo titular del inmueble el Sr. Te贸filo Adorno, en virtud de la inscripci贸n del certificado de resultancias de autos respectivo con el n煤mero 616189, el 2 de diciembre de 2010, siendo el certificado registral la 煤nica forma que tiene el usuario de obtener informaci贸n relevante, pues ellos 鈥減roducen el efecto de acreditar la situaci贸n registral que enuncian respecto de los bienes y personas por quienes se expidan, a la fecha de su expedici贸n鈥 (art铆culo 77 de la Ley 16871).

IV) El Registrador Esc. Daniel Ramos, informa que el principio de legalidad es un poder deber que obliga al Registrador a actuar conforme a Derecho y como tal queda comprendido todo el conjunto de normas jur铆dicas que inciden en la calificaci贸n registral. La calificaci贸n sustancial, si bien tiene como l铆mite la nulidad absoluta que surja del documento, no puede dejar de lado los aspectos previos que le permiten analizar la invalidez del propio acto inscribible. En tal sentido, Edgardo Scotti (鈥淒erecho Registral Inmobiliario, Modalidad y efectos de las observaciones registrales鈥, Bs.As. 1980), se帽ala que para cumplir con el objetivo de la publicidad registral 鈥el paso previo o presupuesto es la autenticidad y legitimidad de las relaciones jur铆dicas que acceden a la publicidad registral鈥. El mismo autor, concluye mas adelante, refiri茅ndose a la finalidad del principio, que 鈥tiende a evitar que ingresen al registro documentos nulos o insuficientes que no justifiquen y permitan conferirles los especiales efectos publicitarios. Teniendo en vista el principio fundamental de seguridad jur铆dica, debe lograrse la mayor concordancia entre la realidad registral y la extrarregistral.鈥 El inciso 1潞 del art铆culo 57 de la ley 16.871, en cuanto establece que el disponente debe encontrarse legitimado, no hace m谩s que confirmar que el Registrador debe controlar la legitimaci贸n para disponer (relaci贸n del titular con el bien, relaci贸n inmediata y directa en cuanto derecho real (Cf. Gamarra, Jorge. 鈥淭ratado de D. Civil Uruguayo鈥, tomo X, p谩g. 231, 2001).

V) La Comisi贸n Asesora Registral trat贸 el asunto, por dictamen No. 16/2014, asentado en Acta No. 380, de 10 de abril de 2014, recibiendo las siguientes opiniones de sus integrantes: A) La Esc. Ofelia Lancibidad manifiesta que comparte las conclusiones a que arriba la Esc. Carmen Salt贸, agregando: a) Se remite a la lectura del art铆culo 405 del CGP, que establece Salvo disposici贸n legal en contrario, las providencias de jurisdicci贸n voluntaria pueden ser siempre revisadas en el mismo o en otro proceso de igual 铆ndole, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros de buena fe鈥 Todo aquel que considere perjudicial para su inter茅s lo establecido en el proceso voluntario, podr谩 promover el pertinente  proceso contencioso鈥. En efecto, el proceso sucesorio en sede del Poder Judicial, es el canal previsto por el orden jur铆dico para ventilar las vocaciones hereditarias. El Certificado de Resultancias de Autos que se presenta al registro, resume ese tr谩mite sucesorio operado y prueba su existencia, pero no es t铆tulo en cuanto causa de adquisici贸n, 茅sta opera por disposici贸n de la ley o por testamento y el derecho real se trasmiti贸 por el modo sucesi贸n. Puede considerarse que el Certificado de Resultancias de Autos es un t铆tulo formal, pero por su propia naturaleza jur铆dica queda excluido de la prioridad y oponibilidad registral. O sea, la inscripci贸n del CRA se exige por el legislador a los solos efectos de mantener la regularidad de la publicidad en t茅rminos de cognocibilidad y no de oponibilidad, pero esto no quiere decir que con posterioridad a su inscripci贸n no sufra modificaciones, pero dicha modificaci贸n en sede del Poder Judicial, necesita de la publicidad registral para sacarla de la clandestinidad, y por ello el legislador dispone su inscripci贸n. Frente al tercero de buena fe que adquiere de un heredero aparente, corresponde al Poder Judicial juzgar la situaci贸n en cada caso, no al registrador. El registrador no ejerce funci贸n jurisdiccional, y debe realizar la calificaci贸n registral a la luz del principio de legalidad: es un 鈥減oder-deber鈥 que debe ejercer dentro de los l铆mites de la legalidad y si transgrede 茅stos, se est谩 excediendo en sus atribuciones. b) Adem谩s, le ofrece dudas si el registrador puede exigir al usuario que descarte las inscripciones que surgen de la base de datos a la que accede el t茅cnico en su labor de calificaci贸n. Esta exigencia, cree que es de exclusiva responsabilidad del registrador, y que no puede desplazar en el usuario, el an谩lisis del tracto, que el legislador asign贸 al registrador. B) El Dr. Ricardo Brum y los Escs. Stella Stratta y Carlos Milano realizan las siguientes puntualizaciones: a) No comparten las apreciaciones realizadas por la Prof. Esc. Carmen Salt贸, con respecto al principio de legalidad. Si bien es cierto que el art铆culo 65 le fija claros l铆mites a la calificaci贸n del Registrador, siendo uno de ellos el relativo a la nulidad absoluta del acto, en el sentido que ella debe surgir exclusivamente del documento, dicha limitaci贸n refiere exclusivamente a la calificaci贸n sustancial, pero ese no es el 煤nico escenario en el cual se mueve el registrador. Tambi茅n existe una calificaci贸n formal (registral e instrumental) y tributaria. El control del tracto sucesivo, exigido por el art铆culo 57 integra la calificaci贸n formal registral, ya que interesa mantener el estricto encadenamiento de las titularidades a los efectos de asegurar una perfecta armon铆a entre la realidad jur铆dica y la registral. De manera que el examen que realiza el Registrador, se limita exclusivamente al documento que tiene a la vista, solo en cuanto al an谩lisis de las nulidades, pero para poder controlar adecuadamente el tracto, debe analizar tambi茅n el aspecto de la legitimaci贸n sustantiva, ya que el art铆culo 57 establece: 鈥淣o se inscribir谩 acto alguno que implique matriculaci贸n en el que  aparezca como titular del derecho que se transfiere, modifica o afecta, una persona distinta de la  que figure en la inscripci贸n precedente, salvo que el disponente se encontrare legitimado鈥︹. Si el legislador entendi贸 que una excepci贸n al tracto es la correspondiente a la persona legitimada, es porque el registrador debe realizar un an谩lisis de la legitimaci贸n del disponente. A igual conclusi贸n llegamos, si analizamos cu谩l es el acto inscribible en la especie, conforme a lo establecido en el numeral 1潞 del art铆culo 17: 鈥淟os instrumentos p煤blicos en los que se 鈥 transfiera,  鈥 el dominio, usufructo, uso, habitaci贸n, derecho de superficie, servidumbre, 鈥 sobre bienes inmuebles鈥. En efecto, si el acto inscribible es la transferencia del dominio, resulta obvio que el registrador deba examinar si est谩n dados todos los elementos necesarios para que se produzca dicha transmisi贸n. Analizar la legitimaci贸n no implica exceder las limitaciones a la calificaci贸n, ya que no est谩 en juego la validez del instrumento sino la legitimaci贸n de quien dice disponer de su derecho. b) Como se afirm贸 en el dictamen N潞 48/2012 (acta N潞 358), la excepci贸n establecida en el numeral 5 del art铆culo 58, que contempla 鈥渓a transmisi贸n de una universalidad inscrita en el Registro competente鈥, es de aplicaci贸n en el Registro de la Propiedad, habilitando la enajenaci贸n por un titular que no es el 煤ltimo inscripto, pero ello no inhibe al calificador de exigir el cumplimiento de lo dispuesto por el inciso final: 鈥淓n todos estos casos el documento deber谩 expresar la relaci贸n de los antecedentes del dominio o  de los derechos motivo de la transmisi贸n o adquisici贸n, a partir del que figure inscrito en el  Registro, circunstancia que se consignar谩 en la ficha respectiva鈥. Esto es as铆, porque debe surgir la legitimaci贸n del disponente para que la tradici贸n sea eficaz y se produzca la traslaci贸n del dominio, que es el acto inscribible. Por esta raz贸n, se entiende que no es caprichoso ni excesivo observar el documento, solicitando a la profesional actuante que exprese los motivos jur铆dicos en base a los cuales no tiene en cuenta las otras inscripciones de derechos hereditarias que no menciona en la escritura observada, especialmente porque el registrador detect贸 que era la misma escribana quien hab铆a autorizado una de dichas cesiones, en mayo del mismo a帽o. Respecto a la duda planteada por la Esc. Lancibidad, sobre si el registrador puede exigir el descarte de estas inscripciones que surgen de la base de datos, opinan que ello no es un exceso de atribuciones y entra dentro de las potestades que 茅ste tiene para clarificar aquellos aspectos del documento que le ofrecen dudas. Comparten la afirmaci贸n de la Esc. Salt贸 de que el an谩lisis de dichas cesiones de derechos hereditarias no debe realizarlas el registrador, sino la profesional actuante y justamente por esa raz贸n se solicit贸 de 茅sta que realice y fundamente dicho descarte, cosa que nunca se verific贸. c) La Prof. Salt贸 expresa que 鈥渟omos los primeros en aplaudir los avances tecnol贸gicos que faciliten y perfeccionen el servicio registral porque eso redundar谩 en una mejor publicidad registral, entendida 茅sta como el fin 煤ltimo del servicio y en una mayor seguridad jur铆dica que es el fin 煤ltimo de la publicidad registral. Las conexiones entre todos los registros鈥 es algo largamente reclamado por la doctrina y por los usuarios del sistema registral鈥. si esta conexi贸n realmente se diera, ya no ser铆a necesaria la excepci贸n del art铆culo 58 numeral 5, porque el propio registrador encontrar铆a la procedencia que le indica el usuario鈥 se terminar铆an grandes problemas que hasta el momento se producen por la falta de vinculaci贸n y de cruce de datos entre todos los Registros鈥︹ Les congratula este reconocimiento, efectuado por tan reconocida docente, pero llama la atenci贸n que cuando este cruzamiento de datos se pone en pr谩ctica, se ponga en dudas su legalidad, sobre todo porque no tiene en cuenta que la ley registral tiende a facilitar la tecnificaci贸n del servicio, para asegurar 鈥渓a permanencia, inalterabilidad y exactitud  de la informaci贸n鈥 (art铆culo 95). Si esto es as铆, 驴c贸mo no tener en cuenta la posibilidad de efectuar cruzamiento de datos entre las diferentes sedes registrales, cuando ello posibilita la seguridad jur铆dica? Para asegurar la exactitud de la informaci贸n a brindar, los asientos deben reflejar la realidad jur铆dica y si la tecnolog铆a permite consultar la base de datos que es 煤nica, aun cuando refieran a otros Registros, nada mejor que posibilitar dicha exactitud mediante la consulta respectiva a los efectos de contar con asientos fidedignos y respetuosos de la legitimidad. d) Tambi茅n comparten la apreciaci贸n de la Prof. Salt贸, de que los certificados registrales 鈥減roducen el efecto de acreditar la situaci贸n registral que enuncian respecto de los bienes y personas por quienes se expidan, a la fecha de su expedici贸n鈥 (art铆culo 77 de la Ley 16871), pero la situaci贸n registral no se obtiene exclusivamente del Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria. Cuando un escribano realiza el estudio de t铆tulos previo a la autorizaci贸n de una escritura, tambi茅n solicita certificado al Registro Nacional de Actos Personales, cosa que seguramente realiz贸 la Escribana Bonaudi. Pues bien, en dicho certificado tienen que haber surgido tambi茅n las inscripciones de las cesiones de derechos hereditarios luego ignoradas por ella en la escritura. Y este certificado tambi茅n produce el efecto dispuesto por el mencionado art铆culo 77 de la ley registral; entonces volvemos a lo mismo: 驴por qu茅 raz贸n no se descart贸? En definitiva, la Comisi贸n Asesora dictamin贸 鈥損or mayor铆a de sus integrantes (Dr. Ricardo Brum, Esc. Stella Stratta y Esc. Carlos Milano)鈥 que  corresponde no hacer lugar a la oposici贸n planteada.

CONSIDERANDO: Que por los fundamentos expresados, esta Direcci贸n General se afilia a lo dictaminado en mayor铆a por la Comisi贸n Asesora Registral.

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por el art铆culo 3潞 nal. 5, 57, 58, 64 a 66 y 95 de la Ley 16871, de 28 de setiembre de 1997 y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

EL ENCARGADO DE LA DIRECCI脫N GENERAL DE REGISTROS

R E S U E L V E :

1潞) NO HACER LUGAR a la oposici贸n deducida por la Esc. Mar铆a Valentina Bonaudi, respecto a la calificaci贸n de documentos inscriptos provisoriamente en el Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Maldonado con los n煤meros n煤meros 3561, 9043, 9046, 9047, 9048 y 9050 del a帽o 2013.

2潞) NOTIF脥QUESE a la interesada y al Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Maldonado y Montevideo. COMUN脥QUESE a la Comisi贸n Asesora Registral y cumplido, arch铆vese.-

Res. 62-2014 BPS en S.A. c.v.

Resoluci贸n 62 /2014

21 de mayo de 2014

 Visto: estas actuaciones, por las cuales la Comisi贸n Asesora Registral, plantea fijar un criterio de calificaci贸n vinculante para los Registradores, respecto a la pertinencia de la declaraci贸n jurada negativa de ser contribuyente del Banco de Previsi贸n Social, prevista en el Decreto N潞 152/1991, de 12 de marzo de 1991, respecto a las sociedades comerciales.

Resultando: I) Los Registradores de la Propiedad Inmobiliaria y Mobiliaria, Escs. Daniel Ramos y Fernando Echeverr铆a plantearon la consulta a la Gerencia de Gesti贸n de Cobros de dicho organismo, facilitando a esta Comisi贸n copia de un mail remitido por la Esc. Susana Barreto, en el que expresa:

a) Con anterioridad a la sanci贸n de la Ley 16713, de 3 de setiembre de 1995, era admisible tal declaraci贸n jurada, pero a partir de su vigencia, se marc贸 una diferencia en los criterios de control.

b) En efecto, el art铆culo 170 de dicha ley, dice que las remuneraciones de los directores, administradores y s铆ndicos de sociedades an贸nimas, constituyen materia gravada y el art铆culo 171, cuando establece que estar谩n exentos, no dice que no sean contribuyentes, estableciendo mecanismos de prueba de exenci贸n ante el BPS, por lo que entienden que siempre necesitan realizar el tr谩mite y obtener el certificado.

c) Respecto a las sociedades comerciales personales, b谩sicamente las SRL y colectivas, ellas pueden probar que est谩n inactivas mediante la declaraci贸n jurada de referencia, pero las sociedades an贸nimas y en comandita por acciones, deben realizar la prueba ante el BPS y su aportaci贸n quedar谩 en estado inactivo y dejar谩n de cotizar reci茅n a partir de la fecha de su presentaci贸n.


II) La Comisi贸n Asesora consider贸 el tema, en sesi贸n de fecha 14 de mayo de 2014, (dictamen N潞 22/2014, asentado en acta N潞 384) recibi茅ndose los siguientes aportes de sus integrantes:

A) El Esc. Daniel Ramos expresa,

a) que comparte los fundamentos de la Esc. Barreto; los directores y s铆ndicos de sociedades an贸nimas podr谩n estar exentos de aportaci贸n a la instituci贸n, pero la sociedad es contribuyente y para probar la no existencia de adeudos deben justificarlo ante el organismo, que les expedir谩 un certificado acreditante.

b) La Ley 16713 es una norma de mayor rango y de fecha posterior al Decreto N潞 152/1991, por lo que estar铆a derogando t谩citamente la posibilidad de admitir registralmente, la declaraci贸n jurada negativa de parte de las sociedades an贸nimas.

c) Recuerda adem谩s, que de acuerdo con lo dispuesto por el art铆culo 667 de la Ley 16170, los Registros P煤blicos no inscribir谩n documentos sin dejar constancia del n煤mero de certificado correspondiente y el art铆culo 668 establece una responsabilidad solidaria de todos los intervinientes, profesionales y funcionarios p煤blicos por las deudas del contribuyente omiso.

B) El Dr. Ricardo Brum y el Esc. Carlos Milano, por su parte, destacan:

a) la Ley 16713 dispone que las remuneraciones de los directores y s铆ndicos de sociedades an贸nimas constituyen materia gravada y luego establece causales de exenci贸n, pero en ning煤n momento elimina la posibilidad de efectuar la declaraci贸n jurada negativa en los documentos registrables.

b) El Decreto N潞 152/1991 es una norma de car谩cter especial, que regula la forma de controlar por parte de Escribanos y Registradores la situaci贸n de determinados otorgantes, frente al Banco de Previsi贸n Social, admitiendo, respecto de toda persona, f铆sica o jur铆dica, sin excepci贸n, la posibilidad de efectuar la declaraci贸n jurada de no ser contribuyente y ello inhibe de plano, la exigencia del certificado respectivo.

c) Se trata de una norma que reglamenta uno de los aspectos b谩sicos en la tarea del Registrador, la llamada calificaci贸n formal tributaria prevista en el art铆culo 65 numeral 3 de la Ley Org谩nica Registral. Como norma especial, no puede considerarse derogada por una ley general posterior, cuya materia adem谩s, no regula en absoluto las formas de efectuar los controles de aportaci贸n al BPS a realizar por profesionales y oficinas p煤blicas intervinientes. En efecto, la ley que regula las formas de contralor al instituto, es la N潞 16170, en sus art铆culos 662 y siguientes; esta ley fue reglamentada por el Decreto N潞 152/1991 y ni aquella ni 茅ste fueron derogados en forma expresa. La derogaci贸n de una ley, seg煤n el art铆culo 10 del C贸digo Civil tiene lugar 鈥渃uando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior鈥. Dicha disposici贸n agrega, 鈥淟a derogaci贸n t谩cita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley鈥.

d) Si el Banco de Previsi贸n Social entiende que no es suficiente la declaraci贸n jurada negativa en los documentos otorgados por sociedades an贸nimas y en comandita por acciones, deber铆a obtener la sanci贸n de un decreto modificativo del estudiado en este caso, norma de car谩cter especial que regula un aspecto de la actividad registral (la calificaci贸n formal tributaria) y que no puede ser modificado por una ley que no regula este aspecto, el cual integra la competencia y funciones propias del Registrador.


C) Los Escs. Fernando Echeverr铆a y Ana Laura Gonz谩lez comparten la opini贸n precedente y destacan adem谩s, que del art铆culo 170 de la Ley 16713, se desprende que la materia gravada la constituyen 鈥渓as remuneraciones de los Directores, Administradores y S铆ndicos de Sociedad An贸nimas鈥. El art铆culo 171 de la referida ley, establece que puede haber Directores, Administradores y S铆ndicos que no perciban remuneraci贸n, o que est茅n radicados en el extranjero o que la Sociedad An贸nima sea 煤nicamente propietaria de inmuebles destinadas a casa-habitaci贸n. Por lo tanto entienden, que si los directores se encuentran comprendidos en alguno de dichos supuestos, no hay materia gravada, y podr铆a la sociedad, incluida en estos casos, declarar por medio de sus representantes y de acuerdo al Decreto 152/1991, su calidad de no contribuyentes al Banco de Previsi贸n Social.


D) A lo antes expuesto, el Escribano Daniel Ramos responde: la ley 16713 refiere a la materia gravada por las contribuciones al Banco de Previsi贸n Social. En el art铆culo 171 habla de una situaci贸n de exenci贸n o exoneraci贸n, para lo cual, debemos aplicar la norma tributaria por la  remisi贸n que establece el art铆culo 18 del C贸digo Civil que se transcribe: "las palabras de la ley se entender谩n en su sentido natural y obvio, seg煤n  el uso general de las misma palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar谩 en 茅stas su significado legal". Y el significado legal que extraemos del C贸digo Tributario est谩 previsto conceptualmente en los art铆culos 17 (contribuyente) 24 (hecho generador) y 41 (exenci贸n o exoneraci贸n). Si hay materia gravada hay obligaci贸n tributaria y por consiguiente se configura el hecho generador. Por tal situaci贸n, el art铆culo 17 asociado a estas premisas prescribe expresamente que "es contribuyente la persona respecto de la cual se verifica el hecho generador de la obligaci贸n tributaria", pudiendo ser persona f铆sica o jur铆dica. M谩s adelante el art铆culo 41 expresa que"constituye exenci贸n o exoneraci贸n la liberaci贸n total o parcial de la obligaci贸n tributaria, establecida por la ley en favor de determinadas personas comprendidas en la definici贸n del hecho generador".  El ac谩pite del art铆culo 171 de la ley 16.713 es terminante al expresar que "est谩n exentos los Directores, administradores y S铆ndicos". O sea, si hay exenci贸n es porque existe una obligaci贸n y eso configura el hecho generador y como consecuencia es contribuyente la persona jur铆dica no obstante la exenci贸n. Contin煤a estableciendo la norma que si no perciben remuneraci贸n alguna (no realizan actividad)  deber谩n "probar dicho extremo, mediante certificado notarial o contable", en concordancia con el art铆culo 41 del C贸digo Tributario. En resumen, de acuerdo a las normas citadas no es ajustado a derecho y t茅cnicamente no es correcto, sostener que se puede ser no contribuyente cuando hay exenci贸n, justamente porque existi贸 la obligaci贸n tributaria y se configur贸 el hecho generador. Respecto al Decreto 152/91, entre otras cosas regula la situaci贸n de los no contribuyentes precisando la forma en que pueden acreditarlo. Pero este procedimiento reglamentario no puede ser contrario a la propia ley 16.170, debiendo entenderse en tal sentido que la regulaci贸n de los contribuyentes es materia reservada a la ley.

Considerando: Que esta Direcci贸n General se afiliar谩 a lo informado por el Esc. Daniel Ramos en el dictamen de la Comisi贸n Asesora Registral referido precedentemente. Al respecto, cabe recordar que conforme al art铆culo 65 numeral 3 de la ley 16871, de 28 de setiembre de 1997, el registrador es responsable del debido control fiscal y por tanto debe tener en cuenta el criterio interpretativo del organismo recaudador.

Atento: a lo dispuesto por los art铆culos 667 y 668 de la Ley 16170, de 28 de diciembre de 1990, art铆culo 170 de la Ley 16713, de 3 de setiembre de 1995, art铆culo 3 numerales 3 y 5 de la Ley N潞 16.871, de 28 de setiembre de 1997, y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral;

El Encargado de la Direcci贸n General de Registros,
R e s u e l v e :

1潞) Establecer los siguientes criterios de calificaci贸n, con car谩cter vinculante para los Registradores, respecto a la pertinencia de la declaraci贸n jurada negativa de ser contribuyente del Banco de Previsi贸n Social por parte de las sociedades comerciales:

1.1) En las sociedades comerciales personales, incluidas las sociedades de responsabilidad limitada, se admitir谩 la declaraci贸n negativa de referencia.

1.2) En las sociedades an贸nimas y en comandita por acciones, tal declaraci贸n no ser谩 admisible, debiendo controlarse el certificado respectivo del Banco de Previsi贸n Social.

2潞) Notif铆quese a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas t茅cnicas, quienes har谩n lo propio con los funcionarios a su cargo.

3) Comun铆quese  a la Comisi贸n Asesora Registral.

4) Ins茅rtese en la p谩gina web e intranet el texto de la presente, comunic谩ndose a las direcciones de correo de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros. Cumplido, arch铆vese.

Esc. Adolfo Orellano Cancela

Encargado de la Direcci贸n General de Registros

 

Res. 82 - 2014 Oposici贸n R. F.

RESOLUCI脫N No.  82/2014

Montevideo,  27 de junio de 2014.

VISTO: la oposici贸n a la calificaci贸n registral interpuesta por la Esc. Regina Felder y el recurso de revocaci贸n y jer谩rquico para el caso de que resulte resoluci贸n denegatoria de aquella respecto a la declaratoria y rectificaci贸n, inscripta provisoriamente en el Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Montevideo el 22 de octubre de 2013, con el n煤mero 42175.

RESULTANDO: I) En dicha declaratoria, los otorgantes de una promesa de fecha 19 de junio de 2007, inscripta con el n煤mero 25043/2007 y su cesi贸n posterior de fecha 22 de diciembre de 2011, inscripta con el n煤mero 53959/2011, establecen que se padeci贸 error al establecer el objeto de la promesa y dan una nueva redacci贸n al mismo incluyendo adem谩s del derecho a los bienes comunes de uso exclusivo referidos en los documentos anteriores, el derecho al uso de m谩s bienes.

II) El Registro hab铆a observado el documento por entender que se trata de un acto no inscribible. La impugnante no comparte dicha argumentaci贸n, en virtud de que entiende fundamental dar publicidad a los hechos modificados. Si dicha modificaci贸n no fuera inscripta, la publicidad registral que se de sobre estos dos negocios ser谩 incorrecta e incompleta, lo cual da pie a la inseguridad jur铆dica.

III) El Registrador de la Propiedad Inmueble de Montevideo, Esc. Daniel Ramos, informa que: a) El Registro considera que la declaratoria en cuesti贸n se trata de un 鈥渁cto no inscribible鈥. En efecto, los pactos de utilizaci贸n de futuros bienes comunes en una promesa, entiende que constituyen un contrato con efecto vinculante entre las partes sin trascendencia registral. Para que dicha regulaci贸n adquiera eficacia frente a terceros debe ser recogida en un Reglamento de Copropiedad. Al respecto Fernando Miranda (鈥淐onferencias y Estudios鈥 AEU 1985, p谩g.308), define al Reglamento como 鈥un negocio jur铆dico unilateral, uni o pluri personal, por el cual el o los propietarios de un edificio apto para regirse por la ley 10.751, establecen normas jur铆dicas objetivas que lo disciplinan en cuanto a su determinaci贸n y configuraci贸n, integraci贸n en bienes particulares y de uso com煤n, ejercicio de los derechos sobre uno y otros, en su administraci贸n y obligaciones que derivan de tales ejercicios y administraci贸n鈥濃 鈥淓l contrato vincula a las partes, ya porque 茅stas lo elaboraron en com煤n o cuando elaborado por una, otra u otras le prestan su adhesi贸n; el reglamento una vez perfeccionado e inscripto, y producido los hechos reglados por 茅l, despliega sus efectos a煤n respecto de aqu茅llos que no lo estipularon y de quienes declaran desconocerlo u oponerse a 茅l鈥. b) Como se帽ala el profesor Jorge Gamarra (鈥淭ratado de Derecho Civil Uruguayo鈥, tomo IV), el promitente comprador es titular de un 鈥渄erecho de cr茅dito, de un derecho personal, dirigido a lograr la transferencia de la propiedad鈥, una vez que se haya pagado el precio. La ejecuci贸n de la obligaci贸n a cargo del propietario est谩 diferida en el tiempo ya que se har谩 efectiva al momento de hacer la tradici贸n. c) Los actos modificativos (art铆culo 17 numeral 20 de la ley 16871) s贸lo deben referirse a los aspectos enunciados y con el alcance de la ley 8.733, no estim谩ndose como relevante la adjudicaci贸n del uso de un bien com煤n, que como se expres贸, es materia reservada a un reglamento de copropiedad. El Registro s贸lo puede y debe inscribir dentro del espectro que habilita la modificaci贸n del derecho real. En tal sentido es viable inscribir las modificaciones del precio y las rectificaciones del objeto propio del negocio jur铆dico, la futura unidad de propiedad horizontal, sobre la cual incide con efecto real el derecho que se inscribe al amparo del art铆culo 15 de la ley 8.733. Pero en estas posibilidades lejos estamos de habilitar la inscripci贸n de modificaciones o nuevas incorporaciones de derechos de uso sobre bienes comunes que no tienen existencia hasta tanto se plasmen en el estatuto que legalmente puede reconocerlos. d) En igual sentido, tambi茅n considera inaplicable el numeral 1 del art铆culo 17 de la ley registral ya que la declaratoria a estudio para nada afecta al dominio o al derecho real de garant铆a. La solicitud de inscripci贸n contiene un negocio obligacional con eficacia entre las partes, el cual, por su propia definici贸n conceptual, no puede irradiar efectos erga omnes a trav茅s de la publicidad registral.

IV) Se recibi贸 el dictamen de la Asesor铆a Letrada de fecha 24 de marzo de 2014, el cual expresa que no corresponde entrar a considerar el recurso de revocaci贸n interpuesto, porque para interponer los recursos administrativos contra una resoluci贸n, deber谩 necesariamente esperarse a que 茅sta se dicte, ya que es la 煤nica forma por la que se pueda saber si el pertinente acto administrativo agravia a la interesada.

V) La Comisi贸n Asesora se expidi贸 por dictamen n煤mero 26/2014, asentado en el Acta n煤mero 385, de fecha 4 de junio de 2014, compartiendo 铆ntegramente los fundamentos expresados por el Registrador.

CONSIDERANDO: I) Que compartiendo lo informado por Asesor铆a Letrada, la presente resoluci贸n decidir谩 solamente la oposici贸n a la calificaci贸n registral prevista en el art铆culo 66 de la Ley 16871.

II) Que en cuanto al fondo del asunto, esta Direcci贸n General coincide con los fundamentos detallados en el informe del Registrador y el dictamen de la Comisi贸n Asesora Registral.

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por el art铆culo 3潞 nal. 5 y 66 de la Ley 16871, de 28 de setiembre de 1997 y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

EL ENCARGADO DE LA DIRECCI脫N GENERAL DE REGISTROS

R E S U E L V E :

1潞) NO HACER LUGAR a la oposici贸n deducida por el la Esc. Regina Felder, respecto a la calificaci贸n del documento inscripto provisoriamente en el Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Montevideo con el n煤mero 42175, el 22 de octubre de 2013.

2潞) NOTIF脥QUESE a la interesada y a la direcci贸n del Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Montevideo.

3潞) COMUN脥QUESE a la Comisi贸n Asesora Registral.-

Esc. Adolfo Orellano Cancela

Encargado de la Direcci贸n General de Registros

Res. 83 - 2014 Oposici贸n Urdampilleta

RESOLUCI脫N No.  83/2014

Montevideo, 27 de junio de 2014.

VISTO: la oposici贸n a la calificaci贸n registral interpuesta por los Sres. Gerardo y Gustavo Urdampilleta, respecto de la solicitud de inscripci贸n n煤mero 12656 de fecha 17 de octubre de 2013, presentada en el Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Maldonado.

RESULTANDO: I) Dicha inscripci贸n corresponde a un embargo espec铆fico comunicado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de Quinto Turno.

II) Seg煤n certificado notarial agregado al oficio, el embargo fue trabado en un juicio de ejecuci贸n de la hipoteca constituida por el hoy padr贸n matriz 2674, inscripta en el nombrado Registro con el N潞 888 al F潞 968 del L潞 4 A帽o 1992. Explican los impugnantes que con posterioridad, dicha sociedad construy贸 un edificio y enajen贸 tres de sus unidades de propiedad horizontal, conservando la propiedad de la cuarta. El oficio comunica la traba de embargo sobre las cuatro unidades, de las que se relacionan sus propietarios actuales y el t铆tulo y modo de su adquisici贸n, no coincidiendo, respecto de tres de ellas con la demandada; la sociedad 鈥淒ARYLEN S.A.鈥

III) La observaci贸n formulada por el Registro fue 鈥淓stablecer por oficio complementario que se dispone la inscripci贸n con prescindencia del tracto sucesivo, por estar comprendido en la situaci贸n prevista por el art铆culo 2340 del C贸digo Civil鈥. La Registradora de Maldonado, Esc. Stella Stratta, expresa que el fundamento de la observaci贸n es el art铆culo 57 de la Ley 16871, que reglamenta el control del tracto sucesivo, ya que de la lectura del oficio judicial no surgen ni la orden de inscripci贸n con prescindencia de dicho tracto, ni que el acreedor est茅 legitimado para solicitar la inscripci贸n del embargo por ser acreedor de una hipoteca anterior a las enajenaciones.

IV) Los impugnantes expresan que, cuando el Registro estableci贸 la observaci贸n, el expediente judicial se encontraba en la Suprema Corte de Justicia, sujeto a una acci贸n de inconstitucionalidad interpuesta por una cuesti贸n tributaria, siendo imposible requerir y obtener el oficio complementario requerido, antes del vencimiento de la pr贸rroga a la inscripci贸n provisoria. Pero la observaci贸n formulada les agravia por los siguientes fundamentos: a) La funci贸n calificadora del Registro est谩 sujeta a cumplir los principios generales del derecho, entre ellos los de racionalidad, justicia y funcionalidad, destacando que en nuestro ordenamiento jur铆dico no hay expresiones sacramentales (Cf. Frugone Schiavone, H茅ctor 鈥淓l nuevo procedimiento administrativo鈥, 1191, pag. 32 y ss.). El principio de la materialidad, que informa todo nuestro proceso administrativo aplica el criterio de idoneidad de las formas con relaci贸n al fin perseguido, priorizando el cumplimiento del objetivo sustancial, siempre que ello no implique un menoscabo de los derechos y garant铆as del administrado, debiendo evitar la realizaci贸n o exigencia de tr谩mites, formalismos o recaudos innecesarios o arbitrarios que complican o dificultan su desenvolvimiento (arts. 2, 5, 7, 8 y 9 del Decreto 500/91, art. 13 del Decreto 65/98 y arts. 60 y 311 de la Constituci贸n). Pretender que el Juez invoque determinados textos legales en forma expresa, entienden es una clara violaci贸n de los principios del proceso administrativo nacional. b) El oficio aclara que existe una hipoteca que grava el inmueble y que las unidades de propiedad horizontal son propiedad de personas que se identifican expresamente, cuyas inscripciones el Registro conoce, as铆 como tambi茅n conoce la inscripci贸n de la hipoteca vigente. c) La exigencia de establecer expresamente la norma del art铆culo 2340 del C贸digo Civil la encuentran fuera de lugar, ya que conforme a lo establecido en los art铆culos 1, 2 y 3 del mismo C贸digo, las normas son obligatorias para todos los habitantes de la Rep煤blica y se reputan conocidas, ya que su ignorancia no sirve de excusa. d) El Registrador, que es un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo, entienden no puede imponer al Poder Judicial formulismos o ritualidades no expresamente consagradas por ninguna norma legal. Concluyen que 鈥渓a observaci贸n formulada es violatoria de la competencia del Poder Judicial y afecta la independencia t茅cnica de los Sres. Magistrados鈥.

V) La Comisi贸n Asesora Registral trat贸 el asunto, por dictamen N潞 28/2014, asentado en Acta N潞 385, de fecha 4 de junio de 2014, destacando que: a) En cuanto a la 煤ltima aseveraci贸n de los impugnantes, creen conveniente destacar que la funci贸n calificadora no implica violar ni atacar la competencia del Poder Judicial y sus magistrados. En efecto, la intervenci贸n del Registrador se hace efectiva a trav茅s de la actividad calificadora, con los l铆mites que le atribuye la ley. Como bien se帽ala Chico y Ortiz (鈥淧resente y futuro del principio de calificaci贸n registral鈥. Revista de Derecho Registral del Centro Internacional de Derecho Registral, 1974, N掳 1, p谩g. 29), 鈥淟a calificaci贸n es resorte indispensable para obtener asientos que, de lo contrario, por falta de adecuada decantaci贸n, llevar铆an al enga帽o, al fomento del tr谩fico il铆cito y a la provocaci贸n de nuevos conflictos鈥. Al decir de Moisset de Espan茅s, (鈥淐alificaci贸n registral de instrumentos judiciales鈥, Revista del Notariado, n煤mero 850, Colegio de Escribanos de la Capital Federal, R.A., noviembre de 1997, p谩g. 133), 鈥淣otario, registrador y juez, todos ellos califican, pero cada uno, en atenci贸n a la funci贸n que cumple, con una 贸ptica distinta: el notario, la viabilidad; el registrador, la admisibilidad; el juez, la validez鈥. En la ley org谩nica registral uruguaya, es claro que el principio de legalidad se concreta en la calificaci贸n registral. Ella est谩 desarrollada en el art铆culo 64 de la ley 16871: 鈥淓l Registrador calificar谩 bajo su responsabilidad dentro del plazo de cinco d铆as h谩biles contados a partir de su presentaci贸n si el documento presentado a inscribir, en su totalidad, re煤ne las condiciones impuestas por esta ley y dem谩s leyes y reglamentos aplicables鈥. Entiende que en los documentos de origen judicial es necesario diferenciar entre 鈥渞ogaci贸n鈥 y 鈥渙rden judicial鈥: El Juez puede emitir el comunicado que contiene el acto a inscribir bajo la forma de una orden, pero en el fondo se trata de una rogatoria de inscripci贸n, porque frente a la competencia legal del Juez, est谩 tambi茅n la competencia legal del Registrador para determinar si se trata de un acto inscribible. Nuestra ley org谩nica registral tom贸 partido por este criterio. As铆 lo establece claramente el art铆culo 5潞 de la ley 16871: 鈥渃ompete a la Direcci贸n de Registros... admitir o rechazar los actos, negocios jur铆dicos y decisiones de las autoridades competentes鈥. Quiere decir que, si el Registrador da los fundamentos, puede perfectamente denegar la inscripci贸n (inc. 3潞). El rechazo de la solicitud de inscripci贸n no significa desacato sino desarrollo de una competencia propia del Registrador. b) Hecha esta aclaraci贸n, la Comisi贸n Asesora encuentra que asiste raz贸n a los impugnantes en cuanto a que no corresponde exigir el cumplimiento de formalismos o expresiones sacramentales, cuando del contexto del acto inscribible se desprenden los elementos requeridos por la ley para su registraci贸n. La exigencia del tracto sucesivo establecida en el art铆culo 57 de la ley registral, establece que No se inscribir谩 acto alguno que implique matriculaci贸n en el que  aparezca como titular del derecho que se transfiere, modifica o afecta, una persona distinta de la  que figure en la inscripci贸n precedente, salvo que el disponente se encontrare legitimado, o  estuviere facultado para disponer de cosa ajena o as铆 lo mande el Juez competente鈥. En otras palabras, la ley habilita a que se altere el tracto sucesivo, cuando el Juez ordena no tenerlo en cuenta. Esta orden, puede surgir de un texto expreso, como as铆 lo considera la Registradora, pero tambi茅n puede emerger del resto de las consideraciones efectuadas en el oficio respectivo. En efecto, si el oficio consigna todas las enajenaciones realizadas por la demandada con posterioridad a su adquisici贸n, es porque el Juez conoce perfectamente que el embargo se traba contra una persona que no es el titular registral y por lo tanto que no se cumplir谩 con el tracto sucesivo. Tambi茅n parece excesivo exigir que el oficio establezca estar comprendido en la situaci贸n prevista por el art铆culo 2340 del C贸digo Civil, cuando al Registro le consta la inscripci贸n de la hipoteca constituida por 鈥淒ARYLEN S.A.鈥 la cual obra en sus asientos y la Registradora cita en su informe y del mismo modo 鈥揷omo bien afirman los impugnantes鈥 no corresponde exigir la menci贸n de la disposici贸n legal, cuando 茅stas se reputan conocidas por todos los habitantes de la Rep煤blica. Resultan aqu铆 aplicables los principios de informalismo en favor del administrado y flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos (art铆culos 2 y 9 del Decreto N潞 500/91). En definitiva, concluyen que en el presente caso y por los argumentos se帽alados, no es necesaria la expresa orden de prescindir del tracto sucesivo y tampoco es necesaria la menci贸n del art铆culo 2340 del C贸digo Civil.

CONSIDERANDO: Que por los fundamentos expresados, esta Direcci贸n General se afilia a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por el art铆culo 3潞 nal. 5 y 64 a 66 de la Ley 16871, de 28 de setiembre de 1997 y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

EL ENCARGADO DE LA DIRECCI脫N GENERAL DE REGISTROS

R E S U E L V E :

1潞) HACER LUGAR a la oposici贸n deducida por los Sres. Gerardo y Gustavo Urdampilleta, respecto de la solicitud de inscripci贸n n煤mero 12656 de fecha 17 de octubre de 2013, presentada en el Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Maldonado.

2潞) NOTIF脥QUESE a los interesados y a la direcci贸n del Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Maldonado. COMUN脥QUESE a la Comisi贸n Asesora Registral y cumplido, arch铆vese.-

Esc. Adolfo Orellano Cancela

Encargado de la Direcci贸n General de Registros

Res. 84 - 2014 Recurso Surco Seguros

RESOLUCI脫N No.  84/ 2014

Montevideo,  27 de junio de 2014.

VISTO: el recurso de revocaci贸n interpuesto por 鈥淐ompa帽铆a Cooperativa de Seguros SURCO鈥 contra la Resoluci贸n de la Direcci贸n General de Registros N潞 135/2013, de fecha 25 de noviembre de 2013.

RESULTANDO: I) La resoluci贸n recurrida no hizo lugar a la oposici贸n a la calificaci贸n del convenio de sindicaci贸n de socios, inscripto provisoriamente en el Registro de Personas Jur铆dicas Secci贸n Registro Nacional de Cooperativas, con el n煤mero 21935 el 17 de octubre de 2012, por consideralo un acto no inscribible.

II) La recurrente insiste en los argumentos detallados en la oposici贸n referida, agregando que a su juicio la reforma del art铆culo 215 de la Ley Cooperativa N潞 18407 establecida por el art铆culo 1潞 de la reciente Ley 19181 de 29 de diciembre de 2013, zanja la controversia planteada, en cuando establece como actos inscribibles en el Registro Nacional de Cooperativas, aquellos 鈥渜ue la ley o la reglamentaci贸n dispongan鈥, siendo los convenios de sindicaci贸n uno de los actos previstos para su inscripci贸n en el art铆culo 331 inciso 3潞, literal B de la Ley 16060.

III) La Dra. Beatriz Gargallo, por la Asesor铆a Letrada, inform贸 que: a) El convenio de sindicaci贸n de socios es un acuerdo entre los socios de la cooperativa, que hace nacer obligaciones a cargo de quienes lo suscriben. De acuerdo al documento que se pretende inscribir, las partes otorgantes 鈥搊 sea las que resultan afectadas en forma leg铆tima, directa y personal鈥 son las distintas cooperativas que integran 鈥淪urco Seguros鈥. Por lo tanto, la resoluci贸n atacada es susceptible de lesionar un derecho subjetivo o un inter茅s directo, personal y leg铆timo de los socios de 鈥淪urco Seguros鈥 y no de la propia entidad 鈥淪urco Seguros鈥. Si lo que se pretende inscribir es un convenio de sindicaci贸n de socios, es evidente que no puede intervenir la propia entidad a la que pertenecen los sindicados, pues ello contradice la esencia misma de la sindicaci贸n. En conclusi贸n, 鈥淪urco Seguros鈥 no se encuentra legitimada ni para inscribir este contrato ni para recurrir la resoluci贸n a que refieren estas actuaciones. b) En cuanto al fondo, se comparten los argumentos detallados en el dictamen n煤mero 13/2013, asentado en el Acta n煤mero 365 de fecha 22 de mayo de 2013 de la Comisi贸n Asesora Registral, recogidos en la resoluci贸n recurrida.

IV) La Comisi贸n Asesora Registral comparti贸 lo informado por la Asesor铆a Letrada y en cuanto al fondo del asunto, ratific贸 su opini贸n en cuanto a que no existen normas que prevean la inscripci贸n del convenio de sindicaci贸n para las sociedades cooperativas. En efecto, las normas contenidas en el art铆culo 215 de la Ley 18407 solo prev茅n la registraci贸n de aquellos actos que alteren, modifiquen o extingan las inscripciones efectuadas, no pudiendo considerarse al acto en cuesti贸n integrante de esta categor铆a. Si bien el convenio de sindicaci贸n referido a las sociedades cooperativas no puede considerarse nulo, pues no existe norma prohibitiva alguna que limite el principio de autonom铆a de la voluntad en la materia, ello no significa que sea registrable, pues las disposiciones que refieren a los actos inscribibles en el Registro Nacional de Cooperativas solo prev茅n la inscripci贸n de actos modificativos a sus estatutos, de forma y manera que solamente podr铆a registrarse el convenio si se instrumentara como una modificaci贸n estatutaria, cumpliendo con los requisitos correspondientes al acto, incluyendo mayor铆as especiales y dem谩s requisitos formales instrumentales, registrales y fiscales. La modificaci贸n establecida en el art铆culo 1潞 de la Ley 19181 nada agrega, del punto de vista de los actos inscribibles en el Registro Nacional de Cooperativas, pues solamente establece que se registrar谩n aquellos actos 鈥渜ue la ley o la reglamentaci贸n dispongan鈥 y en ning煤n momento la ley estableci贸 la inscripci贸n de los convenios de sindicaci贸n de socios. El Derecho Cooperativo constituye un 鈥渃onjunto de normas especiales鈥 (art铆culo 3潞 inciso 2 de la Ley 18407), es decir un cuerpo normativo especial que no admite, en principio, interpretaci贸n extensiva o integraci贸n anal贸gica. La ley establece que 鈥淪upletoriamente se regir谩n por las disposiciones de la ley de sociedades comerciales en lo no previsto y en cuanto sean compatibles鈥, pero los actos inscribibles s铆 fueron previstos en su normativa y ella no los incluy贸 de forma expresa. Un principio b谩sico del Derecho Registral Uruguayo lo constituye el principio de legalidad, el cual implica que solo acceden a la publicidad registral aquellos actos que est谩n revestidos de los requisitos formales, sustanciales y fiscales que determina la ley, el cual se concreta en la labor de calificaci贸n registral, pero la ley registral 16871 estableci贸 en su art铆culo 65, determinados l铆mites a dicha calificaci贸n registral y dice que 鈥渘o podr谩 admitirse la inscripci贸n definitiva de los actos..., 5) Cuando el acto o contrato no sea de los que legalmente deban inscribirse鈥. Ello implica que, si el acto o negocio jur铆dico no fue previsto por la ley como registrable, el documento que lo contiene no puede permanecer en el Registro en forma definitiva y tal es lo acontecido con el convenio que se pretende inscribir.

CONSIDERANDO: Que por los fundamentos expresados, se comparte el dictamen de la Comisi贸n Asesora Registral.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en los art铆culos 317 de la Constituci贸n de la Rep煤blica y 66 de la Ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997 y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

EL ENCARGADO DE LA DIRECCI脫N GENERAL DE REGISTROS

R E S U E L V E :

1潞) NO HACER LUGAR al recurso de revocaci贸n interpuesto por 鈥淐ompa帽铆a Cooperativa de Seguros SURCO鈥 contra la Resoluci贸n de la Direcci贸n General de Registros N潞 135/2013, de fecha 25 de noviembre de 2013.

2潞) NOTIF脥QUESE a los interesados. Cumplido, el茅vese al Ministerio de Educaci贸n y Cultura franqueando el recurso jer谩rquico interpuesto.-

Esc. Adolfo Orellano Cancela

Encargado de la Direcci贸n General de Registros

Res. 86-2014- Reserva prioridad- difiere nombres o rut o c.i. c.v.

RESOLUCION N潞 86 / 2014

                             Montevideo, 27 de junio de 2014.

VISTO: estas actuaciones, por las cuales la Gerencia de Servicios Notariales del Banco Rep煤blica plantea ciertas diferencias en los criterios aplicados por los distintos Registros, en lo relativo a la admisi贸n de la reserva de prioridad.

II) Expresa la solicitante, que frente a la circunstancia de que la reserva padezca alg煤n error tanto en las letras de los nombres o apellidos de las personas f铆sicas, o de las denominaciones en el caso de las personas jur铆dicas, como en las cifras de los respectivos n煤meros de c茅dula de identidad o RUT, los Registradores adoptan diferentes criterios respecto a la admisi贸n del acto reservado.

RESULTANDO: I) La Comisi贸n Asesora trat贸 el asunto en dictamen n煤mero 27/2014, asentado en el Acta n煤mero 385, de fecha 4 de junio de 2014, destac谩ndose los siguientes aspectos: a) La reserva de prioridad es un instituto especial铆simo que produce la alteraci贸n del sistema general de prioridades establecido como principio en el art铆culo 54 de la Ley Org谩nica Registral, por lo que su admisi贸n est谩 minuciosamente regulada por la propia ley, en el art铆culo 55 y por su Decreto reglamentario N潞 99/98, y las Resoluciones Nos. 38/1999 y 70/2005. b) El art铆culo 50 del Decreto N潞 99/98 establece que 鈥淎dmitida la reserva, la misma no tendr谩 los efectos previstos en el Art铆culo 55 de la Ley que se reglamenta, si el contrato o contratos para los cuales se solicit贸, no fueren otorgados respecto del bien y por los otorgantes y Escribano o Escribanos indicados en ella鈥. c) Por su parte, la Resoluci贸n N潞 70/2005, establece que 鈥淪i del cotejo de los documentos presentados con la solicitud de la reserva, no surge la coincidencia total de los actos y bienes a amparar, igualmente se rechazar谩 la solicitud鈥.

II) A juicio de la Comisi贸n Asesora, las normas que regulan los aspectos formales de la reserva, as铆 como su admisibilidad y las condiciones en las que pueden ampararse en ella los actos reservados, establecen como requisito necesario, que exista coincidencia del bien, otorgantes y Escribanos indicados en ella. Ni el Decreto N潞 99/1998, ni la Resoluci贸n vinculante N潞 70/2005, exige coincidencia en los nombres, ni en los n煤meros de documentos de identidad de los otorgantes. Por lo tanto y sin entrar a considerar la casu铆stica 鈥搎ue  entiende inabarcable鈥 si el Registrador, en la etapa de calificaci贸n documental, detecta alguna disimilitud en los nombres o en los n煤meros de c茅dula y esta disimilitud no es de una naturaleza tal que ponga en duda la identidad de los otorgantes, es admisible que de por amparado el acto en la reserva, siempre y cuando el Escribano interviniente presente un certificado que acredite tal coincidencia y deje constancia del error padecido. En este orden de ideas, resulta admisible que, si existe coincidencia de nombres entre reserva y acto amparado, y el n煤mero de c茅dula consignado en aquella es diferente del que figura en el documento que se califica, pero el Escribano interviniente agrega un certificado dejando constancia de la correspondencia de identidades, el Registrador puede perfectamente determinar su amparo. Por otra parte, se destaca que no corresponde en ning煤n caso modificar el asiento de la reserva de prioridad luego que se ha admitido por el calificador, pero s铆 cabr铆a admitir tal modificaci贸n, cuando el interesado detecta el error y lo acredita al Registro, dentro del plazo de cinco d铆as que establece la Resoluci贸n N潞 70/2005 para calificar la reserva, siempre antes de su admisi贸n. Tampoco corresponde corregir el asiento de la reserva, aun cuando el Registrador de por amparado el acto, si se present贸 el certificado notarial acreditante de la correspondencia de identidades referido anteriormente.

CONSIDERANDO: Que esta Direcci贸n General se afiliar谩 a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

ATENTO: a lo dispuesto por los art铆culos art铆culo 3 numerales 3 y 5 y 55 de la Ley N潞 16.871, de 28 de setiembre de 1997, a lo dispuesto en el art铆culo 50 del Decreto N潞 99/98 y la Resoluci贸n N潞 70/2005 de la Direcci贸n General de Registros y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral;

 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCI脫N GENERAL DE REGISTROS,

R E S U E L V E :

 

1潞) ESTABLECER los siguientes criterios de calificaci贸n, con car谩cter vinculante para los Registradores, respecto a la Reserva de Prioridad:

1.1) Cuando el T茅cnico Registrador detecte alguna diferencia en los nombres o denominaci贸n de la persona, o en los n煤meros de c茅dula de identidad o RUT entre la solicitud de reserva de prioridad y el documento que se pretende amparar y tal diferencia no es de una naturaleza tal que a juicio del Director del Registro ponga en duda la identidad de los otorgantes, deber谩 dar por amparado el acto, siempre y cuando el Escribano interviniente presente un certificado que acredite tal coincidencia y deje constancia del error padecido.

1.2) Solamente se admitir谩 la modificaci贸n de la reserva de prioridad, cuando el interesado detecte el error y lo acredite al Registro, dentro del plazo de cinco d铆as que establece la Resoluci贸n N潞 70/2005 para calificar dicha reserva, siempre antes de su admisi贸n.

1.3) No corresponde en ning煤n caso modificar el asiento de la reserva de prioridad una vez que 茅sta ha sido dada por admitida por el T茅cnico Registrador.

 

2潞) NOTIF脥QUESE a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas t茅cnicas, quienes har谩n lo propio con los funcionarios a su cargo.

3潞) COMUN脥QUESE  a la Comisi贸n Asesora Registral.

4潞) INS脡RTESE EN LA P脕GINA WEB E INTRANET el texto de la presente, comunic谩ndose a las direcciones de correo de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros. Cumplido, arch铆vese.

Esc. Adolfo Orellano Cancela

Encargado de la Direcci贸n General de Registros

Res. 86-2014- Reserva prioridad- difiere nombres o rut o c.i. c.v.

RESOLUCI脫N No.  100 / 2014

Montevideo,  14 de agosto  de 2014.

VISTO: el recurso de revocaci贸n interpuesto por el Escribano Gabriel Curi contra la resoluci贸n de la Direcci贸n General de Registros N潞 61/2014, de 20 de mayo de 2014, la cual no hizo lugar a la oposici贸n a la calificaci贸n registral de una declaratoria inscripta en forma provisoria con el N潞 53601, el 30 de diciembre de 2013, en el Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Montevideo,.

RESULTANDO: I) Dicho documento corresponde a una transacci贸n extrajudicial y declaratoria por la cual Mariceli Paggi Bazzano, actuando por s铆 y en representaci贸n de 鈥淯silux Sociedad An贸nima鈥 reconoce haber otorgado en forma simulada la compraventa de fecha 2 de mayo de 2002 ante la Escribana Mar铆a del Carmen Acu帽a, por la cual Mar铆a Victoria Alb贸niga-Mayor Queiruga enajen贸 por t铆tulo compraventa y modo tradici贸n a 鈥淯silux Sociedad An贸nima鈥 la unidad de propiedad horizontal ciento uno, empadronada con el n煤mero 33358/101 de Montevideo y para evitar un juicio eventual y poner fin a todos los conflictos que puedan suscitarse entre ellos, convienen reconstruir el t铆tulo a nombre de Mariceli Paggi como adquirente

II) El recurrente controvierte los argumentos detallados en la citada resoluci贸n del siguiente modo: a) Respecto a que existi贸 un desplazamiento del bien desde el patrimonio de la vendedora al de la compradora, el cual despleg贸 todos sus efectos respecto de terceros por efecto de la publicidad registral, expresa que efectivamente existi贸 tal desplazamiento a favor de Usilux SA, pero el mismo fue aparente, ya que la sociedad figura exclusivamente como 鈥減restanombre鈥. En virtud de la declaratoria que pretende inscribir, el Registro informar谩 de una simulaci贸n relativa por interposici贸n ficticia subjetiva ocurrida al otorgar la compraventa del a帽o 2002, cuyo efecto es recomponer la realidad instrumental y registrar el hecho de que el bien en realidad se hab铆a desplazado del patrimonio de la vendedora al de la Sra. Mariceli Paggi, quien fue la compradora real. b) Recuerda que uno de los principios b谩sicos de la publicidad registral es que la inscripci贸n es requisito de oponibilidad del acto a tercero, pero la misma de por s铆 no produce ning煤n efecto respecto de la legalidad, legitimidad, efectos, validez y eficacia del acto inscripto. c) La existencia en el propio instrumento de elementos que puedan hacer pensar en una simulaci贸n 鈥揷omo el precio vil, la renuncia a los certificados, etc.鈥 no son requisitos estructurales de la simulaci贸n, pues quien simula, tratar谩 de que el acto quede perfectamente disfrazado sin que elemento alguno evidencie la mentira. d) Respecto al argumento de que en el contrato de compraventa de inmuebles el consentimiento de vendedor y comprador debe ser expresado en escritura p煤blica so pena de nulidad y en el caso se le vendi贸 de esa forma a Usilux SA y no a la Sra. Mariceli Paggi, el recurrente afirma que el riguroso an谩lisis de la simulaci贸n relativa, permiten concluir que el consentimiento de la vendedora le fue verdaderamente otorgado a aquella en el 2002. Citando a Gamarra (Tratado de Derecho Civil Uruguayo, versi贸n para estudiantes autorizada y revisada por el autor, T. II, p谩gs. 264/268, Ed. Fundaci贸n de Cultura Universitaria, 2010), expresa que el r茅gimen de la interposici贸n ficticia es muy simple: 鈥渂asta con sustituir el contratante aparente por el verdadero, sin que se requiera alterar ninguno de los otros elementos del negocio鈥 Al no ingresar realmente los bienes en su patrimonio, nunca pasan a formar parte de la garant铆a com煤n de sus acreedores (art铆culo 2372); estos bienes integran en cambio el patrimonio del contratante oculto鈥 El requisito de solemnidad no impide que se produzca la interposici贸n ficticia, porque si bien el art铆culo 1664 del C贸digo Civil es contundente en cuanto a dicha solemnidad, cuando el 煤nico elemento simulado es el nombre del comprador, la compradora real es parte compradora en escritura p煤blica; a lo que se suma que el reconocimiento de la simulaci贸n tambi茅n surge de escritura p煤blica. Al igual que Ferrara y C谩mara, Gamarra invoca el car谩cter unitario del acto de simulaci贸n, para concluir que si el acto simulado se otorga en escritura p煤blica, el acto disimulado tambi茅n  est谩 otorgado en escritura p煤blica. Analiza el ejemplo de una compraventa de inmueble otorgada en escritura p煤blica respecto de la que se declara que en realidad fue donaci贸n y afirma que vale como donaci贸n otorgada en escritura p煤blica. Si bien Gamarra analiza el caso de una simulaci贸n en la naturaleza del acto otorgado (compraventa que encubre donaci贸n), entiende que su razonamiento y conclusiones son plenamente aplicables a la simulaci贸n ficticia subjetiva que se plantea en este caso. d) En cuanto al argumento de que se observa en la especie un contrato consigo mismo, si bien parte importante de la doctrina comercialista considera improcedente categorizar la actuaci贸n del representante en un contrato por s铆 y en representaci贸n de la sociedad como contrato consigo mismo, aun aceptando que se configure una situaci贸n de conflicto de intereses, el acto no merece observaci贸n, al tenor de lo dispuesto por los art铆culos 387, 388 y 84 de la Ley 16060, que valida la actuaci贸n del representante por medio de resoluci贸n de asamblea de accionista que autoricen actos de la referida naturaleza. Por ello, de acuerdo a lo dispuesto por dichas normas, previo al otorgamiento de la escritura del 30 de diciembre de 2013, se realiz贸 una Asamblea General Extraordinaria de accionistas de Usilux SA, que con la asistencia de la totalidad del capital accionario con derecho a voto, resolvi贸 su otorgamiento por unanimidad. e) Respecto al argumento 鈥搒iguiendo a Carnelli鈥 de que el reconocimiento de Usilux SA debi贸 completarse con el modo tradici贸n a efectos de ingresar el bien en el patrimonio de la Sra. Mariceli Paggi, afirma que el mismo no es aplicable al caso en estudio porque: 1) el acto cuya inscripci贸n se solicit贸, es la declaratoria que pone fin a la reconstrucci贸n del t铆tulo y pone fin a la simulaci贸n relativa, y no la transacci贸n, ya que 茅sta no requiere inscripci贸n. Lo que se quiere publicitar es solo el acto modificativo del contrato de 2002, es decir la declaratoria que afirma que quien realmente compr贸 el bien es la Sra. Mariceli Paggi; 2) no es necesario otorgar efectuar tradici贸n en escritura p煤blica a su favor, porque 茅sta se efectu贸 en la escritura de 2002. Se aplican aqu铆 las mismas conclusiones efectuadas anteriormente, ya que la Sra. Paggi compr贸 por intermedio de un 鈥減restanombre鈥. En tanto la insinceridad del acto fue reconocida por los 煤nicos sujetos con legitimaci贸n para hacerlo, con la forma legal requerida (escritura p煤blica), la registraci贸n es procedente y necesaria para hacer oponible la realidad del negocio: el acto cuya inscripci贸n se solicita es de naturaleza declarativa y por tanto no requiere tradici贸n. f) Ante el argumento de los efectos entre las partes de la transacci贸n 鈥搎ue se diferencian de los producidos respecto de terceros por la sentencia, seg煤n el art铆culo 218 del CGP鈥 mientras que por la inscripci贸n el acto deviene oponible erga omnes, el recurrente afirma que, como expres贸 antes, no solicit贸 la inscripci贸n de la transacci贸n y por otro lado, los efectos erga omnes no alteran los derechos de los terceros de buena fe. g) Frente el argumento de que para inscribir la enajenaci贸n se torna imprescindible verificar el modo de adquisici贸n (tradici贸n), el impugnante expresa que el acto a inscribir no es dispositivo, ya que el desplazamiento del bien se produjo directamente del patrimonio de la vendedora al de la Sra. Mariceli Paggi como consecuencia de la simulaci贸n relativa antes citada. Y como expres贸 antes, la transacci贸n no se inscribe, ya que ella es el motivo 鈥搉o la causa鈥 del otorgamiento de la declaratoria. h) No es necesaria la comparecencia de la vendedora: La resoluci贸n recurrida establece que las partes no pueden declarar la nulidad del contrato en virtud de lo establecido en el art铆culo 1561 del C贸digo Civil, pero el recurrente afirma que en el caso planteado no hay nulidad absoluta. As铆 Carnelli (Anuario de Derecho Civil, Tomo XXXI, p谩gs. 892 y ss.) afirma que el acto simulado es inexistente, pudiendo el interponente y el interpuesto declarar la verdad y poner fin a la simulaci贸n. Pero adem谩s, Carnelli y Gamarra (op. Citada), sostienen que el art铆culo 1561 no se aplica en caso de simulaci贸n absoluta. Afirma adem谩s que el acuerdo tripartito es necesario para la creaci贸n de la simulaci贸n, pero no es necesario para poner fin a la misma, porque el bien ya se encuentra en el patrimonio de la Sra. Mariceli Paggi; la vendedora no retuvo poder jur铆dico alguno sobre el bien. i) Tampoco es necesario el procedimiento judicial, como afirma la resoluci贸n, ya que no hubo resistencia, negativa o imposibilidad de los sujetos legitimados de otorgar el acto; la interponente y el prestanombre accedieron a suscribir la escritura que pone fin a la simulaci贸n. Si alg煤n tercero se considerara lesionado en sus derechos, podr铆a solicitar judicial o extrajudicialmente la nulidad de la declaraci贸n que se pretende inscribir y el Juez decidir谩 si la mantiene o la declara nula. Expresa por 煤ltimo, que el Registrador no tiene facultades para decidir y mucho menos exigir un pronunciamiento judicial, pues excede las facultades de calificaci贸n que le acuerda la ley.

III) Se recibi贸 el informe de la Dra. Beatriz Gargallo, por la Asesor铆a Letrada, quien expresa: A) Desde el punto de vista formal, el escribano Gabriel Curi no se encuentra legitimado para interponer los recursos de revocaci贸n y jer谩rquico en subsidio, ya que el acto impugnado no lo lesiona en forma directa. En efecto, la legitimaci贸n activa de las peticiones administrativas se regula en el art. 318 de la Constituci贸n y esa disposici贸n exige la titularidad de  un inter茅s leg铆timo o de un derecho. Los efectos del acto impugnado recaen en los otorgantes,  no en el escribano. El escribano actuante no es el titular de la situaci贸n jur铆dica que se invoca como violada o lesionada. (Cf. Cajarville, Juan P. 鈥淩ecursos Administrativos鈥. Tercera Edici贸n. FCU pags. 64 , 90, 94); B)  En cuanto al fondo, comparte los argumentos ya expuestos por la Comisi贸n Asesora Registral y el Registrador, recogidos en  la Resoluci贸n impugnada. No comparte la opini贸n del recurrente que lo que se otorg贸  es una simulaci贸n relativa por interposici贸n ficticia subjetiva, ya que a su juicio estamos frente a una interposici贸n real. (Tribunal de Apelaciones de 3er Turno (TA)(3T) Partes: M.A.A.R. de V. c. E.P. de S. y otro Fecha: 15/11/1954 - Cita Online: UY/JUR/8/1954 Voces: ACCION PUBLICIANA ~ ACUMULACION DE ACCIONES ~ PARTE ~ PRUEBA ~ REIVINDICACION ~ SIMULACION ~ TERCEROS: 鈥淟a simulaci贸n relativa puede referirse a la natu颅raleza del contrato, a sus condiciones o estipulaciones, o a las personas intervinientes. Esta 煤ltima variedad consiste en ocultar al contratante o part铆cipe verdade颅ro, haciendo aparecer en el acto a un sujeto distinto. El negocio jur铆dico celebrado es real, excepto en esa circunstancia, y el acto oculto ser谩 v谩lido siempre que tenga todos los requisitos legales necesarios para su existencia. Puede ocurrir que uno de los contratantes ignore el acuerdo enga帽oso entre la persona interpuesta y el interponente. En tal caso, las 煤nicas partes en el acto simulado ser铆an 茅stas, quedando aquel en situaci贸n de un tercero, extra帽o. Se estar铆a, entonces, frente a lo que la doctrina llama una interposici贸n real, que difiere de la ficticia, en que en 茅sta el acuerdo enga颅帽oso ha sido efectuado por todos los intervinientes en el acto. Tambi茅n se caracterizar铆an una y otra en que en la interposici贸n real se considera que el intermedia颅rio adquiere el derecho, aunque sea transitoriamente, y es el titular de los bienes trasmitidos, mientras que en la ficticia se concept煤a que todos los derechos han sido adquiridos directamente por el contratante oculto, que es el verdadero interesado. En la especie ha quedado demostrado que hubo si颅mulaci贸n relativa a uno de los sujetos de la compra颅venta celebrada. A espaldas del vendedor representado por el Juez A.V. compr贸 los inmuebles vendidos, me颅diante la interposici贸n de la Sra. S. de P., a cuyo nom颅bre fueron escriturados鈥  Surge claramente de los diversos escritos presentados por el actor, que la vendedora no particip贸 de la simulaci贸n, elemento que define la simulaci贸n real鈥. (Fin de la cita). Encontr谩ndonos en este supuesto, la empresa  Usilux SA adquiri贸 realmente los derechos, aunque  de forma temporal. Ahora corresponde que lo transfiera a la verdadera due帽a, no alcanzando una declaratoria como pretende el recurrente. Tambi茅n se ajusta cabalmente al supuesto de autos, la siguiente cita: Tribunal de Apelaciones en lo Civil del 5to turno de Montevideo, Uruguay (Partes: S.C., E. c. M.M.C. de S. y otros  Fecha: 09/03/1990 Cita Online: UY/JUR/48/1990 - Voces: SIMULACION: 1. La simulaci贸n relativa subjetiva por interposici贸n de per颅sonas requiere un acuerdo trilateral entre el interponerte, que es el sujeto interesado, que toma la iniciativa del ne颅gocio, la persona interpuesta (testaferro) y el tercero que contrata con el testaferro. 2. Un acuerdo entre el testaferro y el interponente no vuelve simulado el contrato, si el tercero no participa del mismo. 3. Aunque el vendedor supiera quien aport贸 el precio y co颅nociese el alcance del acuerdo entre el comprador osten颅sible y el interponente, respecto de la retroversi贸n o liber颅tad de disposici贸n por 茅ste del inmueble adquirido "a nombre" del testaferro, tampoco hay simulaci贸n porque el vendedor tiene voluntad de transferir el dominio al in颅terpuesto y el origen del dinero, as铆 como el comporta颅miento posterior del comprador, son circunstancias que no le incumben. (OMISSIS). En el Considerando 2 de la sentencia, se dice: 2o)En cuanto a la integraci贸n de la parte de颅mandada (litis consorcio pasivo necesario), la Sala comparte el enfoque de la a quo: la simulaci贸n rela颅tiva subjetiva por interposici贸n de personas, requiere un acuerdo trilateral entre el interponente, que es el sujeto interesado, que toma la iniciativa del negocio; la persona interpuesta (testaferro, presta nombre, hombre de paja), y el tercero que contrata con el tes颅taferro. Si 茅ste no interviniese en el acuerdo, el in颅terpuesto adquiere realmente (y no en forma ficticia) y la interposici贸n resulta real.鈥 Un acuerdo interno entre el testaferro y el inter颅ponente no vuelve simulado el contrato si el tercero no participa del mismo. "El tercero, que ignora el acuerdo entre interpuesto e interponente, vende al interpuesto; quiere realmente contratar con 茅l; la ca颅lidad jur铆dica del sujeto interpuesto es irrelevante (no vuelve simulado al negocio), porque queda en el fuero interno de 茅ste (es reserva mental del presta nombre)."鈥 "El acuerdo simulatorio trilateral determina que, necesariamente, haya tres partes en la simulaci贸n por interposici贸n de personas. Son partes en esta si颅mulaci贸n el contratante ostensible, el sujeto inter颅puesto o prestanombre y el contratante oculto". El acuerdo simulatorio trilateral conforma un ele颅mento esencial de la simulaci贸n relativa subjetiva por interposici贸n de personas: si el vendedor no participa en el acuerdo simulatorio hay que concluir que la si颅mulaci贸n no existe (Gamarra: Tratado de Der. Civil Uruguayo, t. XIII p. 82, 88)... A mayor abundamiento, aun admitiendo que el vendedor supiera qui茅n aport贸 el precio y conociera el alcance del acuerdo entre el contratante ostensible y el interponente respecto de la retroversi贸n o liber颅tad de disposici贸n por 茅ste del inmueble adquirido "a nombre" del testaferro, tampoco hay simulaci贸n, porque el vendedor tiene voluntad de transferir el dominio al interpuesto, y el origen del dinero, as铆 como el comportamiento posterior del comprador, son circunstancias que no le incumben. Dice Messineo: dado que el interpuesto contrat贸 a nombre propio, y por lo tanto los efectos del con颅trato recaen sobre 茅l, para el tercero vendedor son in颅diferentes las relaciones internas del interponente con el interpuesto, aunque las conozca (Gamarra: Anuario de Der. Civil t. XIV p. 134).

IV) La Comisi贸n Asesora Registral, se expidi贸 en dictamen n煤mero 39/2014, asentado en Acta n煤mero 387, de fecha 23 de julio de 2014, compartiendo lo informado por la Asesor铆a Letrada y ratificando el informe emitido en oportunidad de estudiar la oposici贸n a la calificaci贸n (dictamen n煤mero 20/2014). El Dr. Ricardo Brum reitera que, como han sostenido la doctrina y jurisprudencia en forma pac铆fica, la simulaci贸n relativa subjetiva por interposici贸n de per颅sonas, que seg煤n afirma el impugnante ocurri贸 en la especie, requiere un acuerdo trilateral entre el interponerte, que es el sujeto interesado que toma la iniciativa del ne颅gocio, la persona interpuesta (testaferro) y el tercero que contrata con el testaferro. Un acuerdo entre el testaferro y el interponente, no vuelve simulado el contrato si el tercero no participa del mismo. El Esc. Daniel Ramos agrega: el agraviado expresa que 鈥渟olo se inscribe la declaratoria y no la transacci贸n鈥 (punto 69 de su escrito), expresi贸n que no concuerda con lo manifestado en el literal C) 鈥淥POSICI脫N A LA CALIFICACI脫N REGISTRAL DEL DOCUMENTO A INSCRIBIR鈥, al consignar que 鈥渆l art. 17 inc. 1潞 de la ley 16871 incluye en forma expresa como acto inscribible el contrato y declaratoria instrumentados en el documento presentado a inscribir鈥. Entiende que ello solo puede ser as铆 鈥搉o obstante la contradicci贸n anotada鈥 porque una declaratoria en s铆 no tiene trascendencia si no refleja un contenido. El acto jur铆dico tiene como antecedente una transacci贸n en m茅rito de la cual se traslada al documento portante y concluye en la declaraci贸n cuya inscripci贸n se solicita. Y es por ello el fundamento sobre la transacci贸n, que reitera, no se da en el acto en cuesti贸n, remiti茅ndose a la posici贸n de Carnelli ya citada, en oportunidad de informar el contencioso registral. Respecto a la falta de solemnidad del acuerdo trilateral, no considera apropiada la comparaci贸n con la donaci贸n y la compraventa, en cuanto se considera un negocio disimulado y otro simulado, que en el ejemplo de Gamarra, se refiere a la calificaci贸n del negocio y no a un sujeto interpuesto. Ambos sujetos, donante y donatario, son los mismos que otorgan la compraventa como vendedor y comprador respectivamente. Pero ambos cumplen con la solemnidad ordenada por la ley y dan su consentimiento que luego corresponder谩 evaluar si fue para donar o para comprar. En el caso de autos, existe un tercer sujeto que no dio su consentimiento con la solemnidad exigida por el art铆culo 1664 del C贸digo Civil, o lo que es lo mismo, no existi贸 consentimiento. 驴Acaso debemos de presumir que el mero consentimiento dado en una promesa de contratar es el mismo consentimiento que el dado en una escritura de compraventa? Nada m谩s oportuno que las ense帽anzas de Gamarra (Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomo VIII, p谩g. 194), al expresar que 鈥渆n el contrato consensual la ley no le exige al consentimiento una forma especial (determinada), en cambio, en el contrato solemne el consentimiento (voluntad) no vale si no se exterioriza mediante la forma preceptuada por la ley鈥 no puede separarse el consentimiento de la forma. No hay en puridad, dos requisitos o elementos distintos (consentimiento y forma)鈥a diferencia entre consensualismo y solemnidad radica en que la forma es libre en el consensual y reglada (forma vinculada o necesaria o forzada) en el contrato solemne. En suma, la Comisi贸n Asesora, con la unanimidad de sus miembros, ratifica su dictamen n煤mero 20/2014, asentado en Acta N潞 382 de fecha 30 de abril de 2014 y sugiere no hacer lugar al recurso de revocaci贸n, franqueando el jer谩rquico interpuesto.

 

CONSIDERANDO: Que por los fundamentos expresados, se comparte el dictamen de la Comisi贸n Asesora Registral.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en los art铆culos 317 de la Constituci贸n de la Rep煤blica y 66 de la Ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997 y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

EL ENCARGADO DE LA DIRECCI脫N GENERAL DE REGISTROS

R E S U E L V E :

1潞) NO HACER LUGAR al recurso de revocaci贸n interpuesto por el Escribano Gabriel Curi contra la resoluci贸n de la Direcci贸n General de Registros N潞 61/2014, de 20 de mayo de 2014.

2潞) NOTIF脥QUESE al interesado. Cumplido, el茅vese al Ministerio de Educaci贸n y Cultura franqueando el recurso jer谩rquico interpuesto.-

Esc. Adolfo Orellano Cancela

Encargado de la Direcci贸n General de Registros

Res. 101 - 2014 Oposici贸n M. P茅rez T.

RESOLUCI脫N No.  101 /2014

Montevideo, 14 de agosto de 2014.

VISTO: la oposici贸n a la calificaci贸n registral interpuesta por la Escribana Mar铆a Cristina P茅rez Tab贸, como profesional interviniente en la solicitud de inscripci贸n N潞 50545/2013, de 17 de diciembre de 2013.

RESULTANDO: I) La solicitud precitada corresponde a un Compromiso de Compraventa de fecha 5 de diciembre de 2013, por el cual Arturo Jes煤s, Patricia Mar铆a y Mar铆a Cecilia Gomez Nu帽ez prometen vender el inmueble padr贸n 94.864 de Montevideo, a Adolfo Fern谩ndez Fern谩ndez. En la certificaci贸n notarial del mismo se establece: 鈥Que Sarah Nu帽ez falleci贸 intestada, en la ciudad de Montevideo, el d铆a 11 de junio de 1971鈥 y 鈥del certificado de resultancias de autos expedido el 3 de febrero de 1968, resulta que:鈥濃 y sigue el control conforme a la pr谩ctica notarial, indic谩ndose las fechas del fallecimiento, de la apertura judicial, el emplazamiento, control de las publicaciones, el n煤mero y la fecha del auto de declaratoria de herederos. El Registro observ贸 la inscripci贸n por no surgir inscripta la sucesi贸n de Sarah Nu帽ez, 煤ltima titular registral, seg煤n la inscripci贸n N潞 774 al F潞 444 del libro 394, controlada tambi茅n por la Escribana P茅rez Tab贸.

II) La solicitante expresa que resulta aplicable la excepci贸n al control del tracto sucesivo recogida en el Decreto 333/98, de 17 de noviembre de 1988 que establece 鈥淣o ser谩 necesario el control del tracto sucesivo en los siguientes casos:鈥 2) Cuando los herederos prometan en venta o enajenaci贸n de acuerdo a la Ley No. 8.733, modificativas y concordantes, bienes cuyo ultimo titular registral sea el causante, siempre que el escribano actuante haga constar que son los 煤nicos y universales herederos conocidos del titular registral鈥 , habiendo cumplido con el extremo requerido en la disposici贸n, seg煤n certificado notarial que agreg贸 a la solicitud de inscripci贸n.

II) El Registrador de la Propiedad Inmueble de Montevideo, Esc. Daniel Ramos, expresa: a) Entre las varias modificaciones que introdujo la ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997,  se encuentra la enumeraci贸n expresa de determinados principios registrales tales como el de matriculaci贸n (art铆culos 9 y siguientes) y el de tracto sucesivo (art铆culos 57 y 58). La armonizaci贸n de estas disposiciones apuntan a lograr en un 煤nico elemento (la matr铆cula) todo el historial jur铆dico del bien de forma tal de determinar la descripci贸n del inmueble, las titularidades y extensi贸n de los derechos inscriptos (principio de determinaci贸n). El tracto sucesivo busca lograr 鈥渦n perfecto encadenamiento de adquisiciones sucesivas, cronol贸gicamente eslabonadas las unas con las otras, de modo que el transferente de hoy sea el adquirente de ayer, y que el titular registral actual sea el transferente de ma帽ana 鈥. (Roca Sastre. 鈥淒erecho Hipotecario, T.II.p谩g.308, Barcelona 1968). Y a trav茅s de la matriculaci贸n se determina el ingreso al sistema para la aplicaci贸n concreta del principio de tracto sucesivo. b) La excepci贸n prevista por el art铆culo 2潞, numeral 2, del  Decreto 333/98, como tal, debe aplicarse estrictamente. Los 煤nicos y universales herederos, en cuanto sean de conocimiento del escribano interviniente, pueden inscribir una promesa de compraventa o enajenaci贸n si los bienes figuran a nombre del causante. Pero tal excepci贸n s贸lo es viable si no se ha expedido el certificado de resultancias de autos, ya que de lo contrario, corresponde la aplicaci贸n de los art铆culos 11 inciso 2潞, 17 numeral 2) y 57 de la Ley 16871. En este sentido el certificado de resultancias de autos es un acto previo a efectos del tracto sucesivo cuando de la promesa surge el control del mismo. Dada su naturaleza de norma especial, el Decreto 333/98 no puede derogar la ley que reglamenta, ya que 茅sta dispone en el numeral 6) de su art铆culo 17, que se inscribir谩n 鈥Los certificados de resultancias de autos sucesorios, con el contenido que determine el decreto reglamentario鈥. En efecto, no se puede derogar o modificar lo dispuesto en la propia norma legal a riesgo de lograr una interpretaci贸n que contravenga lo dispuesto en los art铆culos 9 y 20 del t铆tulo preliminar del C贸digo Civil. Lo que la ley registral faculta, es a establecer nuevos casos distintos a los otros ya previstos en la propia ley, al expresar 鈥渓os dem谩s鈥. La reglamentaci贸n no puede ser contraria a lo que dispone previamente en el art铆culo 17 numeral 6) de la ley ya que la inscripci贸n del 鈥渃ertificado de resultancias de autos鈥 tiene su propia regulaci贸n en los art铆culos 13 y 17 del Decreto 99/98.

III) La Comisi贸n Asesora Registral trat贸 el asunto, por dictamen No. 38/2014, asentado en Acta No. 387, de 23 de julio de 2014, compartiendo 铆ntegramente el fundamentado informe del Registrador, sugiriendo en consecuencia, no hacer lugar a la oposici贸n impetrada.

 

CONSIDERANDO: Que por los fundamentos expresados, esta Direcci贸n General se afilia a lo dictaminado por el Registrador y la Comisi贸n Asesora Registral.

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por el art铆culo 3潞 nal. 5, 64 a 66 y 95 de la Ley 16871, de 28 de setiembre de 1997 y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS

R E S U E L V E :

1潞) NO HACER LUGAR a la oposici贸n deducida por la Escribana Mar铆a Cristina P茅rez Tab贸, como profesional interviniente en la solicitud de inscripci贸n N潞 50545/2013, de 17 de diciembre de 2013.

2潞) NOTIF脥QUESE a la interesada y a la direcci贸n del Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Montevideo. COMUN脥QUESE a la Comisi贸n Asesora Registral y cumplido, arch铆vese.-

Esc. Adolfo Orellano Cancela

Encargado de la Direcci贸n General de Registros

Res. 102 - 2014 Petici贸n Ma Pimienta y A.Pouy

RESOLUCION N掳 102 / 2014

      Montevideo, 14 de agosto de 2014.

VISTO: estas actuaciones, por las cuales la Esc. Mar铆a del Carmen Pimienta, en su car谩cter de profesional del Sr. Artigas Pouy y este 煤ltimo, solicitan la cancelaci贸n de la inscripci贸n N潞 3443/2001, del Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Pando.

 

RESULTANDO: I) Los peticionantes relacionan: a) la escritura autorizada por la Esc. Mar铆a Teresa Guti茅rrez, inscripta con el n煤mero 7043, del 22 de diciembre de 2000, por la que el Sr. Artigas Pouy, adquiere de Mar铆a Dolores Salinas, el inmueble empadronado con el n煤mero 1795 del Balneario Argentino, Canelones, se帽alado como solar 10 de la manzana 92, en el plano del Agrimensor F茅liz Logaldo, inscripto con el N潞 160 el 18/6/1937, con una superficie de 336 metros; b) las sucesiones de los c贸nyuges Jaime Rodr铆guez y Mar铆a Elena Vallverd煤, inscriptas con el N潞 3443 el 29 de junio de 2001, en las que se incluye el bien padr贸n 1795, que es parte del solar 11 de la manzana 52 del mismo plano referido y que en el plano de subdivisi贸n del mismo Agrimensor, inscripto con el N潞 1026, el 24/3/1941, es la fracci贸n A y tiene un 谩rea de 282,75 metros.

II) Se帽alan los peticionantes, que en la inscripci贸n de las sucesiones hay varios errores, entre los que se encuentra la falta de control del tracto sucesivo, ya que no coinciden los titulares y tampoco hay coincidencia de bienes, ya que el certificado de resultancias de autos establece que el inmueble est谩 empadronado con el N潞 1795 en mayor 谩rea. Dichos errores 鈥揳 su juicio鈥 radican en la no coincidencia de los titulares ni de los bienes, ya que las sucesiones refieren a un inmueble en mayor 谩rea.

III) La Registradora de Pando, Esc. Mariella Prato, realiza un detallado informe en el que destaca que no se trata estrictamente de un problema de falta de tracto sucesivo, sino de bienes diferentes. En efecto, el certificado de resultancias de autos dice que el solar descrito est谩 empadronado en mayor 谩rea con el n煤mero 1795, pero la certificaci贸n complementaria en ning煤n lugar dice que lo sea, lo cual pudo inducir a una interpretaci贸n err贸nea por parte del Registrador. Se帽ala no obstante, que es evidente que se trata de otro solar, ya que tiene una descripci贸n y deslinde distintos, lo cual explica que no haya coincidencia de titulares. Entiende, por tanto, que no existe un problema de tracto sucesivo sino de bienes diferentes.

IV) La Comisi贸n Asesora se expidi贸 en dictamen n煤mero 37/2014, asentado en Acta n煤mero 387, de fecha 23 de julio de 2014, coincidiendo con el informe de la Registradora: no corresponde cancelar la inscripci贸n solicitada por los peticionantes ya que no perjudica su titularidad. Al tratarse de bienes diferentes, el escribano que obtenga esta informaci贸n puede perfectamente efectuar un descarte que constate tal diferencia. Coincide tambi茅n que habi茅ndose constatado un error en una inscripci贸n, en virtud de los documentos aportados (informes del Agrimensor Corbo y C茅dula Catastral informada), corresponder铆a efectuar una rectificaci贸n del n煤mero de padr贸n del bien incluido en la sucesi贸n, pero tal rectificaci贸n no puede efectuarse de oficio, dado que involucra a los herederos de los causantes Jaime Rodr铆guez Longo y Mar铆a Elena Vallverd煤. Sugiere en consecuencia: a) No hacer lugar a la solicitud de cancelaci贸n; b) notificar a los peticionantes Esc. Mar铆a del Carmen Pimienta, y Sr. Artigas Pouy y c) notificar a los citados herederos Sres. Alicia Marina y Mar铆a Elena Rodr铆guez Vallverdu, solicit谩ndoles la presentaci贸n del certificado de resultancias de autos respectivo inscripto, para realizar la rectificaci贸n del asiento.

CONSIDERANDO: Que esta Direcci贸n General comparte lo informado por la Comisi贸n Asesora Registral.

 

ATENTO: a lo dispuesto en el art铆culo 3潞 de la Ley 16.871 de 28 de setiembre de 1997.

 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCI脫N GENERAL DE REGISTROS,

R E S U E L V E :

 

1掳) NO HACER LUGAR a lo peticionado por la Esc. Mar铆a del Carmen Pimienta y el Sr. Artigas Pouy.

 

2掳) NOTIF脥QUESE a los peticionantes y a los herederos de Jaime Rodr铆guez Longo y Mar铆a Elena Vallverd煤, Sres. Alicia Marina y Mar铆a Elena Rodr铆guez Vallverdu, en los domicilios que figuran en el asiento, calle Islas Canarias 4168 y Avenida Mill谩n 4613 de Montevideo y tambi茅n mediante publicaci贸n en el Diario Oficial, que existe error en el asiento correspondiente a la sucesi贸n de sus padres, solicit谩ndoles la presentaci贸n del certificado de resultancias de autos respectivo inscripto, para realizar la rectificaci贸n del asiento.

3潞) Cumplido el plazo de la vista, p贸ngase nuevamente el asunto a consideraci贸n de la Comisi贸n Asesora Registral.-

Esc. Adolfo Orellano Cancela

Encargado de la Direcci贸n General de Registros

Res. 107 - 2014 Recurso L. Malek

RESOLUCI脫N No.  107 / 2014

Montevideo, 7 de agosto  de 2014.

VISTO: el recurso de revocaci贸n interpuesto por Leopoldo Eimer Malek contra la resoluci贸n de la Direcci贸n General de Registros N潞 26/2014, de 27 de marzo de 2014, que no hizo lugar a la oposici贸n a la calificaci贸n registral de las inscripciones provisorias del Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Maldonado n煤meros 17106 y 17107, de fecha 13 de diciembre de 2012.

RESULTANDO: I) Los documentos respectivos fueron observados por el no cumplimiento del tracto sucesivo, la no presentaci贸n de las c茅dulas catastrales completas y correctamente informadas y no acreditarse la inscripci贸n del certificado de resultancias de autos sucesorios de Joaquina Adorno por los inmuebles prometidos en venta y por no acreditarse en forma, que los bienes se encontraban en el patrimonio de dicha causante.

II) El recurrente presenta un informe de la consultora en Derecho 鈥淩oque Molla 鈥 Carlos Groisman鈥, el cual invoca, respecto a la segunda observaci贸n del Registro, el Decreto N潞 333/1998, de 17 de noviembre de 1998, que habilita la inscripci贸n de las promesas de compraventa, siempre que el Escribano de la enajenante certifique que el promitente vendedor es el 煤nico y universal heredero conocido del causante 煤ltimo titular registral. A su criterio, ello determina como no necesaria en esta instancia, que se tramite e inscriba en el Registro de la Propiedad la sucesi贸n del causante. Dicha sucesi贸n solamente ser谩 necesaria a los efectos del otorgamiento del negocio de cumplimiento de la promesa inscripta. Se cita tambi茅n, la Resoluci贸n N潞 168/2011, de la Direcci贸n General de Registros, que dispuso como criterio de calificaci贸n vinculante para todos los Registradores, que 鈥溾e admitir谩 la inscripci贸n de un testimonio notarial del certificado de resultancias de autos, cuando no se cuente con el original, si se acredita que el mismo ya est谩 inscripto en otra sede registral y se acompa帽a su certificado鈥. Seg煤n el informante, con este criterio, se zanja la discusi贸n respecto a la exigencia de inscripci贸n del certificado de resultancias de autos en todos los Registros competentes, bastando que lo est茅 en uno de ellos, pues con ello se cumple con el requisito de la inscripci贸n en un sentido amplio. Y por 煤ltimo, considera aplicable asimismo, la Resoluci贸n N潞 143/2007, que dispone: De igual forma, se podr谩n subsanar por certificaci贸n notarial, las observaciones realizadas en los certificados de resultancias de autos relativas a la identificaci贸n de las personas, bienes y alcance de los derechos cuya inscripci贸n se solicita, y enmendar, rectificar, aclarar o complementar cualquier discordancia entre el contenido del expediente judicial y lo que resulta del certificado de resultancias de autos. En todos los casos, el Escribano interviniente dejar谩 constancia que los datos a rectificar surgen del propio expediente sucesorio o del documento respectivo que sea fuente de la informaci贸n correcta. Igual criterio se aplicar谩 para otros actos, documentos y casos similares.鈥

III) La Dra. Beatriz Gargallo, por la Asesor铆a Letrada, inform贸 que: a) Respecto a lo establecido por Decreto N潞 333/1998, el mismo permite al profesional de los promitente enajenantes acreditar la vocaci贸n hereditaria de los presuntos herederos cuando aun no hay una declaraci贸n judicial en ese sentido, pero no es ese el caso que se presenta en esta oportunidad, puesto que aqu铆 ya sabemos qui茅n es el heredero, ya se encuentra inscripto el certificado de resultancias de autos de la causante 鈥損or otros bienes鈥 donde surge que el promitente enajenante Te贸filo Adorno, es el 煤nico y universal heredero. Lo que se plantea en nuestro caso, es que no surge de los asientos registrales que los bienes prometidos en venta est茅n incluidos en la sucesi贸n respectiva. En efecto, si la sucesi贸n ya se encuentra terminada, si ya sabemos qui茅n es el heredero, no hay nada que el escribano pueda objetivar, no es necesario que se acredite la vocaci贸n hereditaria respecto de la causante, porque ya tenemos la declaraci贸n judicial necesaria. Lo que se necesita, para completar el tracto sucesivo, es la inscripci贸n del certificado de resultancias de autos que incluya los bienes prometidos en venta. b) Con respecto a la aceptaci贸n de la inscripci贸n de un testimonio notarial del certificado de resultancias de autos inscripto en otra sede, prevista en la Resoluci贸n N潞 168/2011, tampoco es aplicable a la situaci贸n planteada, ya que el supuesto de la misma es que 鈥渘o se cuente con el original鈥, y no fue ese el motivo de la observaci贸n. Como se expres贸 antes, la observaci贸n del Registro fue  la no inscripci贸n del certificado de resultancias de autos sucesorios de Joaquina Adorno por los inmuebles prometidos en venta, exigencia que tiene que ver con el control del tracto sucesivo registral, ya que de los asientos del Registro de la Propiedad de Maldonado, no surge que los bienes prometidos en venta sean propiedad de la causante y el recurrente no acredit贸 lo contrario. c) Por 煤ltimo, la Asesor铆a Letrada se remite al dictamen del Registrador y de la Comisi贸n Asesora Registral, en cuanto a la cesi贸n de derechos hereditarios realizada por la presunta heredera Mar铆a Clara Adorno, que surge vigente en los asientos del Registro Nacional de Actos Personales y cuya inscripci贸n no fue descartada al d铆a de hoy.

IV) La Comisi贸n Asesora Registral comparti贸 铆ntegramente el informe de la Dra. Beatriz Gargallo y ratific贸 el dictamen n煤mero 28/2013, asentado en Acta n煤mero 370, de fecha 7 de agosto de 2013, realizado en oportunidad de estudiar la oposici贸n a la calificaci贸n registral, el cual fue recogido en la resoluci贸n recurrida.

CONSIDERANDO: Que por los fundamentos expresados, se comparte lo informado por la Asesor铆a Letrada y la Comisi贸n Asesora Registral.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en los art铆culos 317 de la Constituci贸n de la Rep煤blica y 66 de la Ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997 y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS

R E S U E L V E :

1潞) NO HACER LUGAR al recurso de revocaci贸n interpuesto por Leopoldo Eimer Malek contra la resoluci贸n de la Direcci贸n General de Registros N潞 26/2014, de 27 de marzo de 2014.

2潞) NOTIF脥QUESE al interesado. Cumplido, el茅vese al Ministerio de Educaci贸n y Cultura franqueando el recurso jer谩rquico interpuesto.

3潞) PUBL脥QUESE sin expresi贸n de nombres en el sitio web e intranet, circul谩ndose a trav茅s del Servicio de Novedades.-

Esc. Adolfo Orellano Cancela

DIRECTOR GENERAL DE REGSITROS

Res. 133 -2014 Peticion M.Staricco- rectificacion asiento - legitimacion

RESOLUCION N掳 133 / 2014

      Montevideo,  17 de octubre de 2014.

VISTO: El Dr. Mario Staricco, en representaci贸n de la Esc. Adriana de Barros, solicita la cancelaci贸n de la inscripci贸n N潞 1393, F潞 1780 L潞 6, de fecha 18 de setiembre de 1996, del Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Maldonado.

 

RESULTANDO: I) Dicha inscripci贸n corresponde una promesa de compraventa en virtud de la cual la Esc. Adriana de Barros prometi贸 vender a 鈥淎utomotora Franco Uruguaya SA鈥 el inmueble Padr贸n 15500, ubicado en la primera secci贸n judicial, localidad catastral Maldonado. El solicitante expresa que: a) Con fecha 21/3/1991 los c贸nyuges 脕ngel Burroso y Nelda Marrero lo prometieron vender a 鈥淧ALAN SA鈥, seg煤n inscripci贸n N潞 559 F潞 2312 del L潞 8. b) Posteriormente, el 21/7/1995, 鈥淧ALAN SA鈥 cedi贸 a la Esc. Adriana de Barros la referida promesa, inscribi茅ndose con el N潞 254 F潞 283 L潞 1 obs. c) El 16/7/1996, la Esc. Adriana de Barros lo promete en venta a 鈥淎utomotora Franco Uruguaya SA鈥, seg煤n inscripci贸n N潞 1393 F潞 1780 L潞 6.

II) El solicitante considera procedente la cancelaci贸n de la inscripci贸n de la 煤ltima promesa de compraventa, en virtud de la existencia de dos negocios dispositivos de id茅ntica naturaleza sobre el mismo bien, siendo que la Esc. de Barros no cedi贸 sus derechos sino que prometi贸 vender, asumiendo una obligaci贸n imposible de cumplir ya que no es titular del dominio del inmueble. Fundamenta su petici贸n en lo dispuesto en el art铆culo 17 numeral 1潞 de la Ley 16871, que prescribe la inscripci贸n de aquellos actos en virtud de los cuales se transfiera el dominio, mientras que la promesa de compraventa inscripta de conformidad con la Ley 8733, solo es t铆tulo h谩bil para transferir el dominio cuando el otorgante sea el propietario de la cosa. Siendo un negocio v谩lido pero ineficaz 鈥搚a que no contiene la tradici贸n鈥 es inid贸neo para producir la transferencia del dominio y por lo tanto no resulta acto inscribible.

III) La Registradora de Maldonado, Esc. Stella Stratta informa: a) Se trata de una inscripci贸n anterior a la vigencia de la Ley 16871, por lo que no correspond铆a el control del tracto sucesivo. En el caso de las promesas, el Registro se limitaba a constatar que se diera cumplimiento a lo dispuesto por el inciso m) del art铆culo 4潞 de la Ley 8733, que requiere como contenido esencial del documento 鈥淟a referencia precisa al origen inmediato del bien o sea el modo o t铆tulo adquisitivo del enajenante鈥. Pero el control registral no consist铆a en verificar el contenido de dicha procedencia, lo cual correspond铆a al Escribano actuante. b) Tampoco existe error registral al inscribir una segunda promesa sobre el mismo bien, aunque la misma hubiera sido otorgada por el propietario, pues en todo caso el tema resulta regulado por el principio de prioridad. Si como dice el solicitante se asumi贸 鈥渦na obligaci贸n imposible de cumplir鈥 ello cae en la 贸rbita de la responsabilidad contractual y no es un tema registral. En el caso, si la Esc. de Barros escritura la promesa de 1991, de cuyos derechos es titular, se convertir谩 en propietaria y estar谩 en condiciones de cumplir con la de 1996.

II) La Comisi贸n Asesora Registral (Acta 389 鈥 dic. 44/2014) comparte los fundamentos expuestos por la Registradora, considerando aplicable el literal a) del art铆culo 1潞 de la Resoluci贸n N潞 18/2014, de fecha 5 de marzo de 2014, modificativa de la Resoluci贸n N潞 2/2011 .En efecto, 鈥淣o corresponde la modificaci贸n del asiento registral, como consecuencia de  peticiones en tal sentido, fundadas en la falta de control del tracto sucesivo, relativas a inscripciones anteriores a la entrada en vigencia de la Ley N潞 16.871, al no ser de aplicaci贸n dicho principio registral en ese momento鈥. El control de la legitimaci贸n del disponente no correspond铆a en esa 茅poca al Registrador, siendo de exclusiva responsabilidad del Escribano interviniente. Como muy bien afirma la Esc. Stratta, la Ley 8733 solo le exig铆a controlar la constancia documental de la 煤ltima procedencia, lo cual importaba un requisito formal instrumental, sin entrar a considerar la legitimaci贸n del promitente vendedor. Fue reci茅n a partir de la vigencia de la Ley 16871 鈥揺l 1潞 de mayo de 1998鈥 que al Registrador le correspondi贸 aplicar el principio del tracto sucesivo, pues as铆 se lo orden贸 el art铆culo 57 de dicho cuerpo normativo.

 

CONSIDERANDO: Que esta Direcci贸n General comparte lo informado por la Registradora y la Comisi贸n Asesora Registral.

 

ATENTO: a lo dispuesto en el art铆culo 30 de la Constituci贸n de la Rep煤blica y art铆culo 3潞 de la Ley 16.871 de 28 de setiembre de 1997.

 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS,

R  E  S  U  E  L  V  E :

 

1掳) NO HACER LUGAR a lo peticionado por el Dr. Mario Staricco, en representaci贸n de la Esc. Adriana de Barros.

 

2掳) NOTIF脥QUESE al solicitante.

 

3潞) COMUN脥QUESE al Registro de la Propiedad Secci贸n Inmobiliaria de Maldonado y a la Comisi贸n Asesora Registral. Cumplido, arch铆vese.-

Esc. Adolfo Orellano Cancela

DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS

Res. 135 - 2014 Oposicion M. G. S. Tasa registral cesion cuotas SRL

RESOLUCI脫N No.  135 / 2014

Montevideo, 17 de octubre de 2014.

VISTO: El Escribano Mario G贸mez Singlet se opone a la calificaci贸n registral de las solicitudes de inscripci贸n n煤meros 9535 y 10265 de fechas 28 de julio y 11 de agosto de 2014 del Registro de Personas Jur铆dicas Secci贸n Registro Nacional de Comercio, en los expedientes Nos. 2014-11-0018-0154 y 2014-11-0018-0169.

RESULTANDO: I) Los documentos respectivos fueron observados por el calificador por entender que comprenden dos cesiones de cuotas, correspondiendo la tributaci贸n de dos tasas registrales en cada uno.

II) El impugnante no comparte la observaci贸n por los siguientes fundamentos: a) El propio t铆tulo del contrato 鈥渃esi贸n de cuotas sociales鈥 indica que se trata de una cesi贸n. b) En la primer solicitud de inscripci贸n, el Sr. Guillermo S谩nchez, cede 15 cuotas sociales a Juan Cavestany y Concepci贸n Zorrilla de San Mart铆n quienes adquieren en la proporci贸n de 5 cuotas el primero y 10 cuotas la 煤ltima. c) El precio estipulado es 煤nico. d) Entiende que la redacci贸n y lectura del contrato es clara, debiendo interpretarse de acuerdo a las reglas establecidas en los art铆culos 1297 y siguientes del C贸digo Civil. e) El tributo 鈥渢asa registral鈥 no es un impuesto a los contratos sino una tasa, es decir, lo que el Estado cobra a cambio de un servicio, en este caso la inscripci贸n de un documento y no cabe duda que en este caso estamos ante una sola inscripci贸n. f) El hecho de que los adquirentes sean dos personas y no una, no cambia para nada lo dicho anteriormente y conducir铆a al argumento de que por ejemplo la declaratoria de herederos de ocho hermanos pagar铆a ocho tasas, aunque se trate de un 煤nico bien y una 煤nica inscripci贸n. M谩s absurdo aun es considerar que cada cuota social es un bien distinto de las dem谩s, pues en este caso la cesi贸n de 15 cuotas pagar铆a 15 tasas. Respecto de la segunda solicitud de inscripci贸n, el impugnante se remite a los argumentos expuestos precedentemente, por ser un caso an谩logo al primero.

II) La T茅cnica Registradora Esc. Graciela Priguetti y la Directora del Registro de Personas Jur铆dicas, Esc. Mar铆a Claudia Pereiro informan: a) El fundamento de la observaci贸n fiscal se encuentra en el art铆culo 368 de la Ley 16736, de 5 de enero de 1996, el cual fija como criterio rector que la tasa debe pagarse 鈥減or cada acto cuya inscripci贸n se solicita鈥, norma que debe adecuarse a lo establecido en el art铆culo 5 numeral 1潞 de la Ley 16871, la cual determina que a la Direcci贸n del Registro le compete 鈥渞egistrar los actos, negocios jur铆dicos y decisiones de las autoridades competentes鈥︹ b) Asimismo, por aplicaci贸n de la Resoluci贸n de la Direcci贸n General de Registros N潞 206/2007, en caso de actos contenidos en un mismo documento, trat谩ndose de 鈥減luralidad de enajenaciones, cada una de distintos derechos o bienes a uno o varios adquirentes鈥, corresponde 鈥渦na tasa respecto a cada bien o derecho que se adquiere鈥, agregando que en caso de 鈥減luralidad de adquisiciones: una tasa por la adquisici贸n de cada sujeto o condominio que adquiera individualmente un bien o derecho鈥. c) En el caso, nos encontramos ante dos cesiones, en la primera S谩nchez cede 15 cuotas a Cavestany y Zorrilla quienes adquieren en la proporci贸n de 5 cuotas el primero y 10 cuotas la segunda. La redacci贸n dada al documento descarta la adquisici贸n por partes iguales y pro indiviso, siendo claro que el objeto de la cesi贸n fueron cuotas enteras. d) El tema es recurrente y ha sido ratificado en m谩s de una oportunidad por la Direcci贸n General de Registros.

III) La Comisi贸n Asesora Registral (Acta 389 dic. 46/2014)   dcomparte los argumentos detallados por el Registro, confirmando que existen antecedentes similares al planteado por el impugnante en los cuales se ratific贸 el criterio expuesto. En el caso planteado, a pesar de que el precio sea 煤nico, es claro que el mismo documento instrumenta dos cesiones de cuotas, en la primera, se enajenan 5 cuotas sociales a Juan Cavestany y en la segunda, se enajenan 10 cuotas sociales a Concepci贸n Zorrilla de San Mart铆n. Igual argumento corresponde aplicar a la segunda solicitud de inscripci贸n, en la cual Ver贸nica Cavestany cede 5900 cuotas a Juan Cavestany y 100 cuotas a Guillermo Villa.

 

CONSIDERANDO: Que por los fundamentos expresados, esta Direcci贸n General se afilia a lo dictaminado por el Registro de Personas Jur铆dicas y la Comisi贸n Asesora Registral.

 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por los art铆culos 65 numeral 3潞 y 66 de la Ley 16871, de 28 de setiembre de 1997.

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS

R  E  S  U  E  L  V  E :

1潞) NO HACER LUGAR a la oposici贸n deducida por el Escribano Mario G贸mez Singlet respecto a la calificaci贸n registral de las solicitudes de inscripci贸n n煤meros 9535 y 10265 de fechas 28 de julio y 11 de agosto de 2014 del Registro de Personas Jur铆dicas Secci贸n Registro Nacional de Comercio.

2潞) NOTIF脥QUESE al interesado y a la direcci贸n del Registro de Personas Jur铆dicas, comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral y cumplido, arch铆vese.-

Esc. Adolfo Orellano Cancela

DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS

Res. 136- 2014 ley 17904 - administrador por acto distinto- cooperativas

RESOLUCION N潞 136 / 2014

                             Montevideo, 17 de octubre de 2014.

VISTO: estas actuaciones, por las cuales la Gerencia de Servicios Notariales del Banco Rep煤blica solicita el dictado de una resoluci贸n con car谩cter vinculante para los Registradores que contemple la situaci贸n generada con relaci贸n a las inscripciones de declaratorias de designaci贸n de autoridades por acto distinto del contrato o estatuto social previstas en el art铆culo 86 de la Ley 16060, en la redacci贸n dada por el art铆culo 13 de la Ley 17904, cuando est谩n referidas a las entidades cooperativas.

RESULTANDO: I) El peticionante recuerda que, de acuerdo con lo previsto en la Resoluci贸n N潞 62/2007, de la Direcci贸n General de Registros, no resulta aplicable a las cooperativas lo establecido en dicha disposici贸n legal, pero ello no obstante, el Registro contin煤a registrando y en consecuencia informando de la existencia de asientos registrales relativos a tales comunicaciones. Expresa que surge al int茅rprete del certificado registral, la razonable duda de si dicho documento contiene una informaci贸n inexacta, porque la misma no se encuentra vigente 鈥揷orrespondiendo en tal caso su enmienda鈥 o, de entenderse que la certificaci贸n est谩 correctamente expedida, si ella vincula al tercero que realiza la consulta registral en los t茅rminos y con las consecuencias que establece la normativa aplicable. En ese sentido, destaca que conforme al citado art铆culo 86, la actuaci贸n de sociedades con administradores, representantes o directores no inscriptos, torna inoponible el acto o contrato de que se trate, lo que acarrea previsibles trastornos en la contrataci贸n con las entidades cooperativas.

III) La Encargada de la Sub Direcci贸n del Registro de Personas Jur铆dicas, Esc. Ofelia Lancibidad informa: a) Conforme al principio de inscripci贸n que establece la publicidad registral para ciertos actos, se necesita de una ley expresa que as铆 lo disponga y solo en ese caso se desplegar谩n los efectos propios de la publicidad registral (art铆culo 54 de la Ley 16871). Se deduce de lo expuesto, que a falta de ley expresa, el acto de registro que autorice la inscripci贸n de un acto que no est谩 expresamente previsto por ley, no despliega dichos efectos. b) La Ley 17904 de 7/10/2005, estableci贸 la inscripci贸n de la designaci贸n de administrador por acto distinto del estatuto o contrato social, por otra parte el art铆culo 515 de la Ley 16060 establec铆a que las disposiciones de la misma se aplicaban a las cooperativas en lo no previsto por sus leyes especiales y en cuanto sea compatible. c) Como consecuencia de lo anterior, se debati贸 entre los operadores jur铆dicos si dicha disposici贸n era aplicable tambi茅n a las cooperativas y el Registro Nacional de Comercio adopt贸 el criterio amplio, admitiendo las inscripciones de los actos relacionados. d) El 26/2/2007, la Direcci贸n General de Registros emite la resoluci贸n N潞 62/2007 optando por declarar no aplicable a las entidades cooperativas lo establecido en el art铆culo 13 de la Ley 17904. e) Posteriormente, con la sanci贸n de la Ley 18407, de 14 de noviembre de 2008, su art铆culo 224 deroga entre otras disposiciones, el art铆culo 515 de la Ley 16060 y el art铆culo 215, que establece el elenco de actos inscribibles en la Secci贸n Cooperativas, no incluye la designaci贸n de administrador o representante por acto distinto al estatuto, lo cual vino a reafirmar la l铆nea interpretativa de la Resoluci贸n N潞 62 antes mencionada. f) Consult贸 la base de datos en el per铆odo comprendido entre el 1/1/2006 y 31/12/2013, obteniendo un listado que adjunta al expediente, del cual surgen las inscripciones verificadas del acto en cuesti贸n, las que se informan como vigentes por el Registro. g) Concluye que, luego de dictada la Resoluci贸n de la Direcci贸n General de Registros de 2007 y sin duda luego de la vigencia de la Ley 18407 de 2008, las inscripciones en cuesti贸n configuran actos de registro inv谩lidos e ineficaces.

IV) La Comisi贸n Asesora (Acta 389 dic. 47/2014) estudi贸 la problem谩tica planteada, as铆 como el listado referido por la Esc. Lancibidad, observando que el mismo arroja inscripciones del acto en cuesti贸n anteriores y posteriores al 26 de febrero de 2007 (fecha de la Resoluci贸n N潞 62/2007). Con respecto a las primeras, se entiende que las inscripciones fueron efectuadas en forma regular, al haber sido dispuestas por el Registrador en uso de su independencia t茅cnica, ya que no exist铆a resoluci贸n vinculante que determinara otro criterio. Pero respecto a las segundas 鈥搇as verificadas con posterioridad al 26/2/2007鈥 resulta claro a todos los integrantes de esta Comisi贸n, que el Registro no debi贸 continuar inscribiendo en la Secci贸n Cooperativas la designaci贸n de administrador o representante por acto distinto al estatuto, pues la Resoluci贸n tiene car谩cter vinculante. Ello se desprende de su 鈥淐onsiderando V鈥 que menciona la competencia de la Direcci贸n General de Registros para emitir instrucciones generales a los Registradores y de su art铆culo 1潞, que enuncia como 鈥渘o aplicable a las entidades cooperativas lo dispuesto en el art铆culo 13 de la Ley 17904鈥. Va de suyo que si un acto administrativo declara que tal disposici贸n legal no es aplicable a determinados actos, dicha aplicaci贸n debe ser entendida con car谩cter general, aun cuando el acto haya sido dictado a instancias de la Confederaci贸n Uruguaya de Entidades Cooperativas y no se diga expresamente que tiene car谩cter vinculante para todos los Registradores. En consecuencia, las inscripciones verificadas con posterioridad al 26 de febrero de 2007 deben entenderse como irregulares e inh谩biles para producir los efectos de oponibilidad consagrados en la Ley 17904. La Comisi贸n asimismo entiende, que conviene advertir a los operadores jur铆dicos de tal irregularidad, por lo que aconseja disponer se establezca una nota en todas los asientos verificados con posterioridad al 26/2/2007 que declare no aplicable a su respecto el art铆culo 13 de la Ley 17904.

CONSIDERANDO: Que esta Direcci贸n General se afilia a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral.

ATENTO: a lo dispuesto por los art铆culos 3 numerales 3 y 5 de la Ley N潞 16.871, de 28 de setiembre de 1997, art铆culo 86 de la Ley 16060, en la redacci贸n dada por el art铆culo 13 de la Ley 17904, la Resoluci贸n de la Direcci贸n General de Registros N潞 62/2007 de 26 de febrero de 2007 y a lo dictaminado por la Comisi贸n Asesora Registral;

 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS,

R E S U E L V E :

 

1潞) DECL脕RASE que las inscripciones de designaci贸n de autoridades por acto distinto del contrato o estatuto social previstas en el art铆culo 86 de la Ley 16060, en la redacci贸n dada por el art铆culo 13 de la Ley 17904, cuando est谩n referidas a entidades cooperativas, verificadas con posterioridad al 26 de febrero de 2007 deben entenderse como irregulares.

2潞) DISPONER que se establezca una nota en todas los asientos aludidos en el numeral anterior, que aclare que no resulta aplicable a su respecto la disposici贸n legal mencionada.

2潞) NOTIF脥QUESE a la Direcci贸n del Registro de Personas Jur铆dicas y comun铆quese a la Comisi贸n Asesora Registral.

Esc. Adolfo Orellano Cancela

DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS

 

4潞) INS脡RTESE EN LA P脕GINA WEB E INTRANET el texto de la presente, comunic谩ndose a las direcciones de correo de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Direcci贸n General de Registros. Cumplido, arch铆vese.-

Res. 158 -2014 Petici贸n L.B. y otra -canc. insc. venta entre conyuges RPM.CAn

RESOLUCION N掳 158 / 2014

      Montevideo,  14  de  noviembre  de 2014.

VISTO: Los c贸nyuges Lucas Marcel Borchardt Oreiro y Alejandra Leonor Borques Islas solicitan la cancelaci贸n de la inscripci贸n n煤mero 3436, de 10 de mayo de 2013, del Registro de la Propiedad Secci贸n Mobiliaria 鈥 Registro de Veh铆culos Automotores de Canelones.

 

RESULTANDO: I) Dicho documento corresponde a una compraventa del veh铆culo marca 鈥淔iat鈥, modelo 鈥淧alio We Adventure Locker鈥, padr贸n 773060 de dicho departamento, celebrada entre los comparecientes. Los solicitantes fundamentan su solicitud en la nulidad de dicho contrato de compraventa, dado que al momento de su otorgamiento se encontraban casados, incumpli茅ndose la prohibici贸n establecida en el art铆culo 1675 del C贸digo Civil.

 

II) El Registrador de Canelones, Esc. Ernesto Spinelli, corrobora lo manifestado por los solicitantes, expresando que dicha nulidad no fue advertida en el momento de realizar la calificaci贸n registral respectiva por el t茅cnico a cargo, recordando lo dispuesto en el art铆culo 62 de la  Ley 16871, que declara insubsanable por la inscripci贸n la nulidad respectiva.

 

II) La Comisi贸n Asesora Registral (Acta 390 dic. 52/2014)  concuerda con el fundamento esgrimido por los solicitantes; estamos frente a una nulidad absoluta claramente consagrada en el art铆culo 1675 del C贸digo Civil, nulidad que emerge del propio documento, pues del mismo surge que el estado civil de las partes es casados entre s铆 y separados de bienes por Capitulaciones Matrimoniales. El T茅cnico Calificador debi贸 observar el documento e inscribir provisoriamente, de acuerdo con lo dispuesto en el art铆culo 65 apartado 2 de la Ley 16871, cosa que no hizo e invalida la inscripci贸n. Reitera adem谩s que la Comisi贸n ya se ha pronunciado en reiteradas oportunidades en el sentido expresado: siendo el acto de registro un acto administrativo t谩cito (Cf. Cajarville, Juan Pablo. Recursos Administrativos鈥, 2000), su motivaci贸n no puede ser otra que la calificaci贸n registral precedente (Cf. Biasco, Emilio; "Aspectos pr谩cticos del Contencioso Registral", Rev. AEU, vol. 76, Nos. 1-6 y Milano, Carlos; 鈥淓l Contencioso Registral y las 煤ltimas modificaciones legislativas鈥, Segunda Semana Acad茅mica del Instituto de T茅cnica Notarial de la Facultad de Derecho, A帽o 2001, p谩gs. 45 y ss.), y siempre que exista consentimiento de la parte beneficiada por la inscripci贸n, de acuerdo con lo exigido por el art铆culo 82 inciso 1) de la ley registral 鈥揷omo en el presente caso鈥 corresponde disponer la cancelaci贸n de la inscripci贸n respectiva. En consecuencia, recomienda hacer lugar a lo solicitado por los c贸nyuges Lucas Marcel Borchardt Oreiro y Alejandra Leonor Borques.

 

CONSIDERANDO: Que esta Direcci贸n General comparte lo informado por la Comisi贸n Asesora Registral.

 

ATENTO: a lo dispuesto en el art铆culo 30 de la Constituci贸n de la Rep煤blica y art铆culo 3潞 de la Ley 16.871 de 28 de setiembre de 1997.

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS

R  E  S  U  E  L  V  E :

 

 

1掳) HACER LUGAR a lo peticionado por los c贸nyuges Lucas Marcel Borchardt Oreiro y Alejandra Leonor Borques Islas, disponiendo la cancelaci贸n de la inscripci贸n n煤mero 3436, de 10 de mayo de 2013, del Registro de la Propiedad Secci贸n Mobiliaria 鈥 Registro de Veh铆culos Automotores de Canelones.

2掳) NOTIF脥QUESE a los solicitantes.

 

3潞) COMUN脥QUESE al Registro de la Propiedad Secci贸n Mobiliaria de Canelones y a la Comisi贸n Asesora Registral. Cumplido, arch铆vese.-

Esc. Adolfo Orellano Cancela

Director General de Registros

Los Registros P煤blicos en Uruguay

La funci贸n de los Registros es la publicidad de los actos y negocios jur铆dicos que la ley determina como trascendentes, lo cual se concreta en dos aspectos fundamentales: la inscripci贸n de esos actos y la informaci贸n de los mismos a quien lo solicita.

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